“La provincia de Buenos Aires rechaza y repudia tanto el contenido como la metodología para generar el proyecto de ley. Analizamos los efectos en las diferentes partes de la cadena de producción y, en una palabra, es nefasto. Está en riesgo el trabajo nacional, la producción nacional, el recurso natural y las inversiones que ya se hicieron, al contrario de fomentar nuevas", con esa palabras, el gobernador Axel Kicillof reafirmó su rechazo a las modificación a la Ley de Pesca que propone el gobierno nacional de Javier Milei. Lo hizo durante la reunión que mantuvo este miércoles en el hotel Provincial de Mar del Plata con representantes de los sectores pesquero y naviero.

“Aquí en Mar del Plata se comprende que la implementación de esta ley afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicadas a la actividad hace muchas generaciones”, subrayó Kicillof. “Se escuchan versiones acerca de una intención del gobierno nacional para que los gobernadores apoyemos estas modificaciones a cambio de recursos, yo quiero decirlo delante de sus representantes: la provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero”, concluyó dejando en claro que no aceptaría ningún tipo de "presión" por parte del oficialismo nacional. 

Más temprano, el recinto del Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón vivió una jornada especial, cuando concejales, funcionarios, empresarios y trabajadores se congregaron para participar de una reunión ampliada, citada de emergencia por la Comisión de Industria que preside el concejal justicialista Miguel Guglielmotti.

Desde las 13 se fueron acercando los representantes de las cámaras y los sindicatos, que además movilizaron a sus bases, visiblemente preocupados por las consecuencias que tendría, de aplicarse, la modificación a la ley. Los textos que la modifican plantean la licitación internacional de los permisos de pesca dentro de la zona de exclusión económica, que abraca las primeras 200 millas, algo que sólo hacen los países sin industria pesquera ni naval. Claramente, no es el caso de Argentina. 

Esos permisos, coinciden las fuentes consultadas por Buenos Aires/12, van a quedar en manos de empresas extranjeras, que buscan hacerse de la proteína. El dinero no es un obstáculo: muchos de los barcos son estatales, tienen combustible subsidiado por sus países de orígen y, en algunos casos, utilizan mano de obra esclava, condiciones que hacen prácticamente imposible la competencia para los diferentes actores de la industria nacional. 

Como consecuencia de ese combo, por demás perjudicial para las empresas argentinas, y de la falta de control por parte del Estado nacional, anticipan que la situación generaría una "depredación del recurso" y un triple desastre: económico social, ambiental y geopolítico.

A lo largo de más de dos horas de reunión, los representantes de la industria, el trabajo y el sectro público local coincidieron en las críticas al proyecto. Aunque no se concluyó una declaración conjunta, los involucrados definieron permanecer en estado de alerta. 

Por el Ejecutivo, estuvo presente el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, que sostuvo la posición del intendente del PRO, Guillermo Montenegro, que se había pronunciado contrario a las medidas propuestas por el oficialismo libertario. Uno de los impulsores de la reunión, también presente, fue el ex intendente y actual diputado provincial por la Quinta sección, Gustavo Pulti.

En ese contexto, la intención de Kicillof es acompañar el desarrollo de una multisectorial, que integre a los distintos sectores golpeados por las iniciativas de Milei. La experiencia más reciente de este tipo de organización popular se dio a partir de 2016, contra los tarifazos de servicios públicos del gobierno de Mauricio Macri.

Luego de un pronunciamiento conjunto que se conoció el martes, los gobernadores de las restantes provincias pesqueras, Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gutavo Melella (Tierra del Fuego), tenían agendadas reuniones de trabajo con sus diputados, para decidir nuevas acciones para defender a la industria, con gran impulso en sus territorios.

Quien mejor sintetizó el desafío fue el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, al afirmar la necesidad de "mantener a flote el barco" de modo colectivo. "Nos hundimos todos, porque acá nos va la vida”, afirmó. En la misma línea se expresaron, entre otros, el propio Guglielmotti, que afirmó que están en riesgo “más de 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos” y “estamos hablando de un verdadero industricidio”.

Para dimensionar la tragedia, Fernando Rivera, titular de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, explicó que a las empresas que tienen, en su mayoría, entre 700 y mil trabajadores “no les alcanzaría su patrimonio para pagar las indemnizaciones”, a la vez que se preguntó por qué motivo se presenta el proyecto de ley sin consultar a ninguno de los sectores que pueden resultar afectados.

Rivera cuantificó el daño potencial en 700 millones de dólares, que es lo que se exporta anualmente desde el puerto marplatense. “¿Se imaginan esta ciudad sin ese ingreso? Sería inviable”, sentenció.

Como ocurrió en los últimos días de noviembre con los alquileres, cuando el entonces presidente electo, que no había asumido, declaró que pensaba derogar la Ley de Alquileres y el mercado se paralizó a la espera de novedades, “la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos para el inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional”, sostuvo Florencia Garrido, presidenta de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata.

Para desestimar cualquier expectativa de confusión o malentendido acerca del valor que el presidente asigna a estas industrias, la denominada ley ómnibus contiene un listado de empresas nacionales a privatizar. Entre ellas figuran los Talleres Navales Dársena Norte, Tandanor.

Informe del CEPA

El Centro de Economía Política Argentina difundió este miércoles un análisis de la ley ómnibus, titulado "Argentina en venta". Allí, en el apartado dedicado a la desregulación de la actividad pesquera, afirma que "se habilita una permeabilidad de la Zona Económica Exclusiva Argentina a flotas extranjeras y los permisos de licitaciones internacionales. Elimina la obligación de que los barcos tengan un mínimo de 75% de personal embarcado de nacionalidad argentina en la tripulación, con al menos diez años de residencia en el país". 

Además de lo mencionado, al ser unilateral e inconsulta, la modificación avanza sobre competencias que son propias del Concejo Federal de Pesca, es decir, de las provincias, razón que explica el posicionamiento de los gobernadores patagónicos y del propio Kicillof. 

En el marco general del debate en torno a la normativa, desde la entidad gremial que conduce el capitán de pesca Jorge Frías, también firmaron un comunicado mediante el cual solicitaron ser convocados para debatir las reformas a la Ley Federal de Pesca señalando que “la propuesta ha generado una profunda preocupación en varios frentes”. 

A su vez Frías agrega que, “entre las principales preocupaciones expresadas por diversas cámaras y gremios pesqueros, se encuentra el temor a la pérdida masiva de empleos en la industria pesquera argentina". 

"Se señala que la propuesta de eliminar los permisos de pesca irrestrictos y cuotas, junto con la cancelación del cupo mínimo de mano de obra nacional, podría conducir a una inestabilidad laboral grave y afecta a miles de trabajadores directos e indirectos en el sector”, advierte el documento que se suma a las voces de alerta que se suman a diario y que advierten sobre los riesgos a los que la industria pesquera quedaría expuesta si el proyecto oficial avanza tal como fue presentado.