Patricia Bullrich oficializó a Carlos Manfroni como su jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad. Manfroni aboga porque no haya represores mayores de 70 años en las cárceles –que ahora también dependen de Bullrich– y es un puente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien escribió un libro.

Manfroni y Bullrich se conocen desde hace, al menos, 20 años. En 2003, el abogado la secundó en la boleta para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después, ella lo llevó al Congreso como su asesor en temas de corrupción. Cuando Mauricio Macri la puso al frente de la cartera de Seguridad, Bullrich nombró a Manfroni como su enlace con el Poder Legislativo, pero el nombramiento quedó en la nada cuando Página/12, en una nota de Horacio Verbitsky, reveló que era un antiguo columnista de la revista procesista Cabildo y en sus artículos despotricaba contra el rock. Hasta Charly García pidió su salida. Bullrich buscó un cargo menos visible para Manfroni entonces: lo puso al frente de las investigaciones internas del Ministerio de Seguridad. Lo escondió, pero no lo corrió de la gestión. Cuando desapareció Santiago Maldonado, Manfroni fue parte de su “equipo de crisis”.

Manfroni tiene nueve libros escritos. Uno de ellos, Los otros muertos, con Villarruel. Esa publicación –hecha en 2014– se presenta como el “Nunca Más” de las “víctimas del terrorismo”. El abogado podría funcionar como un punto de acercamiento entre Bullrich y Villarruel, las dos mujeres que se disputan la conducción de los uniformados. Manfroni posiblemente se ocupe de acercar esos dos mundos a través de un tema de interés de los tres: la situación de los detenidos por delitos de lesa humanidad. 

En una columna publicada en el diario La Nación el 30 de junio pasado, Manfroni afirmó que nadie debería estar en prisión después de los 70 años. Esa afirmación implicaría decir que no debe haber presos por lesa humanidad porque, en su gran mayoría, los represores superan los 70 años. En ese mismo texto, el ahora funcionario adelantó que los equipos de Bullrich estaban trabajando en una “solución” para los detenidos de lesa que implicaba la “aplicación lisa y llana de las convenciones internacionales de derechos humanos”. Después de la asunción de Javier Milei, el tema apareció curiosamente en la agenda de la Cámara de Casación Penal, que posiblemente debata la domiciliaria para mayores de 70 años después de febrero.