A tres años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se encuentra en riesgo frente a un nuevo orden político que tiene entre sus premisas la oposición férrea a la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, y un cambio de paradigma anticonstitucional, no solo en lo discursivo, que Javier Milei quiere imponer a través del DNU y la Ley Omnibus enviada al Congreso Nacional. El embate además se cristaliza en las modificaciones de la Ley 27.113, de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública, que afectaría la producción de anticonceptivos y de drogas como la mifepristona y el misoprostol, necesarias para la realización de abortos, y de la Ley 27.611 de los Mil Días, donde estipulan el derecho del niño “desde la concepción”, y del “hijo por nacer”, excluyendo además a las disidencias sexogenéricas al hablar de “madre” y no de persona gestante. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llamó a seguir defendiendo las leyes conquistadas, y sus regionales se sumarán a participar de las asambleas que se realizan en todo el país, para construir espacios multisectoriales y recuperar la participación popular.

“Consideramos importante participar y escuchar qué están tramando otros sectores, para poder aunarnos en esta embestida del gobierno de Milei, a escasos días de haber asumido”, explica Leticia Corral, referenta de la Campaña Nacional (Regional Zona Sur-Conurbano). “Con el movimiento feminista también nos necesitamos, por cuestiones no solo de volver a los espacios públicos -precisa-, aunque esto quedó claro el 30 de diciembre -#30D-, frente al Congreso Nacional. Pese al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, hicimos un llamado a habitar la calle y a demostrar que estamos unidxs y en alerta, porque no vamos a dar ni un paso atrás, como dice nuestra declaración nacional.”

Ese cuerpo colectivo que debe reconstruirse en tiempo de escucha y organización para crear nuevos debates y acciones concretas, como expresan las teóricas feministas Verónica Gago y Luci Cavallero, integrantes del colectivo NiUnaMenos, es uno de los planteos centrales que atraviesan y desafían el imaginario político de los transfeminismos.

“Tengo dos preocupaciones políticas. Una institucional y hasta qué punto estamos a las puertas de una destitución de la democracia. Que un DNU cambie trescientas leyes es una especie de golpe blando. Me preocupa mucho que hayamos llegado a ese punto que mencionaba Cristina en 2012, cuando hablaba de la insatisfacción democrática, y que su falta de respuestas podía llevarse puesto a todo el orden institucional”, alerta Graciela Morgade, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“La otra preocupación, del orden simbólico y cultural, es el imaginario, las imágenes de lo femenino que rondan al Gobierno. De alguna manera, son políticas que se orientan en una perspectiva de omisión absoluta a las identidades no binarias, sea cual fuera la definición”, lamenta. “Entiendo que en este momento tan complejo de la economía parecen dimensiones que suenan muy abstractas, pero tanto el orden político democrático como el orden político cultural son las orientaciones de política que están en la base.” Entonces, el aborto como derecho, las conquistas vinculadas con los cuerpos sexuados y las relaciones sexogenéricas, “corren el mismo peligro de la destitución democrática, y en particular las cuestiones que tienen que ver con la construcción de los cuerpos y la perspectiva de género, que están fuertemente impugnadas”, remarca Morgade, que sin embargo “en mi experiencia vital y en mi convicción, también confío en que hay un resto de posibilidad de resistencia y de reorganización”.

Activismos y estrategias

Diferentes sectores consultados manifestaron el riesgo de que se retire el compromiso político y presupuestario del Gobierno para garantizar la ejecución adecuada de una política pública como el acceso al aborto. “Cumplir con la ley de acceso a la interrupción del embarazo requiere de la implementación de una política pública de salud que articule acceso a servicios, insumos y capacitación para la protección de los derechos. Esto requiere del compromiso activo de parte del Estado, tal como se ha impulsado en los últimos años”, explica la abogada feminista Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Confío en que a través de distintas estrategias podremos lograr sostener los estándares que contempla la ley, que están en línea con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por nuestro país.” 

Gherardi detalla que desde distintas organizaciones de la sociedad civil y en diálogo con otrxs actorxs e instituciones, trabajan hace tiempo en estrategias de fortalecimiento de la política pública para la adecuada aplicación de la Ley en todo el país, monitorean su cumplimiento e intervienen en las causas judiciales que buscan limitar su aplicación o cuestionar su constitucionalidad. “En caso que se concreten las amenazas que han venido planteando desde distintos sectores que hoy están en el Gobierno nacional, y que ya comenzaron a desplegar a través de los cambios que están proponiendo en algunas instituciones y legislación vinculada, pondremos en marcha estrategias de defensa”, anuncia. “Los derechos se conquistan gracias a los argumentos y el trabajo colectivo. Con las mismas herramientas se defienden, y eso vamos a hacer.”

Leticia Corral recuerda que antes de la Ley de IVE, desde la Campaña Nacional “insistíamos en la cuestión de quiénes eran lxs más afectadxs por la clandestinidad del aborto: las mujeres pobres, que precisamente tenían mayores riesgos de perder la vida en un aborto clandestino. Si se destruyera esta ley sería un gran retroceso. Volveríamos a comunicar muertes por abortos inseguros, agudizados sobre todo en un contexto de profunda crisis económica y social, lo que va a hacer que las posibilidades de acceder a la medicación sean prácticamente nulas, por la precarización de la vida de muchas compañeras que habitan sobre todo el conurbano. Con más razón necesitamos que el Estado garantice la IVE, porque no queremos lamentar muertes por abortos inseguros. No vamos a permitir dar un paso atrás”.

El estado de alerta se agitó en la plenaria del año pasado, con las dificultades a la hora de aplicar la ley. Para defenderla, se resolvió volver a nutrir de activismos la Campaña. “Hoy, con Milei presidente y sus medidas de impacto directo sobre la implementación de la IVE, llamamos a sumarse a la Campaña o a espacios transfeministas que nos permiten estar organizadxs para luchar por nuestros derechos”, subraya Leticia. “En esta instancia, la unidad de los feminismos y de otros sectores en lucha es fundamental. Porque el DNU arrasa con derechos vinculados al derecho al aborto que tienen que ver con despidos, sobre todo en el sector de salud y en una cantidad de frentes, que de alguna manera van a terminar perjudicando la implementación de la ley.”

En este escenario en progreso de agrupamiento político y autocuidados colectivos surge la confianza, inspira Morgade. “Tengo esa confianza en el movimiento feminista, en los movimientos estudiantiles y de docentes de organizadxs. Creo que una vez más va a pasar por ahí la reorganización y vamos a tener que pensar cómo ampliamos para poder incluir a más personas en una conversación que por lo menos reponga dos vectores que desde mi punto de vista son irrenunciables, la justicia social y la igualdad como ejes de la acción política”, dos de las luchas que dio la Marea Verde. Porque en ese movimiento multitudinario, "estaba discutiéndose el lugar que las mujeres y las identidades feminizadas queremos tener, no solo en relación, de una manera literal, con los cuerpos materiales, sino en la sociedad. “Para eso debemos dialogar, incluir a muchas más identidades. La historia no retrocede.”