El próximo lunes 15 de enero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) efectuarán una "jornada de lucha", mientras que el miércoles 24 de enero se sumarán al gran paro nacional convocado por la CGT, en protesta por los despidos en varios sectores de la administración pública nacional y porteña.
En esta línea, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que se trata de una "jornada de lucha con modalidad a definir en cada provincia" y que se anticipan a la del 24 argumentanto que "a los empleados estatales nos está quedando demasiado lejos".
Por su lado, el Centro Nacional de Jubilados de ATE definió "una jornada de protesta el 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional" frente a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Al menos 1300 empleados despedidos
Asimismo, Aguiar cifró en 1.100 los despidos de trabajadores nacionales y en 200 los dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se comunicaron el viernes de la semana pasada, previo a las celebraciones de Año Nuevo.
En ese sentido, ratificó que "presentamos un amparo para anular el DNU" y expresó: "Esperamos un poco más de valentía de los jueces de esta Nación porque están quedando en evidencia que solo reciben órdenes del Estado nacional".
Aguiar había anticipado que "los empleados estatales no podemos esperar y necesitamos salir a responder antes por el nivel de agresión que estamos sufriendo".
Qué dice el DNU de despidos en el Estado de Javier Milei
El martes de la semana pasada, el Gobierno publicó el Decreto 84/2023 que confirma el despido de unos 7.000 empleados públicos.
El artículo 1° del DNU establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas".
Esto abarca a empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de la administración nacional, y entes como ANSeS, PAMI y AFIP.
Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.