Juristas de todo el país nucleados en la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) le solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, poder intervenir en el debate en comisiones sobre las reformas penales que promueve el gobierno de Javier Milei desde su proyecto de “Ley Ómnibus”, pomposamente llamado “Bases y puntos de partida para la libertad (sic) de los argentinos”.
La entidad que encabeza el profesor y camarista Alejandro Slokar y que integran los presidentes de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, y de Mendoza, Omar Palermo, entre otros juristas, reclama poder “formular aportes críticos a las regulaciones en la materia (léase penal) comprometidas en la iniciativa”, como las pretendidas modificaciones de la eximente del cumplimiento de un deber (conocida como doctrina “Chocobar”) y del delito de “desobediencia”, entre otras.
El Ejecutivo pretende reformar el artículo 34 del Código Penal para extender la definición de la legítima defensa y de ese modo garantizar la impunidad de los miembros de fuerzas de seguridad que hieran o maten con su arma de fuego en supuesto “cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. El Código vigente, por el contrario, establece que "las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo".
El proyecto también busca modificar el 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta. La AAPDP ya se había manifestado en contra del protocolo contra las protestas sociales de Patricia Bullrich por afectar “derechos y garantías básicas”, recordando la misiva del Papa Francisco que los instaba a actuar contra el “gatillo fácil” y la “irracionalidad punitiva”.
