El Gobierno nacional prometió discutir a fondo en el Congreso su intención de abrir a licitación internacional los permisos de pesca en la zona de exclusión económica de 200 millas. Lo hizo ante el creciente malestar del sector, que se reunió con los gobernadores y diputados de las provincias pesqueras.

El ministro del Interior de la nación, Guillermo Francos, anunció que podrían revisarse los artículos de la ley ómnibus que afectan a la actividad pesquera. Fue a sólo 24 horas de que el presidente confirmara que el contenido es innegociable, y de que los principales referentes de la industria, tanto empresarios como sindicales, se reunieran con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El anuncio es, a la vez, un triunfo del sector, que se manifestó de manera pública y unánime, en contra desde el primer minuto, y la segunda derrota consecutiva del gobierno, ya que ayer la Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo del DNU que afecta derechos laborales.

Francos hizo el anuncio en la Casa Rosada, tras reunirse con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y con el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, ambos del PRO.

 Montenegro reveló que le pidió a Francos el mantenimiento de la descarga obligatoria en el puerto, en su caso el de Mar del Plata, que el proyecto de Ley Ómnibus propone derogar. También solictó garantías para conservar el requisito del 75 por ciento de tripulantes argentinos. 

Torres pidió que se quite de la ley la palabra "internacional" para que el negocio pesquero no quede clausurado a las empresas extranjeras, que hoy participan en la industria pesquera, pero a la vez con el objetivo de que esas empresas deban tener asiento en la Argentina como ocurre actualmente.

Cómo se gestó

Un antecedente clave, según los distintos protagonistas, fue la reunión que mantuvo el miércoles el gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata con referentes de la pesca en el Hotel Provincial, iniciativa en la que participó la ex candidata a intendenta Fernanda Raverta. 

La jefa del bloque de concejales de Unión por la Patria, Mariana Cuesta Moler, en diálogo con Buenos Aires/12 destacó tanto el consenso general alcanzado por el sector como el compromiso del gobernador con su defensa.

 "Lo central es la unidad de los diferentes sectores de la ciudad en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera", dijo. "En ese sentido, fue muy importante la reunión con el gobernador Kicillof y que se manifieste un contundente rechazo la Ley Ómnibus, porque el proyecto de Milei tendría consecuencias devastadoras para Mar del Plata, nuestra industria y el trabajo de los marplatenses."

Durante la primera hora de las dos de reunión, el gobernador partió de una caracterización general de ambos instrumentos, tanto el DNU como la ley ómnibus, hasta llegar finalmente a las consecuencias para la actividad pesquera.

Kicillof anunció su decisión de trabajar junto a los gobernadores patagónicos, Torres, Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gutavo Melella (Tierra del Fuego), en una estrategia conjunta, en principio en defensa de la pesca pero con la posibilidad de defender también otros sectores productivos.

A la vez, y como contrapartida, el gobernador les pidió que, aun si se lograba salvar al sector siguieran organizados en defensa de los demás sectores afectados.

El pedido está en línea con el desarrollo de las multisectoriales, que comienzan a armarse en distintos distritos, con participación de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro del àrea, Javier Rodríguez. En declaraciones a radio Provincia antes del anuncio de Francos, el funcionario detalló que la iniciativa plantea que “las cuotas estén asignadas a un mejor postor, sin considerar si ese recurso de la pesca se desembarca en puertos argentinos, si las tripulaciones son con trabajadores nacionales o no y si son embarcaciones de bandera nacional. Hoy todos los parámetros que se manejan en la ley de pesca hacen referencia a, fundamentalmente, utilizar el recurso, para apalancar la generación de empleo tanto desde el desembarque a todo lo que sea la industrialización. Este proyecto de ley viene a romper con eso".

"Cualquier embarcación podría llevarse el recurso natural, desembarcarlo en un puerto de otro país sin otro condicionamiento más que haber aportado una tasa al Estado nacional”, remarcó Rodríguez.

Más temprano, en el marco de una reunión extraordinaria de la comisión de Industria, se habían dado cita en el Concejo Deliberante los representantes de las cámaras y los sindicatos, que además movilizaron a sus bases, visiblemente preocupados por las consecuencias que tendría, de aplicarse, la modificación a la Ley de Pesca vigente, planteada en la ley ómnibus.

Por el Ejecutivo estuvo presente el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro. Ya el martes, el intendente Guillermo Montenegro se había pronunciado contrario a las medidas. Uno de los impulsores de la reunión, también presente, fue el ex intendente y actual diputado provincial por la quinta sección, Gustavo Pulti.

Los expertos consultados por Buenos Aires/12 vaticinaron, por la falta de control por parte del Estado nacional, una depredación del recurso y un triple desastre: económico social, ambiental y geopolítico.

Cambio de agenda

La industria pesquera no estaba libre de conflictos, pero todas las fuentes consultadas coinciden en calificar la situación previa como “estable”. El consenso generalizado entre los participantes de ambas reuniones, la primera en el concejo deliberante y la segunda con el gobernador, es hacer transitoriamente a un lado la agenda de reclamos y planteos de cada actor, hasta que se resuelva la situación. "No es momento de discutir chiquitaje", refirieron.

A modo de ejemplo, el conflicto entre el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), que conduce Cristina Ledesma, tiene un conflicto abierto con el poderoso grupo Moscuzza, por unos despidos recientes.

La presencia de José Moscuzza, uno de los empresarios más importantes de la actividad, fue considerada como un hecho de máxima relevancia, ya que Moscuzza no suele mostrarse en ámbitos públicos, mucho menos en esta clase de reuniones.

Moscuzza sostuvo públicamente que se sumó a la reunión por dos motivos: quería conocer al gobernador en persona y transmitirle la importancia de que encabece la defensa del sector, ya que lo considera la persona más indicada para hacerlo. 

El grupo Moscuzza tiene un siglo de historia, cuenta con quince buques propios de distintas características, y procesa anualmente más de 50 mil toneladas de pescado, que abastecen tanto al mercado local como internacional.

Marcha atrás

“La ley tiene un capítulo especial sobre la problematica de la pesca que generó dudas en el sector", fue la forma utilizada por Francos para presentar la probable nueva posición del oficialismo. "Se han reunido las cámaras, los gobernadores nos han traído la preocupación y convinimos en que las 200 millas son de pesca nacional. Hay que hacer algunas modificaciones y hay que proteger la pesca nacional.”

"Sintonizamos en la misma frecuencia. La pesca es un sector importante para el país, con mucha mano de obra, y todos queremos proteger el trabajo, la pesca y la industria argentina”, explicó Francos tras el encuentro del que también participó el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Además, el titular de Interior señaló que se va a trabajar también con los gobiernos provinciales y el Consejo Federal para “analizar bien todos los aspectos de la Ley y proponer las clarificaciones necesarias para tener un proceso de pesca mucho más claro”.

Francos no explicitó si esos cambios se discutirán directamente en el Congreso, si se girará el proyecto a la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, si el Ejecutivo enviará otro texto o si se pririzará la opinión o dictamen del Consejo Federal de Pesca, órgano en el que están representadas las provincias.

Tampoco queda claro si la decisión pasó por el Presidente o fue tomada hasta ahora solo por el ministro para descomprimir. 

También los estudiantes

La Federación Universitaria Tecnológica también se pronunció sobre el tema. Criticó "el  profundo desconocimiento del Gobierno Nacional en materia pesquera y el nulo interés en promover la soberanía". Subrayó "la imperiosa necesidad de que todos los actores del sector se encolumnen para demostrar enérgico rechazo a estas modificaciones" y destacó "la importancia de la pesca como actividad extractiva pero también como motor del desarrollo industrial de algunas ciudades, principalmente Mar del Plata, que cuenta con más del 50% de los desembarques pesqueros del país" El sector pesquero, según la FUT, "emplea de manera directa a 37.000 personas y genera exportaciones cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales, lo cual la convierte en la octava actividad económica del país".