Desde la negativa a admitir cualquier responsabilidad de Gendarmería hasta la hipótesis de Elisa Carrió de que Santiago Maldonado estaría en Chile, pasando por las explicaciones de la ministra Patricia Bullrich y las diversas operaciones de acción psicológica para ubicar al joven en diversas rutas y escenarios, el gobierno y su aparato de prensa lleva 80 días tratando de desviar las miradas que lo ubican como responsable ineludible de la primera desaparición forzada del gobierno de Mauricio Macri.
El 31 de julio, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, se reunió en Bariloche con funcionarios provinciales y jefes de fuerzas de seguridad. Luego afirmó a la prensa que estaba dirigiendo los operativos de individualización y captura de miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y se jactó de que lo haría sin intervención del juez. El 1 de agosto Noceti fue la máxima autoridad presente en el violento ingreso de Gendarmería a la comunidad. Pasó por la ruta al mediodía, cuando los gendarmes ya la habían despejado, y se identificó ante tres miembros de la comunidad retenidos por intentar dar aviso del ataque. El juez Otranto rechazaría peritar los celulares de Noceti, que guarda prudente silencio.
El 3 de agosto a la noche Noceti llamó a la Central de Reunión de Inteligencia de Gendarmería para anticipar que el juez ordenaría periciar los vehículos usados en el operativo. Al día siguiente, mientras el juez pedía la nómina, el chofer de una de las camionetas recibió un audio explicativo del mensaje del funcionario: “Dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan”. El peritaje se hizo el sábado 5. Según certificó el defensor Fernando Machado, no los escondieron pero sí los lavaron y violaron la faja de comunidad de una camioneta.
Los primeros pasos oficiales desestimaron la denuncia de los testigos y la APDH: consideraron el caso una “búsqueda de persona extraviada”. El domingo 6 el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, rompió el silencio oficial: “Estamos al tanto y seguimos el tema con preocupación”, dijo. El lunes 7 el tema se instaló a nivel nacional cuando PáginaI12 lo publicó en tapa. Dos días después, en TN, un hombre aseguró que ese domingo había llevado a Maldonado en su camioneta, que le dijo que venía “del sur, de Chubut” y que iba a Concepción del Uruguay. Por esos días, en diálogo con cuatro gendarmes que llegaron al río, el encargado de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, les advirtió: “si nosotros no podemos salir juntos de este barco, encalla y en el barco están ustedes y nosotros”. También les confesó que habían inducido al juez a desviar la pesquisa de Gendarmería. La estrategia se completó en la TV. “Hay guerrilla indígena en el sur”, anunció Jorge Lanata. “Los tipos reivindican la lucha armada y buscan imponer, un delirio, la nación mapuche entre Argentina y Chile. Eramos pocos y faltaban los mapuches con fierros”.
Instalado el tema, el gobierno negó que Gendarmería hubiera ingresado al territorio, luego el ingreso de camionetas o que llevaran armas, falsedades que cayeron una tras otra. En paralelo se impulsó la criminalización de los mapuche y comenzaron a aparecer historias de Maldonado haciendo dedo, o tomado por las cámaras de seguridad de un negocio, o cortándose el pelo en San Luis, o de videntes que lo ubicaban en Chile. También se desacreditó al testigo clave, Matías Santana, porque dijo no tener los binoculares con los que vio por última vez a Maldonado. Con los audios de los celulares quedó claro que se lo habían robado los gendarmes. “Este indio es tan trucho que en vez de flecha tiene Adidas”, dijo Lanata.
El 16 de agosto, en el Senado, Bullrich dijo no tener “indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia”, culpó por obstaculizar la búsqueda a los mapuches y a la familia por no colaborar. “Todos los días buscamos personas, tenemos 5.000 personas desaparecidas en este momento”, minimizó el caso. También dio a conocer el nombre de un testigo reservado.
La masiva concentración del 1 de septiembre en Plaza de Mayo cambió el escenario. El 6 de septiembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso en el Senado el cambio de actitud oficial: el gobierno intentó mostrarse hiperactivo. Peña se preocupó más por defender al gobierno que a la Gendarmería y negó “la idea de que puede haber una orden política de este gobierno de promover una desaparición forzosa”, acusación que nadie había formulado. El 7 una pareja de fueguinos denunció que 22 de agosto había levantado a Maldonado mientras hacía dedo en la ruta 40. Dijeron que tenía la ropa rota, que les dijo que le habían robado y golpeado en una pelea.
Recién el 10 de septiembre el gobierno aportó a la causa las pericias a los 70 teléfonos secuestrados a los gendarmes, que tenía en su poder desde hacía tres semanas. Se instaló entonces la teoría del “exceso” de algún gendarme aislado. El gobierno entregó al juez una lista de gendarmes que habían estado en la zona del río, dejó trascender su hipótesis aunque no aportó ninguna prueba.
Hasta el 12 de septiembre sostuvo la hipótesis de que Evaristo Jones, puestero de la estancia Benettón, había acuchillado a Maldonado el 21 de julio, cuando dijo haber sido atacado por mapuches de la RAM, que desde entonces lo habría ocultado. La hipótesis la había introducido en el expediente el 15 de agosto otro funcionario de Bullrich, Gonzalo Cané. Pese a los testimonios y videos que demostraban que Maldonado estaba vivo y sano después de ese episodio, el gobierno insistió hasta que el cruce de ADN descartó esa hipótesis. También hasta ese día el gobierno insistió con la importancia de los exámenes de ADN sobre muestras extraídas de camionetas y materiales extraídos en allanamientos a escuadrones de Gendarmería. Cuando se conoció el resultado negativo, Bullrich interpretó que eso descartaba la participación de la fuerza, pese a que se sabía desde hacía más de un mes que las camionetas habían sido lavadas tras el operativo.
