Los médicos legistas suelen decir que la autopsia es el momento en que los cuerpos hablan. Es la forma de expresar que ese procedimiento es sustancial para saber cómo murió una persona, además de constatar la identidad. La fiscalía federal de Esquel a cargo de Silvina Avila pidió que ese análisis del cuerpo hallado en el Río Chubut lo haga el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema. Si se constata que se trata de Santiago Maldonado –algo que la familia ayer remarcó que no está en condiciones de confirmar- ese estudio será clave para conocer las causas, el modo y el momento del fallecimiento. Está fuera de duda que la desaparición del joven artesano se produjo en medio de una persecución violenta de la Gendarmería, en un procedimiento ilegal dentro del territorio de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Es imposible no vincularla con ese ataque. Pero recién ahora por primera vez, en la orden de la fiscal para la realización de la autopsia se conoció que uno de los gendarmes ya se dio por imputado y presentó abogado defensor una semana atrás. Se trata del subalferez Emmanuel Echazú, un agente que regresó a su base casi 12 horas después del operativo de desalojo. Avila pidió que las cinco querellas y el imputado Echazú participen de los estudios forenses, y que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lo haga todo el proceso como una suerte de garante.
Al cierre de esta edición todavía no había despegado hacia Buenos Aires el avión que debía trasladar el cuerpo que será llevado a la Morgue Judicial, y al que se subiría también el juez Gustavo Lleral, como parte de la garantía de custodia, junto con las partes. La operación de autopsia está previsto que comience entre la tarde de hoy y la mañana del viernes. El titular del Cuerpo Médico, Luis Mario Ginesín, ya designó a tres especialistas (Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herrbstein) y podría extenderse por varias horas.
La fiscal Avila precisó al ordenar los llamados “puntos de pericia” que se cumplan con todos los que están previstos en el “Protocolo Modelo para la investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias” de Naciones Unidas, también conocido como “Protocolo de Minessota” que se usa para delitos gravísimos, como su nombre lo indica. Aclaró que se le da intervención a las querellas y el imputado para evitar futuros reclamos.
Echazú, el gendarme que podrá a tener a un perito representante en ese procedimiento, es quien también pidió ser querellante en una causa sobre el corte de la Ruta 40, que fue el punto de partida del operativo de Gendarmería el 31 de julio, a raíz de las lastimaduras y la fractura que tuvo en la cara. Ese incidente fue lo que utilizó la fuerza para justificar el ingreso a la comunidad, como si se hubiera tratado de un delito en flagrancia. La “flagrancia” había sido señalada en una reunión encabezada en Bariloche por Pablo Noceti -jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad– con autoridades políticas y de las fuerza de seguridad aquel mismo 31, como el factor habilitante para reprimir.
Pero las fotos de Echazú ensangrentado fueron tomadas dentro de la lof, cuando volvía de la zona del río Chubut, donde llegó la persecución, además de que la enfermera que acompañaba al escuadrón dijo que lo atendió adentro. El subalférez del escuadrón 36 llegó a su base a las 5.30 de la madrugada del 2 de agosto. El operativo había terminado a las seis de la tarde del día anterior. Lo mismo sucedió con Fabián Méndez, jefe del escuadrón 35. ¿Qué hicieron en el ínterin? Todavía no se sabe, y es tema clave a ser dilucidado. En el mismo grupo de efectivos que están bajo sospecha, se encuentran el segundo jefe del Escuadrón de Esquel, Pablo Escola, Daniel Gómez, Primer Alférez del escuadrón 35, Darío Zoilán, Aníbal Cardozo, Juan Carlos Peloso, Ramón Vera, Neri Robledo, la enfermera Maira Ramos y Orlando Yucra. Sus comunicaciones, al igual que su ubicación en el predio, son pruebas importantísimas en el expediente en cuyo análisis ha insistido la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
Presentar abogado es lo que, a la vez, le permite a Echazú (y con él a la Gendarmería) saber de manera directa lo que pasa en el expediente. Además, había quedado en evidencia que el Gobierno lograba inmiscuirse a través de ciertos funcionarios, como Gonzalo Cané (que maneja las relaciones del ministerio de Seguridad con la justicia), Daniel Barberis (secretario de Violencia Institucional de Seguridad) y Noceti, pero con el cambio de juez sería otro el escenario.
El cuerpo hallado a 300 metros del lugar donde la Gendarmería atacó a la comunidad mapuche tenía el documento de Santiago Maldonado, pero el perito de la familia, Alejandro Inchaurregui, puso especial énfasis ayer en señalar que “no certifica la identidad”. El primer paso de la autopsia está vinculado, precisamente con establecer la identidad del cuerpo por distintas vías posibles: el peso, la talla, cicatrices, tatuajes, la ropa, prótesis si tuviera, el análisis de las huellas dactilares si fuera posible tomarlas y de la planta de los pies, un análisis de odontología forense y el perfil genético con ADN de cabellos, dientes, huesos. Este último análisis puede tomar más de dos semanas, pero –por ejemplo– el cotejo de las huellas podría ser inmediato.
Con las conclusiones que arroje la autopsia se podría saber también cuánto tiempo el cuerpo estuvo en el agua, cuándo se produjo la muerte, si ocurrió dentro del agua o no, qué mecanismo la causó, si se advierten heridas, de qué tipo. Ayer circuló de manera extraoficial, por allegados a la causa, que el cuerpo no tendría heridas de bala. Pero la familia pidió prudencia y paciencia para todo. En el procedimiento interviene una larga lista de expertos: además de los tanatólogos, durante la autopsia están presentes algún técnico, médico, fotógrafo, peritos de parte y representantes de la fiscalía. La operación de autopsia se filma. Luego intervienen otras especialidades: genética, anatomopatología, radiología, odontología forense, toxicólogía, laboratorio, son algunas.
Según forenses consultados por este diario, si hubieran pasado tres meses de la muerte y el cuerpo hubiera estado bajo el agua, eso no debería impedir arribar a conclusiones. Un informe completo demoraría cerca de un mes, pero podrían conocerse antes resultados parciales.