A través de la resolución 2461/23, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se pronunció en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del Ejecutivo Nacional. Asimismo, solicitó al Congreso de la Nación y al Poder Judicial que ejerzan "adecuadamente el control constitucional" sobre ese decreto. En la misma línea, exhortó al presidente Javier Milei a "abandonar el camino de la autocracia y el autoritarismo y retomar la senda señalada por la Constitución Nacional". 

La iniciativa fue aprobada el 26 de diciembre en la última sesión que el Consejo Superior tuvo en 2023, y que fue publicada el 28 de diciembre en el Boletín Oficial de la Universidad. En la resolución también se instó a la comunidad universitaria de Salta a "defender la continuidad del sistema universitario público en condiciones de adecuado financiamiento como herramienta significativa para el desarrollo del país y de la movilidad social ascendente, único camino posible para provocar los cambios que nuestro país requiere". 

La declaración se dio después de que la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (Adiunsa) ingresara un pedido en tal sentido, ante la ausencia de un pronunciamiento dentro del ámbito universitario. El secretario general de este gremio, Diego Maita, dijo a Salta/12 que la iniciativa fue ingresada ante la preocupación que representa en materia educativa y laboral la puesta en vigencia del decreto 70, sobre el que ya pesan dos medidas cautelares que suspenden la aplicación de la reforma laboral que incluye en su text. Estos fallos se dictaron en respuesta a presentaciones de de la CGT y  la CTA. 

Maita sostuvo que la universidad pública de Salta debía pronunciarse, sobre todo, en el marco de los 40 años de democracia, ya que el decreto 70/23 vulnera derechos laborales y hasta pone en riesgo el funcionamiento del ala sindical en el país. "Es muy grave", insistió, señalando que el avasallamiento general a las y los trabajadores va desde las nuevas formas de indemnización, la creación de fondos de desempleo, la quita de financiamiento a las asociaciones sindicales hasta el funcionamiento de las obras sociales. Para Maita, la iniciativa de Milei "se mide exclusivamente en términos de rentabilidad y no de solidaridad". 

"Más de 300 artículos, más de 300 reglas de la democracia que han costado debates, discusiones, acuerdos, consensos, negociaciones, y de repente entran en suspenso por una firma", cuestionó el gremialista. 

En el mismo sentido habló la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (Apunsa), Stella Mimessi, quien sostuvo que el decreto afecta gravemente el contrato de trabajo y al sistema universitario, que sería perjudicado en la nueva distribución de los fondos públicos, con lo que también se afecta el ejercicio del derecho a la educación. "El modelo de gobierno libertario tiende a una mercantilización de la educación superior, donde obviamente la obligación del Estado de garanatizar el derecho a la educación se ve absolutamente vulnerada con este DNU", afirmó. Por ello reiteró su adhesión al pedido de Adiunsa para que se pronunciara el Consejo Superior. 

En la sesión el consejero estudiantil por la Facultad de Ciencias Exactas, Ezequiel chocobar, sostuvo que la UNSa no debía pronunciarse sobre el decreto. "Al ser el Consejo (Superior) el que está pronunciándose, estaríamos atentando contra quienes puedan estar o no de acuerdo con el DNU", argumentó. Y continuó: "yo votaría en rechazo, no tomaría en cuenta la nota de Adiunsa porque carece de fundamentos y además porque hay muchos estudiantes que piensan distinto y siento que los estamos excluyendo". 

Precisamente, las y los consejeros que tomaron la palabra cuestionaron la carencia de fundamentos en el pedido de declaración. Fue el caso de la decana de la Facultad de Humanidades, Mercedes Vázquez, quien  estuvo de acuerdo en un pronunciamiento de la Universidad, pero con el respaldo constitucional que permita visibilizar los derechos vulnerados con el decreto. En la misma línea habló el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Julio Nasser, quien dijo que se esté "de acuerdo o no" con el DNU, lo cierto es que la iniciativa del gobierno nacional "atenta en muchos aspectos contra la Constitución Nacional". 

La decana de la Facultad de Humanidades, Mercedes Vázquez.

En los considerandos que sumados a la resolución que finalmente fue aprobada, el Consejo Superior muestra su "profunda preocupación" ante el decreto que "no se ajusta a nuestra Constitución Nacional e importa una grave afectación del principio de división de poderes y nuestro régimen republicano de gobierno". Asimismo, señaló que el Presidente "no debe arrogarse la suma del poder público y decretar de un plumazo la derogación de innumerable cantidad de leyes del Congreso y la modificación de otras tantas por una vía excepcional, reglada y de interpretación restrictiva". 

Añadió que la Constitución es "clara y rigurosa en cuanto establece que el Presidente no podrá en ningun caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo y que sólo excepcionalmente podría hacerse si circunstancias igualmente excepcionales hicieran imposible seguir los trámites previstos en la Constitución para dictar leyes". 

Asimismo, el Consejo citó el precedente Verrocchi Ezio Daniel (1999), uno de los hitos en la jurisprudencia de los últimos 30 años. Allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que "para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias": que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, es decir, su discusión y aprobación en el Congreso nacional, y que "la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". 

Maita sostuvo que como parte del sistema universitario le parecía importante que el Consejo Superior tomara posición sobre el DNU 70/23. Y adelantó que solicitarán al rector Daniel Hoyos que pida al Consejo Interuniversitaro Nacional (CIN) que se exprese en un sentido similar. Además, adelantó que el gremio se movilizará el 24 de enero.  

Necesidad de la cautela

Sobre los fallos de la Cámara del Trabajo que suspenden la aplicación del DNU en relación a la eliminación de derechos laborales, Maita dijo que hay que mantener cautela. Si bien sostuvo que son buenas noticias, aseguró que hay que seguir el procedimiento puesto que el gobierno nacional ya anunció que apelará. "Esa apelación puede ir en el sentido contrario", alertó. Y prosiguió: "creo que tenemos que estar atentos y atentas a todo lo que es la administración de los tiempos de la política. Cuando hablo de los tiempos de la política, no hablo solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial", precisó. 

Ayer la Cámara Nacional del Trabajo dictó otra medida cautelar que suspende los cambios laborales del cuestionado DNU 70/2023. La cautelar se decidió en un amparo presentado por la CTA. El miércoles este mismo tribunal dictó otra cautelar por un planteo de la CGT. A las acciones judiciales en contra del decreto, Maita sumó el debate en el Congreso sobre el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el gobierno ultraderechista y el contexto inflacionario con permanentes aumentos de bienes y servicios, la nafta o alimentos, lo que deriva en "varios frentes abiertos" a los que hay que prestar atención. 

Por su parte, Mimessi dijo que a pesar de sus cuestionamientos al Poder Judicial, las decisiones de la Cámara del Trabajo guardan un sentido de racionalidad ante la "vulnerabilidad colectiva social que implica el DNU". Añadió que estas cautelares son el de un proceso judicial que encabezan las centrales trabajadoras. En ese sentido, contó que el 10 de enero habrá un plenario en Buenos Aires convocado por la CTA y la CGT con todas las asociaciones sindicales del país, y del que Apunsa tiene previsto participar.

"Hoy nos encontramos todos unidos en el mismo norte en la pelea" con el fin de "garantizar los derechos adquiridos y que no se vean altamente vulnerados", sostuvo. Agregó: "este modelo de gobierno, con todas las medidas que se vienen dando, está poniendo en riesgo no solo el derecho laboral, el derecho a la educación, el derecho a la salud, sino que está destruyendo el Estado, nuestro Estado republicano, nuestro sistema democrático, y es absolutamente preocupante". 

También hizo referencia a la ausencia de perspectiva de género en el gobierno nacional, lo que se reflejó en la elimininación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. "Nosotras que como mujeres nos unimos en esta lucha de poder lograr una equidad, de lograr justicia por el género y de seguir trabajando por democratizar los espacios para las mujeres, hoy vemos que por un decreto anulada toda la garantía", manifestó.