El gobierno de Javier Milei desarrolló este viernes conversaciones mano a mano con los delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el cuadro de la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas y con el objetivo final de obtener dinero fresco para contar con el plafón de reservas para proseguir con el programa económico ultraneoliberal o al menos no sufrir descalces entre pagos y cobros.
En lo inmediato, el Gobierno necesita destrabar un desembolso que le permita pagar a fin de mes los casi 2 mil millones de dólares de vencimientos previstos. En rigor, el acuerdo con el FMI quedó virtualmente suspendido luego de que el organismo no girara los 3300 millones en diciembre, de la séptima revisión, que el país incumplió, luego de que el dinero de la quinta y la sexta revisión fueran adelantados al por entonces ministro, Sergio Massa.
El vencimiento de 920 millones de dólares de diciembre, en tanto, se pagó con el préstamo de la CAF. En total, en 2024 hay vencimientos con el FMI por 7700 millones de dólares, aunque los desembolsos previstos suman 3200 millones.
Si bien claramente hay una visión económica compartida entre el equipo de Milei y la burocracia del Fondo, lo cual permite pensar en que estas reuniones son un mero trámite, la realidad es que hay varias cuestiones delicadas que se están evaluando.
Hay un punto asociado a la viabilidad política del ajuste que plantea el Gobierno, dentro de lo que aparece la obligación de pasar por el Congreso para tomar nueva deuda externa. Esa restricción, impuesta durante la gestión de Martín Guzmán, es un punto que deroga la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento viene bastante empantanado.
Otro tema sensible es la visión que el Fondo tiene del propio ministro de Economía, Luis Caputo, defenestrado por el ex jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, por su participación en la negociación de 2018 bajo la administración de Mauricio Macri. Aquí aparece, nuevamente, la cuestión sobre la intervención cambiaria, regla que el Fondo tiene como intransigente y que Caputo en su momento violó cuando estaba el frente del Banco Central. También hay un tema político de fondo: Milei es abiertamente trumpista y ha sido crítico de la administración Biden y del Partido Demócrata. Habrá que ver cuánto juega este punto.
También está en juego la "viabilidad social" del programa: ¿Cuánto aguantará la población argentina un brutal ajuste del 4 a 5 por ciento del PBI en un contexto de depresión económica e inflación corriendo al 20 o 30 por ciento mensual?
Las claves
"El gobierno de Macri fue muy reticente a subir impuestos, imponer controles de cambios y subir retenciones, y este Gobierno no tiene tantos pruritos en estos puntos. En tanto, el gobierno anterior, de Alberto Fernández, no quería efectuar recortes en el gasto público, cosa que este Gobierno sí quiere hacer. De modo que el FMI bien podría estar de acuerdo con este programa económico", explica Genaro Grasso, miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.
"Sin embargo --desarrolla Grasso-- hay algunos problemas: el FMI no tiene las mismas manos sueltas que en 2018, ya que un nuevo crédito neto debe pasar por el Congreso, al igual que un nuevo endeudamiento en dólares. Esas leyes se están revisando porque están en la Ley Ómnibus. Sin esa aprobación legislativa, el FMI sólo puede adelantar desembolsos, que serían a lo sumo unos 7 mil millones de dólares que se deben calzar con los pagos. También en este terreno aparece una posible modificación del carácter del FGS de la Anses para que directamente el Tesoro haga uso de los recursos". Además, el FMI exige reglas muy duras en la intervención cambiaria para dar un adelanto de divisas, un punto en el cual Caputo ya le falló en 2018.
Leandro Zicarelli, analista y host del podcast Financiero, Monetario e Irreverente, considera que "no hay grandes divergencias entre el programa económico del FMI y el del Gobierno, incluso en este caso Milei parecería querer ir a más velocidad que el propio Fondo. El único tema de discusión puede ser la tasa de interés, dado que el Fondo recomienda habitualmente colocarla en terreno real positivo y hoy está muy lejos de eso, porque corre bien atrás de la inflación. Pero creo que no es algo relevante".
"Por ende, la negociación seguramente pasará por la cuestión financiera en dos aspectos: 1) en cuanto a los pagos y desembolsos, el gobierno querrá evitar que se generen grandes descalces (tal vez adelantando los fondos que quedan en un gran desembolso) y 2) en relación al financiamiento neto por encima de los vencimientos del Stand By. En relación a este último punto, aparecen dos vías: el Fondo de Resiliencia (aunque no sería ni siquiera de 1500 millones de dólares) o activar la parte del Stand By aprobada en 2018 y no desembolsada por pedido del país (eso ya serían unos 12 mil millones de dólares). Ambas cosas son más difíciles de lo que se podía prever, pero realizables, sobre todo la del fondo de Resiliencia", detalla Zicarelli.
Neomí Brenta, doctora en Economía que estudió en profundidad la relación entre la Argentina y el FMI, advierte que "desde lo extraeconómico, al gobierno de Biden no le gusta Milei, quien se ha declarado trumpista y opuesto al Partido Demócrata. Por otro parte, está el mal antecedente de Caputo y las dudas del FMI sobre la sustentabilidad política del brutal ajuste que quiere hacer el Gobierno".
"En cuanto a la específico de la séptima revisión, que aparece luego del incumplimiento de la quinta y la sexta, hay entre los temas pendientes la eliminación total de los subsidios de luz para residenciales y comerciales, la mejora en la recaudación tributaria y la actualización de los valores de propiedades, que hizo Kicillof en Provincia. También quedaron compromisos en revisar el gasto tributario del Estado nacional, la modificación del sistema de movilidad jubilatoria, que el Gobierno aplicó, y el tema de la unificación cambiaria, en donde Caputo también tiene algo para mostrar", agrega.
Se abre una nueva etapa en la relación con el FMI. Sin el cheque en blanco de Macri ni las enormes discusiones internas y escollos doctrinales del gobierno anterior. Hasta ahora, la puntería del Fondo con el país está intacta: siempre fracasa.