El juez de Control Roberto Assef ordenó ayer que dos hombres detenidos tras una denuncia del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cumplan prisión preventiva por 60 días.
El docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Villegas están siendo investigados por el fiscal penal Walter Rondón, quien los acusó por los delitos de daños y de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, por publicaciones en la red social X (ex Twitter) el pasado 26 de diciembre, en la que hacen referencia a una cuestión privada del ex gobernador Gerardo Morales.
Las detenciones, que fueron acompañadas de la presencia de policías de civil en los barrios de San Salvador de Jujuy, y en algunos casos la circulación de camionetas sin patente, más los rumores sobre presuntas órdenes de detención de otras personas, provocaron un clima de tensión en la provincia, en cuya población está todavía fresco el recuerdo de la violencia institucional sufrida a mediados del año pasado, cuando el gobierno provincial respondió con represión ante la oposición social a la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador. Los hechos de ahora ocurren en el mandato del delfín de Morales, Carlos Sadir.
La prisión preventiva de 60 días a Morandini y Villegas se dictó anoche luego de la audiencia de imputación en la que ambos se abstuvieron de declarar. Sus defensores, el abogado Ariel Ruarte, y la defensora pública Karina López, habían pedido la libertad o que se les concediera la modalidad domiciliaria. Pero el juez rechazó estas solicitudes y ambos fueron trasladados a la Central de Policía para la revisación médica antes de ser llevados a un penal. Hasta anoche se desconocía a cuál.
Ruarte explicó que el magistrado entendió que Morandini y Villegas deben seguir en prisión porque podrían entorpecer la investigación, como había planteado el fiscal. Sin embargo, los fundamentos se conocerán en 48 horas, y recién entonces podría apelarse esta resolución.
La causa se inició a raíz de una denuncia de la esposa de Morales, Tulia Snopek, que también es mencionada en las publicaciones. Hubo una orden de aprehensión de Morandini y Villegas,a que se concretó en las primeras horas del jueves en el domicilio de Morandini, y en la vía pública, en el caso de Villegas.
Además, corre el rumor de que se ordenó la detención de otras nueve personas, también por publicaciones en redes sociales sobre el mismo asunto. "El fiscal nos dijo que había nueve personas identificadas más, además de los dos que ya están detenidos”, contó Lucía Castro Olivera, la pareja de Morandini, que ayer, junto a la diputada provincial Natalia Morales, pudo hablar con Rondón.
Castro Olivera relató que ante el fiscal hicieron hincapié "en todo el clima que se generó en el barrio por la circulación de policías de civil", que estuvieron "hablando con los vecinos, difamándonos. Fue todo un operativo absolutamente innecesario", afirmó. Añadió que subrayó ante el fiscal que "así como protegen a la menor que están protegiendo (la hija de Snopek y Morales), protejan también a nuestras hijas que tuvieron que vivir toda esta situación, que hace un día que su padre está preso".
"Buscan generar un clima de desconfianza, de miedo, de temor", denunció. En esta línea inscribió el rumor sobre las otras nueve detenciones. Y recordó que a Morandini lo buscaron en un automóvil sin patente; para mayor zozobra, el docente reside en un lugar alejado de la ciudad y a eso se sumó el hecho de que horas antes una mujer policía había pedido permiso para “cargar su celular” y había preguntado por el paradero del docente con la excusa de que tenía una citación de la justicia. El operativo fue similar a los realizados en junio de 2023 para detener a referentes sociales y sindicales.
La detención de Morandini, que es docente de las universidades públicas de Jujuy y Salta, desató una ola de repudios y expresiones de solidaridad. Los gremios de ambas casas de estudio reclamaron su inmediata libertad. También lo hizo la propia Universidad Nacional de Salta. “Es una persecución política e ideológica”, aseguró la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu).
“Una vez más la (In) Justicia de Jujuy actúa de manera irregular, apartada de los procedimientos legales vigentes, cercenando los derechos y garantías de lxs ciudadanxs de esta provincia y de cualquiera que se atreva a poner un pie en ella", denunció la Asamblea Permanente por los derechos humanos regional Jujuy (APDH).
