Según el informe elaborado por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) y las estimaciones más actualizadas calculadas desde este espacio, en los últimos dos meses los medicamentos incrementaron su precio en un 140 por ciento. Como resultado, las personas van de paseo a las farmacias: ante los importes huyen despavoridas, o bien, compran la mitad de los remedios que necesitan y visitan otras en busca de mejores posibilidades. Los empleados, por su parte, actualizan los importes casi semanalmente, razón por la cual se multiplican los problemas: el cliente lleva un producto que en la góndola tiene un valor y cuando pasa por la caja adquiere uno superior. A este cóctel se suma un condimento contundente: las prepagas incrementarán sus cuotas de enero, febrero y marzo, con subas que en total podrían llegar al 80-85 por ciento. De aquí que muchas personas saquen cuentas y proyecten cuánto tiempo más sostendrán el pago de la medicina privada. Las prestadoras también desempolvan sus calculadoras y estiman una fuga de hasta 500 mil afiliados.

“Hay que aclarar que los medicamentos no tenían los precios retenidos, de hecho, hasta el 1° de noviembre seguían el ritmo de la inflación. Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2023 su precio incrementó a un 123 por ciento y la inflación, hasta ese momento, era de 120. En los meses posteriores, es decir, durante noviembre y diciembre todo cambió: con los últimos aumentos van en sintonía al 300 por ciento acumulado durante el año y la inflación anual fue de un 170 estimado, con lo cual terminaron duplicando a la inflación”, dice Rubén Sajem, director de Ceprofar. Y continúa con la descripción del fenómeno que se experimenta en muchas de las farmacias del país: “Junto a los colegas tratamos de recomendar marcas alternativas, conversamos con la gente, buscamos que no abandonen los tratamientos, pero a veces se hace muy difícil. Muchos vienen, consultan precios, doblan su receta, la guardan y se van. No sabemos si van a comprar a otro lado, o si nunca lo harán”. A menudo, el capitalismo más agresivo deja al descubierto que los refranes populares son solo eso: refranes. Decir que “La salud no tiene precio”, a esta altura, puede representar un anhelo romántico, pero no hace justicia a lo que en verdad sucede todos los días en las farmacias del país.

Recortar en salud equivale a introducir el filo de la tijera en un derecho humano fundamental. Quizás como en ningún en otro sector se advierte con claridad que el ajuste, vía la desregulación económica que plantea el actual gobierno a partir del DNU, tiene a la sociedad como blanco principal y no, como se adelantaba, a la casta política. Por eso, en pleno enero, lejos de calmar los ánimos, las calles se recalientan. No saber cuánto saldrán los medicamentos, no tener idea de si se podrá continuar un tratamiento necesario para una enfermedad crónica, desconocer el comportamiento a futuro de las prepagas alimenta un escenario de incertidumbre al borde de estallar. Y esto recién empieza.

La ley del cúrese quien pueda

La regulación de precios, a través de acuerdos entre el gobierno anterior y los laboratorios, finalizó el 31 de octubre; por lo que hasta ese momento, los importes acompañaban en términos generales a la inflación. Sin embargo, al finalizar los acuerdos, desde comienzos de noviembre comenzaron a verificarse aumentos. “Estimamos que si solo tenemos en cuenta los últimos dos meses, aumentaron un 140 por ciento. Quizás en porcentajes no se entienda muy bien pero la gente lo tiene muy en claro cada vez que viene a las farmacias y se va”, apunta Sajem.

Después continúa su explicación con el problema específico que la falta de acceso a medicamentos puede ocasionar en pacientes con afecciones crónicas. “En los remedios de venta libre vemos que la gente se retrae y elige no comprarlos. En relación a los medicamentos recetados, un tratamiento antihipertensivo ya está en los 70 o 100 mil pesos al mes. Dejarlo ocasiona efectos en la salud que traen aparejados una mala calidad de vida”. En paralelo, hay que tener en cuenta que incluso desde una perspectiva mercantil el negocio no cierra. Para el sistema, es mucho más caro atender a un paciente en una terapia intensiva que ofrecerle un tratamiento antes de que llegue a una situación crítica.

En un comunicado reciente, la obra social de la provincia de Buenos Aires (IOMA) comparte lo siguiente: “La liberalización de los precios y la no intervención del Gobierno nacional para su regulación, sumada a la brutal devaluación del 118 por ciento, ha llevado a la situación de que las afiliadas y afiliados de la obra social que contaban con cobertura del 100% en sus tratamientos de medicamentos ambulatorios o crónicos hoy, tengan que pagar sumas que en noviembre eran impensables. En el caso de los medicamentos, como es de público conocimiento, durante los últimos meses los costos registraron subas extraordinarias muy por encima del promedio de los incrementos de precios de la economía; como ejemplo puede decirse que en los primeros 15 días de diciembre 2023 el valor de dispensa de los medicamentos se incrementó un 37%. Así, el aumento acumulado en el año es de 311% mientras que la inflación en el mismo periodo acumulada a noviembre según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de 148%”.

En la línea del comunicado de IOMA, Fabián Puratrich, exsubsecretario de integración de sistemas de salud de la cartera sanitaria que lideraba Carla Vizzotti, pone la lupa sobre los laboratorios. “El aumento de medicamentos terminó superando a la inflación ampliamente. Pero lo hizo sin justificación alguna, basta con ver los balances anuales de cualquier laboratorio. Nadie tuvo pérdidas ni mucho menos”, comenta a Página 12. Y sigue con su explicación: “Son tan caros que se vuelven inaccesibles y, como es natural, todo recae en el sistema público. Quien va a una farmacia y no puede acceder al medicamento, luego busca el hospital público a ver cómo lo puede conseguir”.

Desde el punto de vista de Puratrich, a menos de un mes de la asunción, el presidente busca retirar al Estado también en este rubro. Dos muestras al respecto: por un lado, la prórroga del presupuesto de 2023 para 2024 que, inflación mediante, no alcanzará a cubrir todas las necesidades; por otro, la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, encargada de promover la producción pública de medicamentos en las diferentes provincias.

Télam

 

A la farmacia… pero como exploradores

Mario vive en provincia de Buenos Aires y va habitualmente a una farmacia de Avellaneda. Desde hace años afronta un problema de salud crónico que debe tratar con tres medicamentos. Ante los aumentos sin techo, desconocer cómo hará para pagarlos. Ese es un problema crucial, motivo de charla excluyente en su familia desde hace días. “Llamo a una farmacia, voy a otra. Me acerco a una que conozco desde hace mucho, pero no me dan respuestas. Los empleados tampoco tienen la culpa. Verdaderamente es muy difícil saber qué conviene cuando el panorama de precios cambia todos los días. Llegará un momento en que no los pueda pagar más, y lamentablemente no falta mucho”, relata.

Mario aun puede comprarlos, sin embargo, hay otros pacientes que llegan con sus recetas, revisan los precios y se vuelven a sus casas sin nada. Esta preocupación que advierte Mario se traduce en números. “Dentro de los que más aumentaron, un ejemplo palpable es la amoxicilina, el antibiótico más usado. A principios de noviembre estaba 3300 pesos y ahora se consigue a 7800. Dentro de las marcas de ibuprofeno, en jarabes para niños que estaban alrededor de 3 mil pesos, en el presente superan los 5500. En medicamentos para el control del colesterol, cuyo tratamiento mensual estaba alrededor de 15 mil pesos, ahora 30 mil”, enumera Sajem. A este cuadro se pueden mencionar algunos más: los anticonceptivos duplicaron su precio; un digestivo en gotas ya cuesta alrededor de 7 mil pesos; un antiespasmódico para dolores gastrointestinales o unas gotas descongestivas para la nariz, 4 mil; las pomadas de uso habitual para los bebés llegan a 10 mil; y los colirios, 5 mil.

Norma, que va de manera frecuente a una farmacia de Palermo, narra su caso. “Nosotros tenemos que comprar igual los remedios, sobre todo, porque son para enfermedades crónicas. Por ahí, dejo de comprar algo para el resfrío y trato de solucionarlo con un té con miel. Se fue todo al doble o al triple, mucho más caro; aumenta tanto todo que se pierden los parámetros”. El vínculo con los empleados en las farmacias es clave, de hecho, Norma lo manifiesta con un ejemplo: “Hay un remedio para el que tenía la receta y no lo compraba porque todavía me quedaba resto, pero después de conversar con el farmacéutico, me convenció de que lo compre. Me dijo que me convenía llevarlo aunque no lo necesitara en el momento, porque al día siguiente ya tendría otro precio”.

Además del precio de los medicamentos, también está el incremento en los importes de dos artículos de primera necesidad, cuyos consumos suelen dispararse en esta época del año. La referencia es para los repelentes para mosquitos y los protectores solares. En cuanto a los primeros, son vitales, por ejemplo, para prevenir la picadura de Aedes aegypti (que puede transmitir dengue) o de aedes albofasciatus( responsable de la transmisión de la encefalitis equina). En este caso, para poder utilizarlo hay que desembolsar entre 3 y 8 mil pesos (de acuerdo a su formulación en aerosol o crema). En relación a los protectores, su función esencial es preservar a la piel de los rayos del sol y evitar enfermedades como el cáncer. Los precios son variables (según las marcas, el tamaño del producto y la protección que otorgan) y la mayoría fluctúa entre 6 y 16 mil pesos.

Estos cambios que se producen son el producto de una política muy concreta, propiciada por el último DNU. En una nota anterior publicada por este diario, se explica cómo, a partir de algunos de los cambios introducidos en la normativa --desfinanciamiento de la producción pública a bajo costo, la autorización de la comercialización en cualquier punto de venta-- “no sólo no bajarán los precios de los medicamentos, sino que parecen impulsadas por las cámaras de propietarios de grandes farmacias”.

Prepagas, calculadoras y sorpresas

Las compañías de medicina prepaga también hacen lo propio y, desprovistas de cualquier control gracias a la desregulación propiciada por el decreto de Milei, dan rienda suelta a las subas. A los incrementos en enero del orden del 40 por ciento, las prestadoras de salud ya anunciaron subas en torno al 30 por ciento para febrero. El pretexto, en este caso, es que para “mantener el servicio de atención médica adecuado” deben aumentar la cuota. Lo que aún significa más, la escalada no se detendrá sino hasta marzo, cuando el cuadro se completará con un 10 o 15 por ciento más. 

Los afiliados, por su parte, son informados mediante cartas o correos electrónicos y sacan cuentas para proyectar durante cuánto tiempo más podrán sostener el pago del servicio privado. De concretarse finalmente todos los aumentos previstos para el primer trimestre de 2024, podrían alcanzar picos del 80-85 por ciento. A partir del último DNU, solo hay dos vías posibles: pagar lo que las empresas solicitan o darse de baja. 

Asimismo, por estos días, se advierten otros aspectos a tener en cuenta. Con independencia del aumento en el importe de las prepagas, se registra un fenómeno nuevo: médicos y médicas que, por su parte, deciden cobrar copagos cuando antes no lo hacían. En apariencia, el incremento de las compañías no se traduce automáticamente en un aumento para el valor de los servicios que prestan los profesionales. 

Con todo, enfermarse está lejos de ser una opción, porque cuando el Estado se retira --o lo retiran los propios gobiernos neoliberales--, el mercado hace su magia de siempre: se “autorregula”. Entonces solo quedan en pie los actores más poderosos y la salud se convierte en un derecho al que solo pueden acceder unos pocos.

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