La Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy (UCISJ) rechazó la desregulación del sector, propuesta por el gobierno nacional en el proyecto de ley ómnibus. Si bien los productores nucleados en la UCISJ no emitieron un comunicado público fijando su posición, como hizo el Centro Azucarero Argentino, decidieron actuar directamente por intermedio de los gobiernos provinciales.

"Vamos a solicitar a los dos gobernadores que se mantenga el status que tenemos hasta ahora", aseguró a Salta/12 César Macina, presidente de la UCISJ. “Nosotros acordamos cien por ciento con el comunicado del Centro Azucarero Argentino”, agregó. “Nuestra preocupación actual pasa por concretar una serie de reuniones con todos los legisladores para explicarles exactamente cómo es la dinámica del sector”, precisó.

El gobierno nacional pretende desregular el sector azucarero con la derogación de la Ley 25.715, más conocida por Ley del Azúcar. Fue promulgada a principios de 2003 y estableció nomencladores específicos para el cobro de aranceles de importación de azúcares de diferentes tipos: azúcar en bruto, de caña y de remolacha en todas sus variantes. Con esa ley evitaron que el competidor más próximo en el continente, Brasil, eliminara a los productores locales casi en un abrir y cerrar de ojos. El peligro inminente lo sintieron en los años 90, durante la primera presidencia de Carlos Menem, cuando en 1992 la desregulación de la actividad azucarera provocó la reducción en los precios del azúcar y reconfiguró el manejo de las explotaciones cañeras.

Macina comentó que durante la reunión que mantuvieron el viernes de la semana pasada con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el mandatario “entendió perfectamente la posición del sector". Adelantó que les "prometió ayudar y gestionar reuniones con los legisladores provinciales”. El productor precisó también que acompañaron al sector de cañeros independientes de Jujuy representantes de los ingenios Ledesma, La Esperanza y Río Grande.

Según fuentes del gobierno de Salta, hasta el viernes último el pedido de la UCISJ todavía no había llegado a manos del gobernador, aunque en el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta sí sabían que los cañeros independientes de la provincia buscaban reunirse con el mandatario.

El objetivo de UCISJ es llegar a las y los legisladores nacionales de las dos provincias norteñas, para que rechacen los contenidos relativos a la desregulación del azúcar y el cambio de reglas en los biocombustibles que propuso el presidente Javier Milei en su denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. 

"Se tomaron este tipo de medidas sin consultar a nadie cómo es la dinámica del sector", reflexionó Macina. Criticó a la nueva administración nacional por no dialogar con el sector antes de redactar el proyecto. "Les habríamos contado por qué se trabajó en la ley de protección del azúcar", dijo por la derogación de la ley 25.715 que plantea en su artículo 59 la ley ómnibus cuando abre el título destinado a los capítulos sobre la reorganización y desregulación económica.

Justamente es el punto que marcó el CAA en su comunicado del 2 de enero. "Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error", marcó su presidente, Jorge Feijoó. Esa norma "no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia", explicó el Centro Azucarero. "El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo (...) que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos", detalló en su comunicado. Subrayó además que "es precisamente lo que neutraliza la ley” la 25.715 que el gobierno de La Libertad Avanza pretende derogar. 

Por ese motivo, Macina adelantó que si se aprueban los artículos que tocan al sector en la ley ómnibus, "evidentemente nos va a golpear y podemos quedar fuera de combate". "Un escenario de desregulación total nos deja afuera", sentenció. "Brasil o la India no riegan su caña, nosotros sí. Por lo tanto, ese factor tiene mayor incidencia en los costos de producción", agregó.

Tucumán, Salta y Jujuy concentran el 99,5 por ciento de la producción de caña de azúcar en el país. Tan sólo en Tucumán se industrializa el 66 por ciento, es decir, dos tercios. El Jardín de la República tiene más cañeros independientes que las otras dos provincias que integran el norte nacional.

La cuestión del bioetanol

Este es otro tramo de la ley ómnibus que también cuestiona la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy. En sintonía con el CAA, para los cañeros independientes de las dos provincias norteñas, el problema pasa porque en la ley ómnibus se “le daría a YPF la potestad de importar alcohol desde Brasil", explicó César Macina. "Competiría con los pequeños productores de alcohol y así nos borraría del mapa", precisó luego, nombrando solo a la empresa todavía con participación estatal, entre varias más que demandan bioetanol en el mercado interno.

(Imagen: gentileza Ingenio San Isidro, Salta). 

"Como entidad hemos propiciado y defendido la producción del alcohol para que todo el sistema funcione adecuadamente, sin eso no sacamos (provecho del) azúcar excedente", se explayó Macina. "Proveemos el combustible verde que el país demandó muchísimo en estos años, pero con una YPF voraz", aseguró, la situación cambiaría radicalmente. "Tenemos un procedimiento establecido hasta 2030", recordó en referencia al Marco Regulatorio de Biocombustibles que rige desde agosto de 2021.

Las declaraciones del presidente de la UCISJ sintonizaron con las del CAA en su comunicado. Desde el Centro Azucarero marcaron la gravedad de los cambios que plantea el gobierno nacional en la normativa vigente para biocombustibles. Criticaron puntualmente la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas (artículo 313 en la ley ómnibus que sustituye el artículo 13 de la ley 27.640), la habilitación a las petroleras para producirlo (al cancelar el artículo 11 de esa misma norma) y la posibilidad de autoabastecerse o comprarlo a precio libre a pesar de la posición dominante de tres empresas que compran el 95% del bioetanol a 20 elaboradoras (al derogar los artículos 16 y 17 de la ley de biocombustibles aún vigente).

También apuntaron contra la eliminación de la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol (presente en la derogación del artículo 12 de la misma ley) y, como marcó el CAA, "hasta faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa", que se esconde en la derogación del artículo 9 de la ley 27.640. Todas estas modificaciones que el proyecto de LLA propuso para su tratamiento en el Congreso nacional, se encuentran en la sección IV de la ley ómnibus. 

En su web la UCISJ informa que sus asociados son 130, de los cuales una minoría -unos 10 productores- poseen más de 600 hectáreas en producción. Del resto, la mayoría se distribuyen en Jujuy. En Salta los cañeros independientes -aunque en menor número que en Jujuy- se concentran alrededor del complejo de la empresa Seaboard -actual propietaria del Ingenio El Tabacal- en el departamento Orán. También en el departamento General Güemes, con el Ingenio San Isidro. 

Según estadísticas disponibles en Datos de Argentina, en Campo Santo (General Güemes), BioSanIsidro produce etanol para el mercado interno de biocombustibles desde enero de 2012 y su principal cliente hasta octubre de 2023 fue YPF SA. En el departamento salteño de Orán, El Tabacal participó en el mercado de etanol como Alconoa SRL entre enero de 2012 y noviembre de 2018, Ingenio y Refinería entre y abril de 2019, y finalmente como Seabord hasta la fecha. YPF SA, Pan American Energy y Shell figuran entre sus principales clientes. En el caso de Jujuy, Ledesma, con BioLedesma SA, y el ingenio Río Grande, con Río Grande Energía SA, participan en el mercado de biocombustibles al menos desde 2012. Entre las clientes petroleras figural YPF SA, Pan American Energy, Oil Combustibles, Shell y Energía y Derivados del Petróleo SA.

El futuro en la economía desregulada

"Nosotros no solamente fijamos una posición con respecto a la política del gobierno actual, sino que ya la vivimos directamente en los años 90 cuando Menem realizó la apertura de importaciones. Fue una medida similar a la que pretende Milei", dijo Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio San Isidro. Recordó que durante esa década la actividad languideció. "Hubo ingenios chicos, como el San Isidro, que tuvo que cerrar sus puertas por la apertura del mercado".

(Imagen gentileza Revista Chacra). 

Los trabajadores cañeros sindicalizados también buscan que las y los legisladores nacionales de cada provincia azucarera jueguen su partida en contra de la desregulación del sector. "Dialogamos con los legisladores", aseguró Cuenca. "El gobernador de Tucumán (Osvaldo Jaldo) quedó en contactar a los gobernadores de Salta y Jujuy, para fijar una posición en conjunto y salir a defender la industria regional y la mano de obra", adelantó en la entrevista con Salta/12. 

Cuenca opinó además que la importación debe ser regulada y para productos que no se fabriquen en Argentina. "De otro modo, destruímos toda la industria nacional", razonó. "Para productos como el azúcar o la harina de maíz no se deben abrir las importaciones", continuó. De ese modo, "las industrias seguirán generando empleo y sus industrias serán el motor de economías regionales". Puntualmente, subrayó que en Salta, El Tabacal es el mayor empleador privado de la provincia. "Nosotros a esto en los 90 ya lo vivimos. No estamos especulando. Cierra la puerta de trabajo, quedan miles de familias sin trabajo y las economías regionales destruídas", sentenció el gremialista salteño.

En el caso de la cadena productiva azucarera argentina, a las menciones específicas en el proyecto de ley ómnibus que se discutirá en el Congreso nacional, se suman las que detalló Milei en el DNU 70/23, que tiene por título "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina". 

En sus considerandos planteó lo que concretó en algunos artículos. En el 156 del Título VI referido a bioeconomía, ya derogó la Ley 18.770, de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno.