El conflicto entre la empresa minera de litio Zijin-Liex y trabajadores de Fiambalá por los despidos de 8 operarios y reclamos laborales, tomó rápidamente otras aristas y destapó la olla de la disputa por el derrame económico de la única empresa que hasta ahora explota litio en el distrito.

En medio del conflicto y la intervención del gremio AOMA que llevó a que la Dirección de Inspección Laboral dicte una conciliación obligatoria hasta la nueva audiencia el viernes 12 de enero, aparecieron en la escena actores de la oposición para ponerse al frente del reclamo y atizar el fuego.

Es que con el regreso de la oposición al gobierno de Fiambalá, el oficialismo perdió una de las tres plazas mineras más importantes de Catamarca, donde la empresa china Zijin desarrolla el Proyecto 3Q, que ya entró en etapa de producción de carbonato de litio.

El verano oficialista en Fiambalá duró dos temporadas en un territorio dominado por el radicalismo (ahora Juntos por el Cambio) durante décadas. Los últimos dos periodos se construyó un consenso social con el Gobierno Provincial y el municipio alineados y con la promesa mediante de que la actividad minera traería pan y trabajo.

Las empresas subcontratistas llegaron, el trabajo llegó, también el encarecimiento de la vida con alquileres por los cielos, y mano de obra de toda la región copó el tranquilo lugar que hasta entonces sólo se conocía por sus termas y el turismo de aventura.

A partir del mandato del gobernador Raúl Jalil, cuya asunción coincidió con el boom del litio a nivel mundial, los recursos que deja la minería a la provincia se administran a través de un fideicomiso que tiene como objeto la ejecución de obras que impliquen el desarrollo de las zonas de influencia minera. Antes era un recurso coparticipable entre todos los municipios aunque no fuesen mineros, y cada jefe comunal lo manejaba a su criterio.

Hasta ahora la mayoría de las obras del fideicomiso minero han sido destinadas a infraestructuras de puentes y caminos, así como a la mejora de algunos servicios básicos. En zonas postergadas desde siempre son muchas las demandas de este tipo. Pero estas obras no tienen un impacto directo en el bolsillo de las familias que históricamente han dependido del Estado. Más si la carta del Gobierno para alcanzar el consenso social ha sido la promesa de trabajo y mejor poder adquisitivo; algo que la inflación claramente no ha permitido alcanzar. El rigor laboral en un clima hostil, las largas jornadas, la supresión de derechos laborales y la inflación, son un combo que comienzan a desatar la desilusión con el paraíso prometido.

En medio de esto, las enflaquecidas arcas del Estado por la crisis económica y la quita de fondos del Gobierno Nacional, puso en vilo a los municipios, que tuvieron que aceptar el préstamo que ofreció la Provincia para pagar los aguinaldos. 

En este contexto, el conflicto entre la patronal y el gremio despertó enseguida el avispero político, donde la oposición ve en Fiambalá un botín a reclamar. Además de las generales de la ley que le cabe a la empresa minera en tanto el cumplimiento de los derechos laborales y el respeto de las normas y a los trabajadores, Fiambalá muestra el lado B de la política respecto a la minería. Una disputa que más que ir al fondo de la cuestión muestra una miopía política, que no logra ir más allá que un reclamo con tono asistencialista, práctica de larga data en la región.

Mientras Zijin entra en su etapa productiva, YPF se encuentra en etapa exploratoria y una empresa India acaba de desembarcar en el misto distrito. El shock que el litio está provocando en Fiambalá evidencia la necesidad de definir con claridad qué tipo de política minera quiere Catamarca, si realmente hay voluntad de transparentar los actos en relación con la actividad, así como el mensaje que se le va a dar a los inversores y a la sociedad desde todo el arco político. Definiciones que se vuelven más complejas en medio del avance del Gobierno Nacional sobre los recursos mineros de la provincia, pero por el mismo motivo se hacen más urgentes.

Mientras tanto los trabajadores y las familias quedan rehenes de las disputas que empoderan a muchos, y que los siguen dejando afuera de los beneficios prometidos.