No se hizo esperar. A menos de veinte días de haber asumido, el rejunte improvisado de la coalición libertaria que gobierna temporalmente la Argentina, con su clásico manual bajo el brazo, vino a imponer de forma abrupta, sin diálogos y ningún consenso, la lógica de mercado a todos los aspectos de la vida social. Es un ataque masivo a años de luchas y debates que construyeron derechos humanos, culturales, ambientales, laborales, previsionales, de salud, económicos y sociales, y que ahora se pretenden borrar sin pruritos.

El sector cultural no ha quedado exento. Además de los despidos masivos de trabajadores estatales, se proponen eliminar las instituciones públicas más antiguas, desfinanciar otras más nuevas, derogar leyes antimonopolios, entre otras afrentas, pero el objetivo fundamental parece ser que todo recaiga en la lógica del libre mercado. Ha sido muy rápido el repudio en redes sociales y de vastos sectores del mundo cultural, desde artistas a cámaras empresariales. Seguramente se transformen en procesos de resistencia y limiten el desguace.

No es objeto de esta nota entender la letra chica de las propuestas. Intentaré marcar algunas de las relaciones entre el neoliberalismo y la cultura, tratando de dar cuenta de cómo opera la lógica de mercado en el sector cultural y sobre todo, de argumentar cuáles son las consecuencias de retirar el Estado como garante de los derechos culturales, en su rol de intermediario y regulador.

Las últimas décadas estuvieron marcadas por una aceleración de los flujos de contenidos simbólicos a partir de internet y de tecnologías que bajaron los costos de producción y acceso. Dicho proceso —sin dudas revolucionario— tiene consecuencias democratizadoras, como nunca antes en la historia, en el acceso a la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales.

La mayor parte de esos flujos de contenidos circulan bajo el paraguas de corporaciones transnacionales (GAFAM + Netflix + Spotify), generando una transferencia multimillonaria de ingresos, y usos de la información social que aún están lejos de ser legisladas, mucho menos en países como el nuestro. También, la década del setenta, flujos financieros globales vienen adquiriendo empresas del sector cultural en procesos de concentración transversales a todos los sectores de la cultura, generando monopolios nacionales y transnacionales que controlan los mercados. Buscan maximizar ganancias a partir de la producción y venta de bienes y servicios culturales, homogeneizando, a su paso, la oferta de productos y narrativas culturales.

En contraposición, aparecieron (y en nuestro país con mucha fuerza) miles de proyectos culturales locales, donde la producción encontró actores sociales, comunitarios, independientes, autogestivos, que a veces pueden tener objetivos económicos, pero que sobre todo están ligados a los territorios desde donde producen. Ese anclaje es fundamental, no solo por su cercanía a las comunidades en donde habitan, sino porque su función social encuentra sentido cuando estas representan las experiencias y realidades específicas de sus territorios, cuando construyen narrativas auténticas que ayudan a fomentar el diálogo social, tejiendo nuestras identidades arraigadas y descentralizadas, y contribuyendo a la construcción de ciudadanías críticas que con su participación ayudan rotundamente a tener sociedades más democráticas. Estas características no impiden que los proyectos tengan valores comunes con las lógicas propias del sistema: aportan valor agregado a las economías locales y nacional, y generan empleo genuino, muchas veces de manera más fuerte que en las lógicas de las empresas transnacionales y las corporaciones.

La cultura no tiene las mismas reglas que el resto de los sectores de la economía por eso estos proyectos hoy están en riesgo. La crisis económica a la que nos están sometiendo a partir del aumento de tarifas, la inflación y otras políticas regresivas atentan contra los salarios y el consumo de la mayor parte de la población, y el sector cultural será uno de los más afectados. Pasó durante el gobierno de Macri como mostramos en los informes del CUICA-UNDAV (uno y dos). Además, estos proyectos son muy sensibles a la quita de financiamientos y subsidios por parte del Estado, ya que requieren líneas de asistencia y políticas activas para la consolidación de su producción y oferta. Por último, marcar que la eliminación de toda regulación, no garantizará inversiones ni posibilidades para mejorar la circulación de la producción local, por el contrario ayudará a que el flujo de contenidos globales se instale con mayor potencia generando mayores saldos negativos en las balanzas comerciales y procesos de mayor concentración económica.

Otro punto sobre el que deberemos prestar atención son las características autoritarias del actual gobierno. Al igual que sus homólogos Bolsonaro y Trump, Milei ha utilizado el latiguillo de la extrema derecha global sobre el “marxismo cultural” para hacer referencia a cualquier avances y discusiones de derechos humanos que se den en términos de políticas de género, de memoria, ambientales o descoloniales, promoviendo, en su rechazo, lógicas racistas, sexistas, clasistas, coloniales y xenófobas. En estos casos, a cualquier cosa que vean por fuera de sus lógicas, aunque sea de carácter privado, se le aplicará algún tipo de censura o persecución, directa o indirectamente.

Mientras vivenciamos el desastre y luchamos para combatirlo, ya nos tocará, ojalá más temprano que tarde, volver a reconstruir bases para un desarrollo cultural, y espero que logremos esta vez estar a la altura de las circunstancias. Deberemos ser capaces entonces de radicalizar nuestra democracia, planificando políticas culturales que aporten a la construcción de nuestras comunidades y territorios, que instalen formas de participación y colaboración social, que combatan y ayuden a reducir las desigualdades, que construyan vasos comunicantes en favor de los bienes comunes y los derechos culturales, y que, a partir de ciudadanos con capacidad crítica y consciente, contribuyan a develar las falsas promesas de libertad en pos de una patria realmente libre, justa y soberana donde quepamos todos.

* Director editorial de RGC Ediciones, presidente de la Asociación Civil por los Derechos Culturales y docente de la UNDAV.