Los gobiernos pasan y las películas quedan. Esta es una de las reflexiones que circularon a través de la Carta de Solidaridad al Cine Argentino firmada por el 9° Congreso Brasileño de Cine y Audiovisual, que reúne a 55 entidades del sector en el país vecino. Los artistas y trabajadores cinematográficos expresaron su contrariedad ante las recientes decisiones implementadas por el gobierno de Javier Milei que atacan directamente a la cinematografía argentina. Y es que el proyecto de Ley Ómnibus (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) se propone, entre otros ejes de conflicto, desfinanciar organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
Este espacio tiene entre sus principales objetivos la defensa del cine brasileño en pos de su autonomía. A lo largo de su historia logró formular y articular políticas diseñadas específicamente para el audiovisual bajo la forma de diversas instituciones y legislaciones de interés común. Uno de los debates que enfrentó recientemente fue la necesidad de regular el streaming para garantizar oportunidades reales de desarrollo dentro del sector. El peligro había surgido con la aprobación del proyecto de ley del senador Eduardo Gomes, que traía riesgos estructurales para el futuro del cine independiente, ya que en Brasil los estudios norteamericanos históricamente han ejercido presiones políticas para eliminar el antiguo Instituto Nacional del Cine.
Hace un tiempo en Argentina también venía debatiéndose la necesidad de regular las plataformas de streaming –que con la legislación vigente no tributan en el país– pero en 2022 el sector cultural se vio obligado a organizarse para defender lo conquistado: el objetivo prioritario era frenar el "apagón cultural" impuesto durante el macrismo con la modificación de un articulado y extender la prórroga de los fondos específicos asignados para cultura por 50 años. Ahora, en 2024, el proyecto de Milei impone otro retroceso porque su aprobación no sólo implicaría el cierre de organismos como el FNA o el INT sino también el desfinanciamiento de otros como Incaa, Inamu o Conabip.
Hay aquí una disputa en torno a la concepción de Estado y de cultura. Para el Congreso brasileño las medidas del presidente argentino "corresponden al distorsionado concepto neoliberal de reducir el Estado, que pasa a gestionarse como una unidad productiva privada" y en su comunicado aclaran: "Desde este punto de vista, la cultura es vista como algo deficiente, lo cual está lejos de ser cierto. Desde un punto de vista estrictamente económico, por cada película o serie producida se emplean cientos de personas, sin olvidar toda la infraestructura de cinematecas, productoras, estudios de rodaje, laboratorios, estudios de sonido y equipamientos urbanos".
La entidad brasileña señala que "la producción audiovisual de un país no puede verse únicamente en función de su dimensión económica" y la ubica esa producción como un elemento importante en la construcción identitaria de una nación, ya que condensa "historia, anhelos, cualidades y diversidad de un pueblo, contribuyendo a su reflexión y autoconocimiento". En la carta expresan su "solidaridad con la comunidad cinematográfica argentina" y aseguran que "la historia ya ha demostrado que ningún gobierno autocrático o dictatorial es capaz de superar la fuerza de la cultura y el cine".
