Tras las nuevas amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que instruyó "al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, para que se disponga el inmediato confinamiento del preso que está en una cárcel federal", señalado por las amenazas al mandatario. "El que las hace, las paga", publicó la funcionaria nacional. Quien está siendo investigado por esas amenazas es Francisco "Fran" Riquelme, un preso alojado en la unidad federal de Marcos Paz, que ayer fue imputado por otros hechos: la balacera de diciembre a la comisaría 19° y un ataque armado contra un domicilio familiar, días antes. El fiscal Franco Carbone le imputó haber instigado sucesos de intimidación pública, daño, abuso de armas, y como autor de amenazas, en relación a esos casos del mes pasado, e hizo un pedido de restricciones en sus comunicaciones y visitas, durante la prisión preventiva. El imputado ya fue acusado el año pasado por balaceras contra escuelas y comisarías, el complejo penitenciario y domicilios particulares, cometidos entre abril y mayo. En aquel momento, fue sindicado como jefe de una banda ligada a Esteban Alvarado.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el día después de que el mandatario santafesino recibiera una nueva amenaza en su contra, a través de una nota que llegó a la Dirección de Migraciones, el lunes por la mañana. Ese hecho se sumó a otras amenazas que recibió en diciembre pasado, luego de las primeras medidas tomadas en materia de seguridad, como traslado de presos y requisas en penales, entre otras. Por esos días, hubo tres atentados a edificios de la ciudad y en dos ellos dejaron mensajes amenazantes contra Pullaro. El primero fue contra una sucursal bancaria de zona sur, a la que horas después le siguieron disparos contra la fachada del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), y una balacera contra una escuela de zona oeste. Con todo, días atrás, Pullaro dijo que había sacado a su familia de la ciudad. 

Como las anteriores, estas amenazas generaron un amplio abanico de declaraciones de repudio y de solidaridad con el mandatario santafesino. Desde su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hasta el sindicato estatal, entre muchas otras expresiones. 

Ayer, la ministra de Seguridad nacional dijo que dispuso "una serie de medidas con presos de alto riesgo y máxima seguridad que están en cárceles federales”. En ese sentido, anticipó que el subsecretario de políticas penitenciarias ya recibió la orden para implementar un programa de “alto riesgo” en las unidades carcelarias que están bajo la órbita nacional. “Aquellos que se considera, prima facie, por la Justicia de Santa Fe que serían los que están llevando adelante la amenaza, van a entrar al programa de alto riesgo que estamos comenzando en las cárceles federales”, señaló Bullrich.

Más tarde, en redes sociales, publicó: "Instruí al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, para que se disponga el inmediato confinamiento del preso que está en una cárcel federal que realizó las amenazas al gobernador Pullaro". Casi al mismo tiempo, desde Fiscalía se indicó que había una audiencia en curso, relacionada con esas declaraciones.

Quien estaba siendo imputado es "Fran" Riquelme, en relación a dos hechos cometidos en diciembre. Fuentes de fiscalía indicaron además que "está siendo investigado por esas amenazas" al gobernador. El fiscal Carbone le atribuyó dos hechos cometidos durante su estadía en el penal de Ezeiza, donde estuvo preso en el marco de otras causas en las que está acusado. Uno de ellos fue la balacera a un domicilio particular, cometida el 15 de diciembre pasado; y la otra es la balacera contra la seccional 19°, del 27 de diciembre. Para el fiscal tuvo la "clara finalidad de infundir temor y conmoción pública, lo que se evidencia en la selección de un edificio policial como blanco, como así también en los medios materiales empleados, máxime teniendo en cuenta la coyuntura especial en la que se encuentra la provincia en momentos en que los más altos funcionarios del Gobierno Provincial están siendo objeto de distintas amenazas", sostuvo.

La Fiscalía le endilgó "haber planificado, coordinado y congregado desde su lugar de alojamiento al momento de los hechos (penal de Ezeiza) los medios, elementos y personas necesarias para llevar a cabo y ejecutar el ataque armado contra la fachada de la Comisaría 19na", el 27 de diciembre. En ese sentido, se indicó que días antes, el 22 de diciembre, no se le había permitido ingresar a una visita, "por encontrarse sancionado", siendo que en consecuencia el acusado amenazó al personal del Servicio Penitenciario. Cinco días después, a las 2.30 de la madrugada, "siguiendo expresas instrucciones del imputado, personas que se movilizaban a bordo de un auto efectuaron al menos siete detonaciones a la Comisaría 19°, con una pistola calibre .380". Tras el ataque, dejaron una nota" que apuntaba a un preso y rezaba "dejá de batir la cana y plantate". 

También se le atribuyó un hecho cometido doce días antes: "Haber utilizado una línea telefónica ordenando un ataque armado contra el domicilio de una víctima y su grupo familiar". Con mensajes intimidantes de Whatsapp a la víctima requirió bajo amenazas de muerte la devolución de un arma de fuego que le habría “prestado” al hermano de la víctima. Ante la negativa de la víctima, el imputado seleccionó a personas que le responden directamente y se encuentran en libertad, y así planificó y ordenó un ataque armado contra la vivienda de la familia.

Restricciones

La jueza Hebe Marcogliese hizo lugar al pedido de restricciones por parte del fiscal, en relación a que las comunicaciones telefónicas sean sólo hacia las personas autorizadas; visitas con blindex y organización de visitas con antelación. En cuanto a la modalidad de recepción de visitas, se ordenó que sean recibidas en los locutorios, es un sector de contacto individual que posee un blindex; que se permita la visita solo de familiares directos debidamente acreditado el vínculo y previamente autorizados, con una frecuencia semanal de dos horas. Además, se sugieren requisas periódicas; restricción de las comunicaciones telefónicas: se ubicará el teléfono fijo en un lugar que se encuentra monitoreado por cámaras de seguridad. Se le permitirá realizar llamadas una vez al día en los horarios en que el Servicio penitenciario habilite.

Seguir adelante

El gobernador reiteró ayer que está dispuesto a “terminar con las organizaciones criminales” y sobre las amenazas contra él y su familia respondió: “Seguimos adelante, a nosotros no nos van a amedrentar”. Pullaro respaldó el anuncio de la ministra Bullrich, de endurecer las condiciones de alojamiento de presos de alto perfil que cumplen condenas en cárceles federales. “No nos van a amedrentar ni atemorizar. Hay una decisión: va a bajar la violencia en Rosario y en Santa Fe”.

Desde la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig expresó su solidaridad para el gobernador. “Una nueva amenaza contra Pullaro y su familia demuestra que las cosas se están haciendo bien y la narcocriminalidad ya no es impune, ni en el seno social como tampoco dentro de las cárceles en donde están presos los cabecillas de las principales bandas”, dijo.