Desde sus orígenes, la economía liberal puso reparos respecto de la intervención del Estado en la educación. Ya en Siglo XIX, J. S. Mill planteó que “Un sistema de educación estatal es simplemente un medio para producir personas con el mismo molde… y conduce a un despotismo sobre la mente…”. Pero el anarcocapitalismo, del que es fanático el Presidente Javier Milei, ha ido mucho más allá en su denostación de la escuela, la educación pública y la escolarización. Las principales propuestas de reforma de la legislación educativa incluidas en el “Proyecto OMNIBUS” están basadas en los postulados de la Escuela Austríaca.

Para el anarcocapitalismo una educación libre exige, como enuncia Fernando Nogales Lozano, uno de sus principales promotores, separar la educación del estado; implantar mercados privados de enseñanza libre en los cuales no debe existir coacción alguna ni en la forma ni en los contenidos educativos y en donde el total protagonismo lo tengan los “clientes y demandantes” de la enseñanza tanto en el diseño como en la dirección de las estructuras y contenidos educativos.

Como sintetiza Nogales Lozano: “Para los liberales no cabe otra solución que, primero desenmascarar la falsedad del binomio educación y pública y segundo, separar totalmente al estado de la educación”.

Pero el extremismo de los seguidores de Fiedrich Hayek va más allá en su rechazo a la escolaridad. Manifiestan que sus modelos ideales son el “home-schooling” y el “unschooling”. Rechazan la misma existencia de las instituciones educativas y promueven el estudio en casa, evitando la relación directa del docente con los alumnos y la socialización entre los estudiantes. Mientras que en el “home-schoolling” se enseña lo mismo que se aprendería en el colegio pero aisladamente en cada casa, en el caso del “unscholling” la propuesta es más extrema, el modelo educativo es totalmente libre y diseñado por los propios padres sin ningún tipo de intervención externa ni en los contenidos, los métodos o la evaluación.

El modelo de la escuela austríaca se completa con lo que sus promotores denominan la “educación diferenciada”. Ello implica desarrollar educaciones distintas según “sexo, nivel intelectual, de clase de inteligencia, de razones de edad o cualquier otra diferenciación”. Por ejemplo, plantean que es necesario desarrollar las potencialidades diversas de cada sexo porque “está harto demostrado que los cerebros masculinos y femeninos son diferentes”. En síntesis, para el modelo libertario, cuánto más privada, libre, diferenciadora, no institucional e individualista sea la educación, mejor serán sus resultados y posibilidades de inclusión en el mercado.

El ejemplo más evidente del intento de imposición de las concepciones del anarcocapitalismo en la educación argentina es la propuesta de sustitución del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional (26026) incluida en el Proyecto “Omnibus”. Permite que los niños puedan dejar de concurrir a la escuela a partir de los 9 años. Posibilitando la educación a distancia, en la casa, para la educación obligatoria que, en el texto anterior, sólo estaba habilitada para jóvenes a partir de los 18 años o en casos de excepción como catástrofes o pandemias. Pero al mismo tiempo elimina el requisito de que para este tipo de educación se respeten los criterios pedagógicos, el régimen académico y los núcleos de aprendizajes prioritarios que están aprobados por el Consejo Federal de Educación para todo el sistema educativo nacional. También se deroga la responsabilidad del Estado de “proveer los recursos tecnológicos y la conectividad que promuevan la igualdad educativa”. La aprobación de este artículo no sólo permitiría que indiscriminadamente se implanten el homeschooling y el unschooling en nuestro país, sino que violaría las obligaciones que la Constitución Nacional fija al Congreso de la Nación y al Estado respecto del derecho a la educación (Art. 75). Por supuesto que la eliminación del requisito de la escolaridad promueve la profundización de la desigualdad respecto al acceso a los conocimientos socialmente necesarios para incorporarse al mundo del trabajo y la ciudadanía plena. Pero al mismo tiempo atenta contra una de las funciones básicas que dio origen a la escuela moderna, la necesidad de socialización entre niños y jóvenes para aprender, entre otras cosas, a convivir en la diversidad. Como señala Byung Chul Han, en su libro Infocracia, esta responsabilidad de la escuela es cada vez más importante en épocas en que las redes y el dataísmo tienden a la conformación de ciudadanos cada vez más individualistas.

Pero la esencia del pensamiento anarcocapitalista sobre la educación también queda al desnudo en la constatación de que ninguna de las reformas propuestas en el proyecto “ómnibus” atiende a los problemas pedagógicos o de la calidad de la educación que sí padece nuestro sistema educativo. Por supuesto la propuesta incorpora numerosas instancias de evaluación a docentes y alumnos (art 76, 78, 95, 97), pero al no estar vinculadas a estrategias que permitan atender pedagógicamente las falencias que muestren estas evaluaciones, ponen en evidencia que el único objetivo de tomar exámenes y difundir sus resultados es estigmatizar, discriminar y someter a instituciones, docentes y estudiantes a la lógica de la competitividad de mercado.

Otras propuestas de modificación de las leyes educativas están directamente orientadas a disminuir la participación de los docentes en las cuestiones educativas (art. 69); a provincializar decisiones acerca de las condiciones de trabajo docente y a su financiamiento que generarán más desigualdades inter-juridisccionales (art 26 y 75) y a generar ingresos privados a las instituciones educativas públicas. Entre estas últimas, hay una reforma propuesta que es realmente increíble: en la modificación de la Ley de Cooperadoras Escolares (26.759) se promueve la introducción de la propaganda privada en las escuelas públicas, seguramente con el objetivo de que la publicidad compense el ajuste en la inversión oficial en la educación.

Por último, nos parece importante destacar que la crítica a las reformas legislativas que promueve el Gobierno de Milei, no implica el desconocimiento de que es imperiosamente necesario y urgente transformar y mejorar la actual realidad de nuestro sistema educativo. Pero las reformas deben ir en el sentido contrario de las propuestas enunciadas en el “Proyecto Omnibus”. Con estado y una sociedad presentes en la promoción de la igualdad de la calidad educativa para todos/as y como resultado de un debate amplio, en el que participen el conjunto de los actores que construyen la realidad educativa en nuestras escuelas y Universidades.