Las presentaciones de los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, ante el Poder Judicial revelan cómo el gobierno de Javier Milei busca imponer una drástica modificación de la vida política y económica sin respetar la normativa constitucional. En las presentaciones judiciales contra los amparos presentados para frenar el DNU 70/2023, Barra sostuvo que las "razones de urgencia y necesidad" que motivaron el decreto "constituyen cuestiones políticas no judiciables" y pidió al Poder Judicial que no intervenga.
"Actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes", sostuvieron los abogados de la Procuración y agregan: "No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, más no del Poder Judicial".
La posición política de imponer un modelo económico ultraliberal se anticipa en los dos primeros artículos del DNU, en el primero que declara la emergencia en todos los ámbitos a nivel nacional para en el segundo declarar la decisión política de "desregulación" de la economía; sin atender lo que ordena la Constitucional Nacional para la utilización de la herramienta del DNU, limitado a circunstancias excepcionales que no se condicen con la derogación y modificación de casi un centenar de leyes, pasando por encima del Poder Legislativa.
A pesar del rol del Poder Judicial para velar por la Constitución Nacional y del rol del Poder Legislativo en la sanción de leyes, las presentación del equipo de Barra sostiene que "la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política".
Barra expuso ayer en la apertura del debate en la Cámara de Diputados por la "Ley Ómnibus" y dejó también una postura alarmante respecto del respeto a la Constitución Nacional al sostener que "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente". En las presentaciones, a las que accedió Télam, precisamente la idea de "necesidad y urgencia" se intenta forzar en el marco del contexto de crisis económica.
"El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley", justifican los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.
En el debate ocurrido el martes en la Cámara de Diputados, el presidente del CC-Ari y diputado por el bloque Hacemos Coalición Federal, también llamó la atención sobre los particulares interpretaciones normativas de Barra, que amenazan con desconocer el sistema de división de poderes, y le solicitó que explique el concepto de "urgencia política", que el ex ministro de Justicia menemista había vertido en una entrevista al diario Clarín, argumentando la debilidad del gobierno para imponer sus leyes en un Congreso donde son minoría.
La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien se encuentra de turno en la feria judicial y que la semana pasada decidió que los distintos amparos contra el mega DNU continuarán su camino en los distintos fueros, sin reunirse todos en el Contencioso Administrativo. Entre ellas, la presentación hecha por la CGT que obtuvo la suspensión del capítulo laboral en la Cámara del Trabajo.
Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro. En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y, que hasta que eso ocurra, se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.
