En época de elecciones, más de unx candidatx se saca fotos con el cartel "Ni Una Menos", pero no son tantxs quienes llenan esa consigna del contenido que venimos construyendo en la Argentina desde hace años, con un hito insoslayable -el 3 de junio de 2015- de miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans en las calles de todo el país.

En aquella marcha inaugural del espacio, establecimos cinco puntos que el Estado debe cumplir para avanzar en políticas reales para terminar con los femicidios.

Dijimos en ese momento, reafirmamos ahora:

*Puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, tal como está estipulado en la ley 26.485. Las políticas integrales que establece la ley siguen siendo una deuda del estado con nosotras.

*Patrocinio jurídico gratuito que garantice la adecuada atención de las víctimas en todo el proceso judicial. Pese a todas las promesas, sigue pendiente.

*Registro Oficial Único de Víctimas. Al día de hoy, seguimos contando solamente con las estadísticas de organizaciones no gubernamentales.

*Garantizar la implementación de la Educación Sexual Integral. Muy distante de eso, el gobierno nacional viene recortando ese programa desde su asunción y las instituciones religiosas buscan complicidad en el gobierno provincial para frenar su aplicación en Santa Fe.

*Garantizar la protección de las víctimas. Precisamos abordajes integrales, acompañamientos a todas las mujeres en situación de violencia. El gobierno provincial anunció para el mes que viene la llegada de 5 tobilleras duales para prueba piloto para casos de violencia machista en los que Tribunales de Familia dicten prohibición de acercamiento. La tobilleras debe enviarlas el gobierno nacional.

Por eso, exigimos a lxs candidatxs que no levanten nuestras banderas si las políticas de su sector son diametralmente opuestas a nuestros reclamos. Vemos con especial preocupación el avance de sectores autodenominados "pro-vida" que en verdad son contrarios a los derechos de las mujeres.

La legalización del aborto es un reclamo nodal y una deuda de la democracia. Apoyamos el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que nunca pudo ser tratado en comisiones, y exigimos a lxs candidatxs el compromiso para impulsarlo. Además, quienes se postulan para el Concejo Municipal deben garantizar que fortalecerán las políticas públicas en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos. Por otro lado, consideramos que la sociedad siempre está preparada para llevar adelante los debates si existe la voluntad política de la dirigencia de impulsarlos.

Desde nuestro espacio, nos resulta imprescindible plantear la necesidad de las alianzas entre pares y bregar por una campaña donde los vicios de la política tradicional no sean reproducidos por las candidatas. Queremos que la voz de todas las mujeres sea escuchada en el Concejo y queremos que las representantes de los distintos partidos políticos no hagan campaña invisibilizando a otras mujeres. Tenemos el desafío por delante de transformar la contienda electoral tal cual la conocemos.

Y recordamos que el ajuste económico, con pérdidas de fuentes de trabajo, mayor precarización laboral y pérdida de poder adquisitivo, afecta en mayor medida a las mujeres.

Por todo eso, sin sentirnos dueñas de ninguna bandera pero conscientes de que no se puede malversar nuestra lucha por una simple cuestión de marketing, pedimos que lxs candidatxs se abstengan de hablar en nuestro nombre si sus acciones y decisiones no son coherentes y no acompañan nuestros reclamos y exigencias.