Familiares de las víctimas de la llamada "Masacre de Wilde", reclamaron que la sentencia a siete expolicías de la bonaerense quede firme para que los condenados cumplan las respectivas sentencias a 25 años de prisión.
Por su parte, el Tribunal de Casación de la provincia fijó la próxima audiencia de la causa para el próximo mes de marzo. A treinta años de los hechos, Raquel Gazzanego, viuda del vendedor de libros Edgardo Cicutín, uno de los cuatro hombres víctimas de "gatillo fácil" dijo que "gracias a la injusticia argentina los asesinos siguen libres".
Los expolicías llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra. Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había requerido la máxima pena, por considerar que entre los imputados existió un "acuerdo previo para matar". Según la funcionaria judicial, la prueba demostró que "se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas", a las que emboscaron en la zona de Wilde. Por otro lado, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de los siete expolicías.
El 10 de enero de 1994 el remisero Norberto Corbo manejaba un Peugeot 505 en el que llevaba a Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, mientras que Edgardo Cicutín se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente.
Mientras ambos vehículos transitaban por la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, según se interpretó posteriormente, los confundieron con delincuentes.
De acuerdo a las pericias, los autos involucrados y las víctimas recibieron alrededor de 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi. Los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora los sobreseyó y liberó. La causa siguió curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
