El 1º de marzo 1976, días antes del golpe de estado, los hermanos Alfredo y Domingo Arévalo, oriundos de Los Juríes, Santiago del Estero, fueron secuestrados y trasladados a Tucumán. El 11 de julio de ese mismo año fue secuestrado Carlos Santillán. Tenía 28 años y trabajaba como jornalero en el Ingenio San Juan de Tucumán. Tanto los Arévalo como Santillán permanecía desaparecidos hasta ahora cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos óseos que habían sido hallados en lo que se conoce como el Pozo de Vargas, una foza común donde fueron rescatados 149 restos óseos.

La justicia Federal notificó el martes pasado las dos nuevas identificaciones realizadas por el EAAF de los restos recuperados por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) de esa fosa de inhumación clandestina. El Pozo fue utilizado por el Ejército argentino desde 1975 cuando se implementó el denominado Operativo Independencia que, con el pretexto de luchar contra las organizaciones guerrilleras, implementó las prácticas represivas que luego se aplicarían en todo el país tras el golpe de 24 de marzo de 1976.

El obrero azucarero Santillán fue detenido el 11 de julio de 1976 en un operativo que se realizó en su casa ubicada en la Banda del Río Salí, una ciudad lindante con la capital tucumana. 

El caso de los hermanos Arévalo, que fueron vistos detenidos en el centro clandestino que funcionaba en la Jefatura de la Policía tucumana, es algo más complicado que el de Santillán. El EAAF advirtió que "desde el punto de vista antropológico, las características etarias observadas en los restos óseos son compatibles (con Alfredo y Domingo Arévalo), sin embargo por la poca diferencia de edad entre ambos no es posible hacer una distinción". Junto a Alfredo y Domingo también fue secuestrado Alberto (27) otro de los hermanos Arévalo. Anteriormente, el 29 de febrero de 1976, en el conubarno norte, se produjo el secuestro del hermano menor Antonio (23) y Emilio Confesor (47), padre de los cuatro.

El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó antes y durante la dictadura militar.

Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la posterior dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación allí.

El 10 de febrero de 2023, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa "Pozo de Vargas", luego de 20 años de trabajo, "ha llegado al final de la excavación".

"De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba en el interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)", indicó el texto.