Ni el paro de colectivos ni la tormenta que azotó la provincia impidieron que familiares, amigos y artistas se manifestaran ayer frente al penal de Villa Gorriti para exigir la libertad del docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador independiente Roque Villegas, quienes cumplen prisión preventiva por 60 días, acusados por compartir publicaciones en redes sociales referidas a la vida privada del ex gobernador Gerardo Morales.
Morandini y Villeags cumplieron ayer seis días de cárcel pero ya en el Pabellón 1 de la Unidad Penitenciaria N° 1, de Gorriti, lo que implica una mejoría en las condiciones de detenciones, dado que el viernes último, cuando fueron llevados al penal, fueron alojados en el Pabellón 2, donde permanecían aislados.
Sus familiares venían pidiendo mejoras en la detención, y si bien consiguieron que el fiscal penal Walter Rondón pida el traslado a la sede del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), esa medida no se había concretado hasta ayer. "Pedimos celeridad al traslado", reclamó ayer la pareja de Morandini, Lucía Castro Olivera, quien contó que al parecer la demora se debe a una formalidad impuesta por las autoridades.
“El lunes cuando nos dijeron del traslado a una oficina fuera de un Servicio Penitenciario nos dijeron que bastaba la aceptación por whatsapp de los abogados”, sin embargo, al día siguiente, pidieron que se notificaran formalmente. “Es un situación que no entendemos, se toman tiempos diferentes a los imputados, a la familia, que queremos verlos”, lamentó.
En ese marco, familiares y el colectivo de artistas llegaron ayer hasta el penal de Gorriti a pesar del paro del transporte público y la intensa tormenta que azotó a la capital. El objetivo era que los detenidos escucharan voces amigas. Por eso empezaron las actividades previstas con la lectura de poemas de Nahuel, pero la furia de un granizo diluyó lo programado y debieron contentarse con dejar expresado el pedido de que libertad para ambos trabajadores.
Castro Olivera, y Norma Vega, hermana de Villegas, recién pudieron visitarlos el martes en el pabellón 1, donde se aloja a detenidos con “buena conducta”. “Nahuel está con muy pocas cosas, lo vi tranquilo, bien. Le hizo bien el cambio del pabellón”, contó la pareja de Morandini. Dijo que el docente le contó que lo trataron bien: “la impotencia y la angustia está en el trato del juez y del fiscal, el exceso de la pena. Los momentos de mayor angustia fueron cuando no le entregaban los anteojos. No quiere que sus hijas vayan al penal, así que vamos a seguir esperando el traslado, y más que nada la libertad", sostuvo.
También integrantes de la Multisectorial contra la Reforma pidieron la libertad de Morandini y Villegas, en sintonía con el pedido de la familia que ha solicitado libertad o prisión domiciliaria. Además, la Multisectorial pidió al gobierno de la provincia que cese con la persecución y hostigamiento a la oposición. Lo hizo en el marco de un renovado impulso represivo con notificaciones por diferentes acusaciones a referentes sociales, políticos e integrantes de comunidades originarias. Hoy mismo está prevista una audiencia de imputación en Humahuaca a comuneros y comuneras del pequeño pueblo de Caspalá.
Este nuevo capítulo se inició con la detención de Morandini y Villegas, acusados por compartir una publicación en redes sociales. La causa se inició por denuncia de la esposa de Morales, Tulia Snopek, también mencionada en esas publicaciones. Snopek asegura qaue estas publicaciones dañan la integridad de su pequeña hija.
La detención de Morandini y Villegas ha sido repudiada por diferentes sectores que han señalado que se viola la libertad de expresión, además de que las redes sociales no están reguladas y de que hubo cientos de publicaciones sobre el mismo asunto. En ese sentido familiares de los detenidos dieron cuenta de una vigilancia previa a la aprehensión de los jóvenes. Morandini y Villegas no se opusieron al requerimiento judicial y entregaron sus dispositivos móviles para que se investigue, a pesar de eso el fiscal Rondón pidió que permanezcan detenidos con el argumento de que podrían entorpecer la investigación, lo que fue aceptado por el juez de Control Roberto Assef, que ordenó las prisiones preventivas de 60 días.
