La Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional luego de la acción presentada por una legisladora porteña contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
Se trata de un planteo formulado por María Celeste Fierro (MST- FIT Unidad), y autoridad del partido Nueva Izquierda Distrito Capital Federal contra el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", argumentando que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.
En la presentación judicial se había afirmado que el protocolo "amenaza derechos políticos" y se consideró que "penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión".
Ante este marco, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco reconocieron la urgencia de la posible afectación de derechos constitucionales y la posibilidad de criminalizar la protesta social, aspectos que fueron destacados en la presentación contra las medidas de la cartera de Seguridad nacional.
"Debe considerarse a la petición efectuada como comprendida entre las diligencias urgentes a la que se hace referencia en el art. 153 del Código Procesal. En consecuencia, resulta procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos", señalaron en su resolución.
Y determinaron que el asunto tiene una connotación penal, vinculada al actuar de estas fuerzas en casos de "delito flagrante", y en consecuencia asignaron competencia a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
El planteo del MST, que incluye el reclamo de que se dicte de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo ante posibles protestas callejeras, había pasado antes por juzgados de los fueros electoral; contencioso administrativo; y criminal y correccional, que se habían declarado incompetentes.
