Legisladores de Unión por la Patria se reunieron en el Congreso con farmacéuticos para discutir propuestas en torno a la situación actual de acceso a medicamentos por parte de la población. Lo que sucede con los precios no tiene parangón y Argentina, gracias a la disparada de los últimos dos meses, de un 140 por ciento de aumento, constituye una excepción mundial. Bajo esta premisa, la compra de remedios cayó casi en un 20 por ciento, con lo cual, 2 de cada 10 personas que accedía a sus tratamientos ya no lo hacen. Lo que aún significa más, el DNU --que desregula amplios sectores de la economía-- perjudica especialmente al sector de la salud en varios sentidos: con los incrementos previstos por las prestadoras de medicina privada durante el primer trimestre, las cuotas podrían subir un 85 por ciento. En este marco, la oposición planea hacerse fuerte desde el Congreso y ofrecer resistencia.

Además de las alertas por los precios de los medicamentos, en la reunión de la que participaron diputados como Daniel Gollan y Pablo Yedlin, se apuntaron otros aspectos del decreto que preocupan al sector. La norma emitida por el presidente permite la venta de medicamentos no recetados fuera de las farmacias (por ejemplo, en góndolas), factor que podría provocar un riesgo sanitario al incentivar la automedicación; así como también habilita a las farmacias a funcionar sin profesionales farmacéuticos que realicen y controlen las dispensas, eje que afecta a la población en relación al asesoramiento y seguimiento de tratamientos que suelen hacer solo los profesionales capacitados. Otro punto que se discutió este jueves fue la habilitación a las droguerías a entregar medicamentos al público, lo que podría provocar distorsiones en la distribución.

Pablo Yedlin, diputado nacional de Unión por la Patria, comentó: "En lo que respecta a las modificaciones sobre la ley de farmacias, el DNU atrasa y libera la venta de medicamentos en lugares sin farmacéuticos. Eso va a generar un riesgo que ya vivimos en los 90, de venta de drogas ilegales, adulteradas, importadas sin permiso o vencidas. Lo único que puede garantizar la dispensa de medicamentos en forma segura en un sistema de salud como el argentino es la presencia de farmacéuticos en las farmacias”. Advirtió, desde aquí, el “enorme peligro” que se avecina para la salud pública. “No solamente permite la venta de medicamentos en cualquier lugar, sino que además ya no es más un delito penal la venta de cualquier medicamento fuera de la farmacia”, sostuvo.

Al respecto del encuentro, Rubén Sajem, director de Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) y referente del sector, apuntó: “Es importante tener este tipo de reuniones en las que están representados todos los sectores de la actividad farmacéutica. Básicamente, se hicieron aportes para dejar en claro lo negativo que es este DNU para la farmacia argentina”. Luego continuó: “Coincidimos en trabajar de forma conjunta con diputados y senadores para derogar este DNU, en la medida en que afecta a la salud de la población. Buscamos reunir esfuerzos en pos de una farmacia orientada a su función sanitaria y no al mercado. Los medicamentos no pueden ser vistos como un producto más, necesitamos respaldar su función necesaria, su función social”.

Un aumento desproporcionado

El incremento de los medicamentos se ubica como un conflicto que requiere de solución urgente en la medida en que, junto con los alimentos, los remedios constituyen insumos que los humanos adquieren para satisfacer necesidades básicas. Desde el 31 de octubre se cayeron los acuerdos que los laboratorios mantenían con el gobierno anterior y el precio de los remedios dejó de acompañar a la inflación. Si bien hasta ese momento la inflación acumulada era de 123 por ciento y el incremento en los productos de farmacia era, aproximadamente, de 120 por ciento, todo se desbocó. De acuerdo al último informe confeccionado por el Ceprofar, en los últimos dos meses se produjo una suba fenomenal del orden del 140 por ciento.

Frente a este aumento de precios, ya se estima que la compra por parte de los usuarios cayó en un 19 por ciento, esto es, dos de cada 10 personas que van a la farmacia a adquirir los remedios que usaban de manera corriente ahora no se llevan nada. O bien, directamente, a sabiendas de la disparada en los importes ni siquiera van a los comercios. Así es como cada vez menos personas pueden acceder al medicamento que requieren y se quedan sin soluciones para afrontar sus problemas de salud.

Para tener referencia: la amoxicilina, uno de los antibióticos más usados, pasó de 3300 pesos en noviembre a 7800; el ibuprofeno jarabe para niños, de 3000 a 5500 pesos; en remedios para controlar el colesterol, de 15 a 30 mil; un digestivo ahora cuesta 7 mil; un antiespasmódico para dolores gastrointestinales o unas gotas descongestivas para la nariz, 4 mil; las pomadas de uso habitual para los bebés llegan a 10 mil; y los colirios, 5 mil. La lista de subas podría seguir.

Por otro flanco, la población es golpeada por el incremento de las prepagas. Según todo indica, durante el primer trimestre de 2024, los aumentos a los usuarios rondarían el 85 por ciento y, como resultado, muchos afiliados ya piensan en cambiar de servicio o quedarse sin cobertura privada.

La salud como mercancía

El DNU que hoy está en el centro de la escena política, además de desregular el sector y habilitar estos incrementos indiscriminados en medicamentos y prepagas, también golpea por un tercer vértice, al disponer la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, encargada de promover la producción pública de medicamentos en las diferentes provincias.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sintetizó su perspectiva en sus redes sociales. “Cabe destacar que en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí. Esa es la libertad que nos vendieron: la de poder aumentar los precios sin control ni regulación. El descontrol produce, ni más ni menos, pérdida de acceso y salud”. Después completa: “La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud”.

Por estos días, la legislatura bonaerense intenta avanzar en la creación del Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Intendentes radicales también discuten en la misma línea preocupados por la suba de los precios en los medicamentos.

Desplazar al Estado de un campo tan sensible como la salud, lo único que provoca es inequidad en el acceso a un derecho que, desde el gobierno actual, interpretan como privilegio.

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