Al tiempo que ayer el gobierno provincial derribó en el oeste rosarino un primer búnker de drogas en el marco de la Ley provincial de Microtráfico, que rige hace dos semanas en Santa Fe; la Justicia provincial autorizó otras cinco demoliciones de puntos de venta de estupefacientes "históricos" de barrios de la ciudad, en el marco de la misma normativa. "Es una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta", dijo el ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Coccocioni, sobre la demolición de ayer, que fue autorizada días atrás en una audiencia judicial. Por su parte, la titular provincial del Ministerio Público de la Acusación -que a partir de la normativa interviene en las causas de narcomenudeo-, María Cecilia Vranicich, agregó: "Para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión". El fiscal Franco Carbone, en tanto, dio detalles de la medida de cese de estado antijurídico que permite derribar otros cinco puntos de venta de drogas.
Como parte de las primeras intervenciones en el marco de la ley de Microtráfico, en vigencia desde el 29 de diciembre pasado, ayer la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó un "kiosco" ubicado en Riobamba 5000, vinculado a la causa del clan “Riquelme”, en relación a Francisco Riquelme, el preso del penal de Marcos Paz investigado por amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
El ministro Cococcioni, estuvo en el lugar, desde donde señaló: “A trece días de la entrada de vigencia de la ley provincial de Microtráfico, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la Policía de Investigaciones y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”, sostuvo. Y agregó: “Esta Ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico; y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”, dijo.
La medida fue solicitada días atrás por el fiscal Aníbal Vescovo y obtuvo autorización de la jueza María Chiabrera, junto con la imputación de ocho personas que habían sido detenidas por tenencia de estupefacientes para su comercialización.
Cococcioni sumó que se está “trabajando en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio; sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse. Los vecinos pueden denunciar acciones irregulares o venta de droga en los Centros Territoriales de Denuncia o al propio MPA que incluso tiene una página web para hacer denuncia online”.
La fiscal general Vranicich, en tanto, apuntó a "aclarar que este búnker que ustedes ven precario, lo hemos priorizado porque es lo que técnicamente llamamos 'un mercado abierto de drogas' que genera violencia altamente lesiva”. Y en ese marco, fue contundente: “Este búnker fue generador de la muerte de una persona; y si damos una vuelta por el barrio vemos que hay una escuela primaria a unos pocos metros y otra escuela a tres cuadras, entonces claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión, que como lo dijo el ministro empezó hace 13 días con los mismos recursos”.
Inédito
Según detalló el fiscal Carbone, ayer se solicitó en una sola audiencia judicial el derribo de cinco instalaciones que calificó como "estructuras dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo". Se trata de una medida de cese de estado antijurídico que autorizó la jueza Silvia Castelli. Según indicó el fiscal se trata de medidas de carácter "inédito en la legislación nacional".
"Esto es una investigación proactiva que tiene que ver con las estándares de la nueva ley de Microtráfico. Esta es la primera consecuencia seria e importante para los barrios en los que tomamos intervención", dijo. El funcionario judicial indicó que se trata de lugares en Empalme Ludueña y Tablada. "Uno tiene que ver con "Fran" Riquelme, jefe de una asociación ilícita con más de 15 imputaciones y recientemente imputado por ataques a una comisaría y un hecho frustrado de amenazas contra el gobernador". También mencionó espacios "asociados a la familia Funes", dijo sobre otro clan conocido en las crónicas sobre la violencia extrema.
Carbone detalló que se llegó a esos lugares a partir de una "historización de diferentes incidencias y entrecruzamiento de información que brindó el Ministerio de Seguridad. Trabajamos insistentemente desde la Fiscalía, relacionando diferentes hechos, donde se probó la violencia altamente lesiva que circunda estos lugares donde se disputan espacios de poder, territorios, donde muchas veces encontramos muertes de personas que nada tienen que ver con esto, femicidios en contexto de violencia altamente lesiva, homicidios de niños en estos inmuebles donde solicitamos el derribo".
El fiscal lo dejó bien claro: "No son viviendas, y lo dejó bien claro la jueza. Éstas son instalaciones, no son morada de ninguna persona, puede haber ocasionalmente algún ocupante, pero no está residiendo, sino que está allí para vender droga", señaló.
En ese sentido, recordó que uno de los lugares es una casa de pasillo donde hubo un homicidio hace poco tiempo. "Eran tres instalaciones, pero tienen jacuzzy, comodidades, donde la lógica hoy de venta al menudeo está en vender en la vía pública, en la calle, o guardar la mercadería allí. Hicimos toda una historización sobre el destino espurio que este polirrubro delictivo termina regenteando"
En la audiencia se mencionaron los conflictos dentro de los barrios. "Claramente contextualizamos la violencia en estas edificaciones que afortunadamente, tras la decisión judicial, ya se pueden derribar". Y agregó: "Son lugares históricos, pertenecientes a determinadas familias o apellido del hampa, que hace muchos años pertenecen a ellos".
Según trascendió, se trata de dos edificaciones de Felipe Moré al 600 bis, y otras de Ayacucho al 4300, Biedma al 200 y Necochea e Ivanowski.
Amenazas
El mismo tiempo, la provincia dio a conocer ayer que la Policía de Investigaciones realizó una decena de allanamientos por narcomenudeo y amenazas al gobernador, el fin de semana pasado en Empalme y Ludueña. "A partir del análisis de los teléfonos celulares de los imputados Carlos Román Moreno y Tiziano Díaz surgió información de relevancia sobre la comercialización de drogas vinculadas al “clan Riquelme”, por lo que la Fiscalía, a cargo de Carbone, ordenó tareas de campo necesarias para identificar los búnkeres vinculados al grupo", indicaron sobre las detenciones de las que dio cuenta ayer el fiscal Carbone cuando dio detalles de la imputación a Riquelme. Como resultado del operativo se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) y secuestraron 9 celulares, 3 armas de fuego, municiones y marihuana. Este jueves, indicaron, se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.
