El 23 de marzo del año pasado, en esta misma columna, denuncié la situación que padecían los habitantes del Delta por la desidia e irresponsabilidad de la empresa Edenor. Sometidos a continuos cortes del suministro eléctrico por la obsolescencia de los tendidos y equipos instalados a comienzos de los 90, los isleños vieron multiplicarse sus penurias desde el temporal del 17 de diciembre último. Las fiestas no fueron felices. Con decenas de postes podridos en sus bases y tumbados por el vendaval, como así también los árboles caídos sobre los cables de media y baja tensión, los pobladores debieron tirar la comida porque las heladeras no funcionaban. 

Tampoco lograron comunicarse con sus familiares del continente: las antenas de telefonía e internet languidecieron por falta de energía. Más de 20 días sin luz y sin respuestas de nadie que se hiciera cargo de, al menos, una palabra de aliento frente a la catástrofe. Recién el 5 de este mes volvió la luz en algunas zonas, no en todas, pero no fue por iniciativa de Edenor ni de las autoridades locales sino porque los isleños se adueñaron de la defensa del interés público y el bien común. 

Así y todo, en el mismo día, y mientras trabajaba con el tendido eléctrico en la costa del Arroyo Caraguatá, murió electrocutado Rubén Haita, poblador del Arroyo Estudiante que había sido contratado por la firma Rowing que, a su vez, trabaja para Edenor, y recibió gravísimas quemaduras Natanael Manke, otro operario que trabajaba en el mismo lugar.

La lógica del mercado -eufemismo oficial pergeñado desde la presidencia de la Nación con el que se oculta la voracidad de las grandes empresas y grupos económicos como Edenor- no repara ni en las penurias de los usuarios de los servicios públicos, ni en la muerte evitable de sus operarios. Si alguien se rebela, las tarifas se harán oír como si fueran los tambores de guerra de las sociedades anónimas. Y, mientras tanto, el famoso decreto inconstitucional, firmado por el Poder Ejecutivo, sólo será de “necesidad y urgencia” para los depredadores del bolsillo de millones de personas que quisieran seguir viviendo de su trabajo y no del trabajo ajeno. 

Además, como si el decreto fuera poco, el Ejecutivo lanza una Ley “Omnibus” por la que quiere establecer, entre otras cuestiones, la privatización de casi 40 empresas públicas que, desde luego, serán vendidas por monedas.

El drama de la población isleña, sometida al despotismo monopólico de una empresa privada absolutamente impune, se reproducirá en todos los aspectos de la vida social. Los transportes terrestres y aéreos, los servicios de provisión de agua potable, los avances de la ciencia y la tecnología públicas, el sistema de jubilaciones y pensiones, la explotación y comercialización estatal del petróleo y sus derivados, en fin, las actividades que históricamente han sido emprendidas por el Estado para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población, ahora serán tarifadas conforme a la voracidad empresarial y no según el interés público.

La educación, la salud, la vivienda digna y, por supuesto, el salario registrado, dejarán de ser un derecho humano. Todo el edificio de la sociabilidad, construido como un horizonte de época desde mediados del siglo pasado y, de modo particular, el pacto democrático de los últimos cuarenta años, amenazan con ser destruidos por esta verdadera brigada de demolición del gran capital. Esto, con ser gravísimo como perspectiva futura, no sería completo si no se propusiera convertir a la nación de las argentinas y argentinos en una nueva colonia, disfrazada de independiente y autónoma pero carente de toda y cualquier forma de soberanía.

No debería extrañar que a estos demoledores les importe poco y nada el consenso democrático. Si el voto ha sido su legitimidad de origen, ahora su derrotero está marcado por “las fuerzas del cielo”. La hegemonía, esto es, la capacidad de dirigir al conjunto de la sociedad sobre la base de que todos los sectores sociales involucrados presten su consentimiento democrático a dicha conducción, sin desmedro de la defensa de sus intereses particulares, es algo que ya no figura en la hoja de ruta oficial. 

Aquí lo que importa es la fuerza bruta para imponer un cambio copernicano en el modo por el cual millones y millones de personas han visto reproducirse las condiciones materiales de su existencia. Y que conste: esa fuerza brutal no connota simplemente una acción represiva; “las fuerzas del cielo” hablan de la posibilidad concreta de que ingentes masas de población sean expulsadas a los márgenes de la sociedad, de que sean degradadas hasta la indignidad, de que perezcan por enfermedades curables o directamente por hambre.

Ni la más tenebrosa de las distopías alcanzaría para ilustrar la profundidad de los cambios que imaginan llevar a cabo quienes hoy gobiernan la Nación. Su tarea, el objetivo que persiguen -más allá de las contradicciones internas que exhiben para lograrlo- es hacer que los modos, hasta aquí habituales, por los cuales el capital y el trabajo establecieron su relación, desaparezcan sin dejar rastros. Pero una cosa son los designios de este bloque de fuerzas del gran capital y otra muy diferente es la posibilidad de que puedan concretarlos a sola firma.

La experiencia de organización comunitaria de los isleños del Delta para lograr que Edenor y las autoridades locales dieran, al fin, una respuesta concreta a sus dramáticas demandas, es un camino que será preciso profundizar. Por lo pronto, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, pero también de otros distritos, han comenzado a nuclearse -siempre a instancias de la ciudadanía de a pie- multisectoriales en contra del DNU y la ley Ómnibus. También han tenido su impacto las cautelares presentadas por la CGT y las CTA ante los estrados judiciales. Los cacerolazos que estallaron tras la primera marcha a Plaza de Mayo el 20 de diciembre, las recientes manifestaciones en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires en defensa de las instituciones públicas de la Cultura y, desde luego, el paro nacional convocado para el próximo 24 del corriente, hablan a las claras de una respuesta popular cimentada en la participación y el protagonismo colectivo. 

La defensa de los puestos de trabajo en el ámbito estatal, con concentraciones y asambleas a las puertas de sedes como las del CONICET en Capital y Mar del Plata, las del gobierno porteño y la que está programada frente al CCK para el próximo día 15, iluminan esta cruda escena con luces de esperanza.

Por cierto, no será fácil constituir una nueva dirección orgánica para el conjunto del pueblo, pero en la medida en que se afiance la idea de articular un verdadero frente popular que le cierre camino a esta derecha brutal y que se disponga a luchar por la soberanía de la Patria, el campo no será de orégano para las “fuerzas celestiales” del hambre.