El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves reuniones con dos de los sectores que se advierten como los más perjudicados por el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso de la Nación. El primero de ellos, con representantes de pymes elaboradoras de biocombustibles, preocupadas por el impacto de la iniciativa libertaria sobre el sector.

El madatario bonaerense encabezó una reunión de trabajo con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) para abordar el impacto que tendría en el sector la aprobación del paquete que impulsa el Gobierno nacional y que en el sector definen como "dramático". 

Según se desprende del planteo legislaativo, el gobierno libertario busca la modificación de una decena de artículos de la ley nacional 27.640, de 2006, que regula la industria del biodiesel. La discusión central es por el porcentaje de corte que llevan estos combustibles, que buscan dejar atrás la dependencia exclusiva de los hidrocarburos y avanzar en la transición energética.  Mientras hasta la fecha había una previsión de aumentarlo gradualmente, la nueva ley propone una baja inmediata. 

Los cuestionamionamientos del sector ya fueron llevados al despacho del ministro de Interior, Guillermo Francos, por parte de un grupo de representates de lass provincias que han desarrollado un díalogo más aceitado con el gobierno nacional, como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy. 

Once plantas y 800 empleos en juego

Hasta el despacho principal de la sede de la gobernación bonaerenses llegaron las autoridades de la Cepreb, Carlos Paredes; Daniel Mónaco, Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata; que fueron recibidos por un grupo de funcionarios que encabezó el gobernador, y completaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard.

“La ley ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Javier Rodríguez, luego del encuentro. “Este proyecto del Gobierno nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”, agregó.

Por su parte, Ghioni resaltó que “se analizó la situación crítica en la que entraría el sector a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional”. “Estas pymes quedarían directamente afuera, ya que sería imposible que pudieran competir con las grandes exportadoras que concentran la mayor parte del mercado”, agregó.

“La aprobación de la ley ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses: mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores”, subrayó Ritacco y concluyó: “La sanción de esta nueva ley nos pondría en situación de alerta y ante un riesgo muy elevado”.

En simultáneo a las propuestas que debate el Congreso, la administración libertaria  estableció un aumento de los derechos de exportación a productos derivados de granos, que incluyen procesamiento y valor agregado. Es el caso de aceites y harinas y también de los biocombustibles. Es iniciativa, “va en el sentido de la reprimarización económica”, plantean voces del sector.

Esta última medida podría terminar favoreciendo indirectamente al sector, o al menos moderando el daño de las otras medidas, ya que el principal insumo para producir biodiesel es el aceite de soja. 

Aceiteras y productoras de biocombustible arrastran meses de conflicto, porque las primeras pretenden cobrarles a las segundas a valor dólar. Las nuevas  retenciones del gobierno libertario desacoplan el precio local del internacional.

La política que impulsa el Gobierno Nacional impactaría sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. Se trata de un entramado pyme que surgió a partir de la sanción de la ley en, la cual estableció cupos, precios y cantidad de cortes con el objetivo de promover la actividad y la industrialización en el interior del país.

En la mira

Las modificaciones en la norma que rige la producción y la comercialización de biocombustibles en la Argentina se encamina a ser una de las primeras derrotas del gobierno en el Congreso de la Nación. 

La negativa a avanzar sobre ese punto no sólo fue ya planteada a Francos por algunas de las provincias con mayor peso en el sector sino que hay representantes de todo el arco político con representación parlamentaria que empieza a levantar la voz para que el texto original, al menos sea revisado, algo que fue aceptado, al menos en parte por parte de la adminitración libertaria. 

La nueva propuesta oficializada el martes por el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, señala que "el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 por ciento a 10 por ciento en biodiésel, para luego ir aumentando al 15 por ciento hasta el año 2026″; mientras que para el bioetanol “se mantiene al 12 por ciento y luego se aumenta hasta el 18 por ciento en tres años, para luego poder seguir en un sendero hasta el 27 por ciento”.

Entre otras cuestiones, Rodríguez Chirillo también anunció cambios en torno a la posibilidad de que las petroleras puedan participar en la producción de biocombustibles, al advertir que, según la nueva propuesta, podrán hacerlo ante la demanda excedente, siempre que el corte esté a partir del 18 por ciento.

Más allá de los cambios, todavía hay preocupación de las partes afectadas, principalmente por las pymes, algunas de las que se reunieron con el gobierno bonaerense y que centran sus llamados de atención por la falta de revisión en los puntos que impactan en el mercado y que se liberan a partir de la desregulación.