Integrantes de la Comunidad Pueblo Kolla Caspalá se presentaron ayer ante la fiscalía 5 de Humahuaca por una imputación de la fiscal Leila Rodríguez. Están acusados por "daños agravados, robo agravado y usurpación", en total son 16 comuneros, la mayor parte mujeres, sobre una población de 350 habitantes y en la que podría haber otras personas citadas. 

Todas estas personas están acusadas de integrar una toma en una cancha comunitaria de la localidad, donde permanecen hace meses para evitar que el gobierno de la provincia edifique una escuela, proyectada inicialmente para ser construida en otro terreno. 

El último 5 de enero, las mujeres que estaban en la toma vieron ingresar a un grupo de policías de la provincia al predio y retirar los carteles a pesar de una medida de no innovar dictada por la justicia federal. Después que los policías se retiraron estas mujeres movieron unos bloques de piedra. Eso disparó una denuncia impulsada por el ex comisionado municipal y amigo de Gerardo Morales, Natividad Apaza; por la Fiscalía de Estado y la constructora Urbania SRL, encargada de la obra de la escuela. Apaza aportó videos con imágenes poco claras para identificar a las imputadas. 

“Es una aberración política", afirmó la abogada Silvana Llanés, que junto a Alejandra Cejas asiste a algunas de las personas acusadas. Señaló que sus defendidas se presentaron "para estar a derecho", que pidió la incompetencia de la justicia local y que ahora apelará porque su pedido fue rechazado. "Vamos a recurrir porque está fundamentado”, adelantó.

La presidenta de la Comunidad Kolla de Caspalá, Lucía Apaza, Francisca Coronel, Paola Coronel, Saturnina Batallanos, Aurora Tito, Eulalia Tito, Ubaldo Luere, Mirian Coronel, Jorge Tito y Verónica Coronel, se presentaron para ser notificadas formalmente de la acusación impulsada por el ministerio público fiscal de Jujuy. 

También se presentó la comisionada municipal Rosa Apaza; la vocal Irma Balcarce, el delegado sindical Cipriano Quipildor y el abogado Alberto Apaza, acompañados por la abogada Amelia de Dios. Aunque les habían llegado notificaciones, no se presentaron el secretario de Gobierno, Rodolfo Coronel, y la jueza de Paz de la localidad de Santa Ana, Rosario Benítez.

Las defensas de los comuneros y comuneras destacaron anoche que el ex comisionado Natividad Apaza tiene en su contra "múltiples denuncias, de las cuales, sorpresivamente ninguna ha tenido avances en la fiscalía". 

El conflicto en Caspalá, ubicado en jurisdicción del municipio de Valle Grande, se inició en 2022 cuando el entonces gobernador Morales, sin consulta previa, libre e informada, avanzó sobre espacios comunitarios usando fuerzas policiales, e incluso reprimiendo a miembros de la comunidad. 

En esos días hubo varios hechos de persecución a opositores. Entre otras acciones, el gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar la finca del habitante Pablo Moyoja, donde se encuentra la cancha comunitaria. En enero de 2023 las máquinas de Vialidad de la provincia avanzaron sobre esas tierras arrasando un sitio arqueológico, sembradíos y árboles autóctonos.

Por ese daño al sitio arqueológico la Comunidad denunció a Morales y a otros funcionarios provinciales ante la Justicia Federal, y la jueza federal Carina Gregoraschuk declaró que "las tierras se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá" y "resultan ser inembargables e inejecutables“.

“El predio donde se encuentra ubicada la cancha de Caspalá pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado provincial. Ya lo dijo claramente la Justicia Federal, esas tierras no son pueden ser embargables ni enajenables, por lo tanto el Estado provincial no puede arrogarse derechos que no tienen, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”, aseguró Llanés. 

Por su parte, De Dios dijo que esta causa "es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad" y señaló que ahora "se suma un elemento que aumenta su gravedad, la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión, iniciadas por el ex comisionado radical y el gobierno provincial, y dándole continuidad la justicia local, sin tener pruebas, porque básicamente no existen”.

"Denunciamos al Ministerio Público de la Acusación, al Estado provincial y a la Policía por desobediencia porque siguen ingresando al predio cuando no deberían. Ellos creen que la cancha es del Estado provincial y nosotros acreditamos la documentación de los dueños de la cancha y hay una orden judicial”, aseguró Llanés. 

De Dios recordó que cuando era vocal de la Comisión Municipal la comisionada Rosa Apaza "ya había sido víctima de persecución política, sufriendo una suspensión arbitraria de sus funciones por defender los derechos de la Comunidad. Ahora, como comisionada municipal elegida por la voluntad popular, recibe nuevamente una embestida en este caso judicial, en un conflicto que vuelve a visibilizar claramente el modus operandi de un gobierno que arremete con todo aquel que pretenda defender los intereses de su comunidad".

La marcha de la despertante 

Después de la audiencia, comuneros y comuneras de Caspalá marcharon por las calles de la histórica ciudad de Humahuaca visibilizando el conflicto por tierras con el gobierno provincial que vienen arrastrando desde el 18 de noviembre de 2022. También denunciaron la criminalización de la protesta social.

Con sus característicos rebozos bordados, las mujeres imputadas encabezaron la marcha portando carteles con las leyendas: “Basta de persecución en Jujuy”, “El agua, no se vende, el agua se defiende. No a la reforma”.

En la caminata ondearon las wiphalas y las canciones que identifican la lucha del Tercer Malón de la Paz se escucharon en las calles empedradas: "Cuánto cuesta, cuánto vale, nuestra Pacha, no queremos lastimarla por eso no nos callamos más. Como no voy a luchar, como no voy a marchar si nos quitan los derechos".

Caspaleñas y caspaleños llegaron al pie del Monumento a la Independencia, acompañados por otras comunidades, entre ellos, el Consejo de Comunidades Originarias Llankaj Maki, en repudio a la violencia institucional contra las comunidades indígenas de Jujuy.

La caminata finalizó con un acto. La presidenta de la Comunidad, Lucía Apaza, agradeció el acompañamiento: “que esto sirva para que estemos más unidos”, deseó. 

Luego una joven tomó la palabra. “La marcha es por la imputación por defender nuestro territorio. Sabemos que en Jujuy no hay justicia, desde la represión en Purmamarca estamos más unidos. Agradezco el esfuerzo de todos de acompañarnos, sé que este camino es muy difícil pero unidos lo haremos posible. Ya hicimos que pierda Larreta, que pierda Morales, nos falta aún, pero vamos por buen camino. Soy una despertante de la comunidad, antes no lo veía, espero que Humahuaca también tome conciencia, vienen por todo, no solo por Caspalá o las comunidades, sino por el país. Ya sabemos del DNU de Milei, así que fuerza. Arriba los derechos, abajo el DNU”, cerró.