El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó la idea del Gobierno de que "el Estado se retire de todo lo que puede influir en el sector privado y asuma un rol orientador". Lo hizo al exponer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que analiza la denominada Ley Ómnibus, mediante la cual el Ejecutivo busca, en conjunto con el DNU 70, modificar buena parte del andamiaje institucional del país.
"El objetivo es conseguir un clima de inversión para las empresas, ya que las decisiones que se toman hoy necesitan un tiempo de maduración. Se trata de un país normal que imaginamos en tres años con, por ejemplo, la garantía de que no va a haber normas que interrumpan el proceso productivo. El sector privado puede tener sus inconvenientes, pero es el único que puede asegurar que funcione bien, porque cada vez que interviene el Estado lo altera. No hay ningún iluminado que le pueda decir al sector privado lo que tiene que hacer. Queremos que el Estado se retire de todo lo que puede influir en el sector privado y asuma un rol orientador", dijo Ferraro.
La concepción liberal del Gobierno es que el retiro de la acción estatal abre el espacio para la inversión privada. La lógica subyacente radica en que el Estado necesitaría menos recursos fiscales, al reducir su intervención, y las empresas volcarían a las inversiones el excelente derivado del pago de menos impuestos.
El impacto
Sin embargo, los empresarios de la construcción, en conjunto con las entidades sindicales, advierten sobre el profundo impacto negativo que tiene la paralización de la obra pública. Por ejemplo, días atrás Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), advirtió en una entrevista que “el fin de la obra pública podría dejar más de 2 millones de personas sin empleo. El sector privado no se puede hacer cargo de esas obras, por un lado porque una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien. Además, está claro que si el país no ha crecido en los últimos 20 años, las empresas han seguido el mismo destino y tampoco han crecido como para tener patrimonios que les permitan afrontar inversiones. Y a esto se suma que el sistema financiero se encuentra abocado desde hace años a asistir al Estado, sin financiamiento serio y genuino de ninguna naturaleza hacia el sector privado".
Incluso dirigentes de la oposición amigable al Gobierno, como Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, se diferencian del oficialismo. “La obra pública genera empleo y progreso. Y por eso vamos a seguir impulsando proyectos de obras, sobre todo de aquellas que se hacen en las localidades para generar más empleo local”, aseguró Llaryora días pasados. Empresas constructoras estiman que en el último mes se perdieron 80 mil puestos de trabajo en el sector. Así, el empleo directo en la construcción se ubica en unos 420 mil trabajadores.
Ferraro se lamentó que "hoy la mayoría de las concesiones iniciadas en aquellos años sean precarias o con prórrogas, como corredores viales, hidrovía o puertos". Consideró que el sistema de transporte en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "está prácticamente estatizado, porque el 90 por ciento de los costos lo paga el Gobierno nacional, y en el caso de los trenes, se paga el 98 por ciento".
En relación al Régimen de Grandes Inversiones que contempla la Ley Ómnibus, el cual consiste en una larga serie de beneficios para las empresas que invierten en el país, Ferraro dijo que "el clima de inversiones es desalentador. Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, y no mejor administrar lo que está. Esto implica un cambio cultural, que requiere una claridad en el planteo y una perseverancia en el tiempo. Se trata de un cambio para volver a ser un país normal, donde el empresario vuelva a ser empresario, en el mejor sentido de la palabra, y para eso hay que preservarlo".
