La Cámara Nacional del Trabajo volvió a frenar el avance desregularizador del gobierno de Javier Milei. A una semana del fallo que suspendió la reforma laboral vía DNU, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió una resolución, con la firma de todos sus integrantes, en la que expresa el "total y absoluto rechazo" a la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) de traspasar la Justicia Nacional a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de tres años. 

La propuesta de la ultraderecha está expresada en el artículo 439 de la "Ley Ómnibus", que desde este miércoles se debate en comisiones en la Cámara de Diputados. El breve artículo, incorporado en el Capitulo X, solicita al Poder Legislativo a que habilite al gobierno para "impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia". 

Las magistradas y magistrados de la Cámara hicieron público su rechazo a la propuesta del Ejecutivo y elevaron la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso Nacional y al Ministerio de Justicia. El debate del traspaso de los fueros laboral y comercial que actúan en el marco de los conflictos de las empresas radicadas en CABA, pero con un rango nacional, tiene larga data y se anuda en la reforma constitucional de 1994, que ordenó el traspaso. 

El gobierno de Mauricio Macri y, en sintonía, el de Milei buscan este traspaso para pasar las causas laborales a la justicia de la Ciudad, donde tienen mayor influecia para inclinar las decisiones y, en un última instancia, serían definidas por el Tribunal Superior de Justicia porteño; con marcada preferencia por el macrismo. Desde el entorno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la intención de avanzar en el traspaso se rumoreaba antes de la asunción presidencial. 

En los considerandos de resolución, el total de los jueces de la Cámara cita un editorial del diario La Nación del 30 de diciembre de 2016 en el cual, el actual Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra, rechaza el traspaso al tildarlo de inconstitucional. Los magistrados ofrecen argumentos para descartar algunas acusaciones en las que se marca que el posicionamiento en contra se debe solo a una defensa en el rango de sus cargos que pasarían de nacional a "municipal". 

"El mantenimiento de una Justicia Nacional del Trabajo se justifica también en que sus magistrados/as vienen ejercitando desde hace muchos años una jurisdicción que exorbita con mucho el ámbito territorial de la Ciudad y abarca a habitantes de todas las provincias de la Nación que vienen a litigar ante sus estrados en razón del domicilio de alguna de las partes (en especial del sector empresario/empleador)", advierten. 

Además, los magistrados también ofrecen su interpretación respecto del traspaso marcado en la reforma constitucional de 1994: “Los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esto es así por expresa decisión del constituyente de 1994, que en cada caso en que quiso equiparar a la ciudad con las provincias lo hizo expresamente". 

Por otra parte, los magistrados retoman el punto de la "inconstitucionalidad" del traspaso al sostener que delegar al Poder Ejecutivo la tarea del traspaso implicaría una inadmisible delegación de facultades exorbitantes y una "transgresión del principio de división de poderes propio de la República".

La resolución lleva la firma de los jueces Vázques de Vedia, Stortini, Pose, Catani, Balestrini, Sudera, Russo, García Vior, Perugini, Pinto Varela, Ferdman, González, Hocki, Guisado, Craig, Fera, Cañal, Pompa y Pesino resuelven el rechazo "total y absoluto".