Los funcionarios nacionales siguen sin entender que vivimos en un Estado marítimo. La Argentina bicontinental (que incluye la Antártida) tiene 3.757.314 km2. La superficie marítima, insular, la plataforma continental extendida y las aguas de la Antártida alcanzan a los 8.029.842 km2. Es decir, un espacio muchísimo más amplio que el territorio continental.

Por eso sorprende la Ley Ómnibus “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” respecto al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), cuando se extranjeriza la explotación del mar argentino. Es como extranjerizar la explotación del 68 por ciento del territorio nacional.

Además, esto se haría en un escenario donde la Argentina tiene invadido y/o en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña un 68,5 por ciento de su territorio marítimo e insular, es decir unos 5.497.178 km2. Si la decisión se concreta el resultado sería de una extrema gravedad geopolítica, y ello sin contar los demás efectos económicos y sociales.

¿Qué han querido lograr los autores de este proyecto al abrir el mar a buques extranjeros, como lo hacen unos pocos países pobres del mundo como Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria pesquera ni los mercados que tiene la Argentina?

Es muy grave, ya que además de abrir el mar a la pesca extranjera, se admite que no le será necesario a esa flota desembarcar las capturas en puertos argentinos. Consecuentemente, no se industrializarían las capturas ni se agregaría valor. El proyecto autoriza también a no utilizar tripulación argentina y permite usar buques de cualquier antigüedad. El paquete de reformas sugeridas da todas las condiciones para que los buques extranjeros extraigan y no efectúen elaboración de ninguna naturaleza ni pago de tasas, impuestos, retenciones, etcétera, y, en los hechos, la Argentina no controle nada: no tendría forma ni capacidad de hacerlo.

Esta combinación de factores acrecentaría la ya conocida pesca ilegal, motivo por el cual parecería que el Estado se conformaría con la venta de licencias al mejor postor. Licitaciones que seguramente ganarán los buques extranjeros, ya que operan subsidiados: hacen transbordo en el mar, no pagan aranceles al regreso a sus países de origen, su tripulación trabaja con regímenes esclavos y no abonarán los impuestos, tasas y retenciones de la Argentina.

Se trataría de un procedimiento primitivo igual que el de licitar las licencias de pesca que utiliza el Reino Unido en las islas Malvinas. Es asimilable a la venta de ganado en pie que la Argentina realizaba en el siglo XIX, donde se vendían animales a los mercados transatlánticos sin ningún tipo de proceso industrial ni ocupación de mano de obra. Claro está que eso ocurría en un contexto donde la mano de obra preparada era escasa y la carencia de tecnología provocaba ciertas limitaciones a los bienes vendidos a compradores de Europa y Estados Unidos. Podía darse en esos años. 

Vender hoy hacienda en pie, u otorgar pesca con una simple licencia, significaría un retroceso fenomenal e injustificado. Se les regalaría a los países desarrollados la mano de obra, pese a que hoy la Argentina tiene en la actividad pesquera un recurso humano calificado, tecnología, infraestructura y la flota necesaria. Además los sectores pesqueros argentinos conocen el mercado y compiten en él a pesar de que no son los que fijan los precios en el mundo. Y aun así en muchos casos logran ingresar a mercados protegidos. 

Esta práctica de que buques extranjeros pesquen en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) no solo no se admite. Es reprimida en todo el mundo. A no ser que se trate de capturar especies excedentarias. Son las que no son capturadas por razones comerciales por los Estados ribereños. No es por cierto, el caso de la Argentina. Aquí se capturan todos lo recursos disponibles, naturalmente con las limitaciones impuestas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, para asegurar la sostenibilidad de las especies.

¿Podría mejorarse la eficiencia, distribución y el valor agregado? Si, pero como ya hemos dicho, no depende solo de las empresas sino también de que los gobiernos cumplan su rol, a través de sus delegaciones diplomáticas, de buscar acuerdos internacionales. Es imperioso tomar contacto con el mundo, generar empatía, confianza e interés en proyectos serios de cooperación y explotación equitativa, dentro del marco de la ley argentina y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El proyecto del gobierno de Javier Milei, en cambio, es equiparable a vender ganado en pie al mundo, igual que el Reino Unido en Malvinas. Raro, ¿no? O quizás no lo sea. Este proyecto también les permitiría a los británicos hacerse de todos los recursos del resto del mar argentino por unas monedas. Sería una guerra ganada a los argentinos sin tirar un solo tiro. Nada podría salir tan mal. “Ni el tiro del final te va a salir”, diría el tango. 

Muy llamativo también es que junto a esta extranjerización del 68 por ciento del territorio nacional se propicie la derogación de la Ley 26.737 “del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (Ley de Tierras) sancionada en 2011.

Se dejaría sin efecto una ley que se aplica a todas las tierras rurales ubicadas fuera del ejido urbano y que tiene por objeto -entre otros- “Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción», donde se establecen una serie de condiciones y límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierra rurales, entendiendo a los efectos de la ley, «como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos…», aunque es conocida la vulnerabilidad de la ley, que ha sido violada reiteradamente a través de distintos artilugios, algunos de las cuales, incluso ya se indican en el artículo 6º de la ley: «Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta».

Más de 14 millones de hectáreas de tierras rurales estarían en manos extranjeras. La ley establece que no pueden estar en manos extranjeras más del 15 por ciento de los territorios nacionales, provinciales o municipales. Sin embargo, pese a la ley que se pretende derogar, más de treinta distritos tendrían ya la mitad de su territorio en manos extranjeras. 

Dice la ley vigente en su artículo 10°: "Se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras (…) los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y, los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera". 

Obviamente, al igual que en el mar, sería inadmisible la apropiación extranjera de espacios fronterizos.

Si a esto le agregamos que la explotación de los principales recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etcétera), y gran parte de los servicios están extranjerizados, sumado a la monumental deuda que tiene la Argentina y a su extrema pobreza, cualquiera podría pensar que el Gobierno se está alejando seriamente de la declaración de Tucumán del 9 de julio de 1816. Rezaba: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general (… ) declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. La declaración se completó diez días después con esta formulación: “Y de toda otra dominación extranjera”.

Otro dato que a veces no se tiene en cuenta: el valor de un buque de pesca equivale al precio de miles de hectáreas del mejor precio de la Pampa Húmeda.

¿Por qué dejar en manos de unos pocos ilustrados, detrás de un escritorio, el destino de la actividad productiva marítima o continental nacional? Las conquistas ya no se hacen solo con la ocupación armada de los territorios sino con la apropiación y explotación de las riquezas y el debilitamiento del aparato productivo nacional. La emancipación no se logra solamente resolviendo los problemas económicos, con la urgencia de sanear las deudas enajenando el patrimonio nacional, sino poniendo a todas las fuerzas productivas de la gente a explotar los recursos del mar y el continente argentino.

Cuanto más extraños se lleven nuestras riquezas, más lejos estaremos de la independencia que soñaron nuestros antecesores y los cientos de miles de inmigrantes, que vinieron a esta tierra en búsqueda de la felicidad y prosperidad soñada. Ambas leyes, la de la reforma de la ley 24.922 y la derogación de la ley 26.737 de tierras, van en contra de una nación independiente, capaz de explotar sus potencialidades y avanzar hacia un mañana mejor “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino”, como dice el Preámbulo de la Constitución. Respetando nuestros hábitos y costumbres y, muy especialmente, nuestra autonomía como nación soberana. 

(César Lerena es presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Experto en Atlántico Sur y pesca)