Fiscalía investiga dos nuevas amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, que se conocieron ayer al mediodía. Una de ellas quedó escrita en el ingreso a la escuela técnica N° 466, de Rouillón al 1100; mientras que la otra fue plasmada en la pared lateral a la entrada del centro de salud de Teniente Agneta al 1400, a pocas cuadras del establecimiento educativo, y con el mismo contenido. Ambas se dieron a conocer casi en paralelo con la demolición de dos bunkers, realizadas entre la mañana y el mediodía de ayer, por parte del Ministerio se Seguridad y la Justicia provincial, en el marco de la nueva ley de Microtráfico. En una de las edificaciones, perteneciente a la organización delictiva de los Funes, una allegada fue demorada por increpar a los trabajadores, con un bebé en brazos. Desde Seguridad volvieron a remarcar que las intimidaciones tienen que ver con las acciones que está llevando a cabo el gobierno provincial en materia de seguridad.
Las nuevas amenazas se dieron en el marco de una semana agitada: el lunes, una nota intimidante dirigida al gobernado y su familia llegó a la Dirección de Migraciones. Esa misma tarde fue imputado por dos hechos de intimidación pública y amenazas cometidas en diciembre el preso de alto perfil Francisco Riquelme, y se indicó que a partir de las investigaciones de un hecho que quedó frustrado -que buscaba balear una escuela-, está investigado por las amenazas del lunes. Las de ayer, en tanto, mencionaban a Pullaro y una advertencia relacionada con las medidas que se tomaron últimamente en las cárceles. Se trata de decisiones que desde los primeros días de gestión generaron reacciones: hubo tres atentados a edificios de la ciudad, dos de ellos con mensajes amenazantes al gobernador. A ello se sumó que en el marco de la nueva ley de Narcomenudeo entre viernes y martes la Justicia ordenó, en dos audiencias, demoler seis puestos de venta de droga.
"Vinimos a ver las obras de gas que se estaban habilitando y me encuentro en la entrada con la pintada. Al principio de la semana, esto no estaba", dijo el director escuela técnica, en Radio2, en relación al mensaje amenazante que se analiza en el marco del traslado de presos “alto perfil" y tareas de control realizadas por la provincia en las unidades penitenciarias. Poco después, se dio aviso de que el mismo mensaje se dejó en el centro de salud ubicado a cinco cuadras de la escuela técnica.
Demoliciones
En la misma jornada, la Provincia derribó otros dos puesto de venta de drogas en el marco de la Ley de Narcomenudeo, que se sumaron al primero, demolido el miércoles, y que según se indicó pertenecía a la banda de Riquelme, el detenido en el penal de Marcos Paz sobre quien la Justicia y la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich ordenaron restricciones de visitas y comunicaciones. Es que las imputaciones que se le hicieron fueron por determinar hechos de violencia desde la cárcel de Ezeiza.
Las nuevas demoliciones tuvieron lugar en Ayacucho al 4300 y Biedma al 200. En el primer punto de venta, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, aclaró que el contenido de la normativa que rige desde el 29 de diciembre pasado “incluye la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, va a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”.
En ese marco, Cococcioni remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Pullaro: “La ley, para su aplicación plena va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”, sostuvo.
Según se indicó, el lugar ubicado en barrio Tablada pertenecía al clan Funes, cuyos integrantes están detenidos. "Esta instalación históricamente perteneció al clan Funes, aliado a Francisco Riquelme, y no era morada de ninguna persona. Es una propiedad que era allanada desde hace 20 años, donde se lo buscaba a su padre que era conocido en la zona por delitos de piratería del asfalto", recordó el fiscal Franco Carbone, que solicitó la medida ante la jueza Silvia Castelli. "Es emblemático este inmueble", agregó en relación al lugar que solo en los últimos 3 años tuvo unos 10 allanamientos. "Hubo cantidad de reportes por abusos de armas y muertes circundando este inmueble", agregó.
Luego de la conferencia de prensa en ese lugar, personal policial llevó en carácter de demorada a una mujer allegada a Alan Funes -preso por diferentes delitos- que se acercó con un bebé en brazos y según se pudo saber profirió amenazas a los obreros.
