La Cámara de Casación Federal confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata de prorrogar la prisión preventiva de nueve de los doce represores que están siendo juzgados por su actuación en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Sin embargo, redujo el plazo de un año a cuatro meses o hasta cuando finalice el proceso.
La Sala de Feria de la Casación –integrada por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma– tomó nota de la decisión de prorrogar la prisión preventiva de nueve represores que están siendo juzgados y se encuentran en prisión domiciliaria.
Los incluidos en la decisión son Enrique Barre (segundo jefe del Pozo de Banfield), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento 101 de La Plata), Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Jaime Lamont Smart (ministro de gobierno bonaerense), Roberto Balmaceda (jefe de la Central de Reunión del Destacamento 101), Carlos María Romero Pavón (jefe de la sección Reunión Interior del Destacamento 101), Juan Miguel Wolk (dirección de Investigaciones Zona Metropolitana de la policía bonaerense), Carlos Gustavo Fontana (Destacamento 101) y el médico policial Jorge Bergés.
La Sala le indicó al TOF que le imprima celeridad al proceso, que está centrado en lo que sucedió con más de 600 víctimas que pasaron por los pozos de Banfield, Quilmes y el “Infierno” de Avellaneda. Entre estos casos, la fiscalía pidió que se incluya el del nieto 133, Daniel Santucho Navajas, que restituyó su identidad en julio pasado.
En la actualidad, la Unidad Fiscal está presentando sus alegatos. Se espera que el juicio concluya para abril, confiaron fuentes judiciales. El proceso --que recién comenzó a finales de 2020-- debió haber tenido 39 acusados, pero la mayoría murieron en el camino. Entre ellos, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, que falleció mientras era juzgado por estos casos.
