El cuantioso y variopinto paquete de medidas y reformas inmerso en el DNU 70 y el proyecto de “ley ómnibus” enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación atraviesa desde arriba y de diversas formas cuestiones medulares y profundas de nuestra organización democrática, implicando una afectación temeraria a la vigencia de derechos fundamentales de nuestro Pueblo.
Esta prepotencia institucional del autoritarismo derechista ha puesto en alerta defensiva a varios sectores de nuestra sociedad, que en mayor o menor medida, atinan a organizarse desde abajo frente a una minoría cabizbaja de votantes desengañados y a las amenazas de culpabilidad a quienes ejercemos el derecho a la protesta.
En esta situación apremiante, se hace imposible abarcar y analizar adecuadamente todos los debates planteados y las implicancias que traen aparejados. Así, muchos sectores populares vulnerados que no cuentan con una representación clara en la defensa de sus intereses directos y no llegan a tiempo a alzar su voz, sufrirán la perdida de sus derechos cuando se encuentren sorpresivamente con la realidad.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda...
Un ejemplo de ello es el caso de la actividad ganadera que realizan las familias trabajadoras rurales de Salta, nuestros gauchos, y los trabajadores de la carne de matarifes municipales y provinciales. La ley ómnibus pretende derogar la Ley nacional de carnes n° 22375 exigiendo que todos los establecimientos de faena con habilitaciones locales (para consumo dentro de las provincias) deberán contar con la habilitación del Poder Ejecutivo Nacional a través del SENASA, que actualmente es otorgada a establecimientos de faena cuyo destino es fuera de la provincia y/o exportación.
Estos requisitos sanitarios mayores son de tipo edilicios y técnicos basados en exigencias normativas para el transporte interprovincial de carne y del mercado de exportación; garantías sanitarias que exigen los países compradores de carne, cuyos costos por un lado no podrán ser afrontados por los establecimientos para consumo interno de las provincias ni por los municipios, y por otra parte, fundamentalmente, es de esperar que no tengan el apoyo político del gobierno provincial, tan permeable a los intereses de los grandes frigoríficos y de la Sociedad Rural.
Esto provocará por un lado, en un contexto económico recesivo, el cierre de establecimientos con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y la imposibilidad para los pequeños productores ganaderos de faenar su producción en los establecimientos de su lugar; concentrando aún más el mercado de la carne, su precio y la explotación de los trabajadores del sector. Por otra parte, obligará a los pequeños productores locales a tener que vender a bajos precios los animales que las empresas consideren aptos, ya que no cuentan con los medios para su transporte, generando que los animales que no se puedan vender queden sin un lugar establecido para su faena.
Sus consecuencias sociales
Las consecuencias sociales de esta restricción a la actividad ganadera de este sector, serán fomentar aún más la migración del campo a la ciudad de los jóvenes que integran estas familias, dejando paulatinamente más libre el territorio para la apropiación de tierras de un sector más concentrado e incluso sin restricciones a los capitales extranjeros si se deroga la Ley de Tierras tal como está planteado en la ley ómnibus.
Sacar a los verdaderos gauchos del campo, como también a las familias campesinas e indígenas, es un objetivo estratégico de la plutocracia liberal para avanzar con sus agro-negocios, sus negocios inmobiliarios, la minería extractivista, y el control fronterizo; lo que redundará, junto a la modificación que también propone el proyecto mileista de la Ley de Bosques y la Ley de Semillas, en más destrucción ambiental y pérdida total de la seguridad y la soberanía alimentaria.
No hace falta explicar de qué lado estaría Guemes, si viera la injusticia histórica de ver a los verdaderos gauchos, los que trabajan con sus animales en el campo y en los cerros, desplazados por los intereses del colonialismo moderno, y olvidados en sus intereses vitales por los que solo se disfrazan de gauchos.
*Abogado. Delegado de ATE-SENASA-SALTA. Coordinador Mesa de Organismos Nacionales de ATE-CTA SALTA