En el marco del severo plan que trazó el gobierno provincial para el control de las cárceles, para cortar el delito complejo que se organiza de los penales, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni adelantó que se vienen uniformes para los presos. Así se los podrá identificar con distintos colores, "su grado de peligrosidad, si trabaja o no; para permitir una mayor visualización y control", aseguró el funcionario. Cococcioni adelantó: “Vamos a iniciar una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”.

“La ley de Ejecución de la Pena que fue acompañada de manera masiva en la Legislatura permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no; si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito. Esto para permitir una mejor visualización y control de lo que ocurre”, detalló el funcionario provincial en declaraciones a Radio Dos.

También se prevé una reforma del Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias (Iapip) para gestionarlo con la lógica privada para que “el interno que entra por primera vez no vaya a una escuela de perfeccionamiento del delito y pueda aprender una profesión liberal”. De esta manera, se espera que no se cruce con el preso de alta peligrosidad y alto perfil, indicó el ministro.

En ese marco, trazó un diagnóstico de las cárceles santafesinas en el inicio de la gestión y aseveró que el principal problema hoy es la superpoblación “porque en los últimos 4 años se dejó de construir”.

“Sobrepoblación hay y no la vamos a resolver en el corto plazo. Estamos planificando la construcción de nuevas cárceles, pero en el camino tenemos dos opciones; la sobrepoblación en comisarías o en el Servicio Penitenciario. Hemos tomado la decisión política de tener pautas para trabajar en sobrepoblación penitenciaria porque es preferible antes que en comisarías”, explicó el ministro.

El ministro de Justicia y Seguridad reiteró que las amenazas a Pullaro deberán ser investigadas por la Justicia pero aseguró que “no han provocado un cambio en la agenda ni en el rumbo de la política criminal” del gobierno de Santa Fe.

Cococcioni dijo que la ley de microtráfico o narcomenudeo se aplicó con celeridad. “Se sancionó, entró en vigencia y a los 13 días se derrumbaron tres bunkers y quedan tres más en lo inmediato, más nuevos procesos que están en trámite. La propia Fiscalía y el Poder Judicial del cual muchas veces somos críticos, esta vez rescataron el espíritu de la ley”, destacó.