Simulacros de una falsa guerra contra el narco

La topadora volvió a arrancar para derribar kioscos de drogas, y la polémica se mantiene, tal como hace hace 12 años, cuando gobernaba Antonio Bonfatti y la prensa consumía imágenes de precarias construcciones bajo derribo, presentadas como una solución final a la violencia derivada del negocio narco.

Desde que el mes pasado la Legislatura sancionó la Ley de Narcomenudeo, a propuesta del Ejecutivo, el gobierno de Maximiliano Pullaro reeditó aquellas demoliciones de una década atrás. Y en una semana tiró abajo media docena de puntos de venta de droga, en Empalme Graneros, en Tablada, en Riobamba al 5000. A diferencia de aquella vez, ahora lo hacen con orden judicial y a pedido de Fiscalía, precisamente por imperio de la nueva ley que desfederalizó en Santa Fe los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Al consultar dos voces autorizadas, como el criminólogo y docente universitario Enrique Font, y el diputado provincial Carlos Del Frade, persiste la lectura de que esto es "otra función de un circo que puede tornarse peligroso, o redundar en más y peor violencia que la que supuestamente se pretende mitigar", según coinciden. 

Como en 2012, Font reitera que "sería una actividad risueña si no fuera que la espectacularidad que se busca al mandar equipos a filmar y difundir es una lógica de fraguar una guerra contra las drogas". Se basa en aquel antecedente, cuando a la par irrumpió la División Judiciales de la Unidad Regional II de Policía, que -luego se demostraría- actuaba en connivencia con un sector del hampa para perseguir a otro. 

Derribar un bunker de drogas -dice Font- "no tiene nada de cuestionable limpiar construcciones clandestinas o precarias vinculadas a puntos de venta de drogas, pero siempre y cuando sea solo eso y se haga con orden judicial y sin espectacularidad. El problema es la espectacularidad, porque es hacer un show mostrando que eso tendrá algún impacto y la realidad es que las construcciones, los puntos de venta minoristas, precarias o no, no son el punto de venta más sólido del mercado local de drogas". 

En cambio, distingue que "lo más sólido y estable en el mercado local es la oferta, la demanda, la disposición de la sustancia a comercializar, las redes que funcionan sosteniendo ese mercado directamente, las redes que permiten lavar el dinero, convertirlo en dólares, volverlos activos financieros, la corrupción policial que permite que el negocio florezca, y política".

Font sostiene que la medida reeditada en la gestión Pullaro es "un estornudo en un huracán: algo inefectivo, una impostura, que en una situación de tanta violencia como hay en Rosario, es algo peligroso. Ya lo demostró la vorágine en la que entró la gestión de Bonfatti".

Luego de que los funcionarios y la prensa se retiraran el viernes del bunker de Ayacucho al 4300 que empezaba a ser derrumbado, llegó una mujer con un niño en brazos y amenazó explícita a los trabajadores que estaban a los mazazos derribando paredes. La cuadrilla interrumpió la labor y se fue. El edificio -una construcción derruida y miserable- quedó en pie.

"Este gobierno comenzó con medidas efectistas que terminarán amplificando la violencia. Como lo que hicieron en términos de bukelización del sistema penitenciario: un show, un circo", definió el especialista. Se refirió a los reacomodamientos de detenidos en prisiones, y al aislamiento de presos de alto perfil en pabellones exclusivos, como una decisión de mano firme como propala el presidente de El Salvador.

"Quizás está bien reubicar y trasladar personas privadas de libertad para dificultarles aunque sea mínimamente sus participaciones en actividades delictivas afuera -concede-. Pero humillarlos, mostrarlos, someterlos a tratos crueles y degradantes en los traslados sirve para montar un circo y termina siendo un amplificador de la violencia porque en un punto les da más cartel a las organizaciones pero también las politiza y las provoca", advierte. "Hostigan con una supuesta lógica de inteligencia a los familiares de los presos, y agravan las condiciones de detención: el resultado siempre es la amplificación de la violencia".

En este sentido, recordó la experiencia anterior. "La politización de Los Monos, con la División Judiciales y (el entonces juez de instrucción Juan Carlos) Vienna". Así concluyó en que "Pullaro está construyendo un enemigo para poder fraguar una guerra contra las drogas".

Por otra parte, sostuvo que los derribos de bunkers no afectan el narco negocio. Lo que sí podría hacerlo es "encontrar al proveedor, llegar al broker que hace el vínculo entre los que en el norte bajan la cocaína y la traen a Rosario, golpear donde hay actores financieros que intervienen". "Mientras haya un mercado que consume -prosiguió-, una sustancia que se fabrica y contrabandea con amplios márgenes de ganancia, la supuesta guerra contra las drogas está perdida".

Font resumió su mirada en definir "un gobierno dispuesto a montar un show que traerá más violencia, y que les resultará funcional: harán como desde 2012, crear hipervillanos para presentarse como superhéroes y capitalizarlo políticamente. Tal vez les rinda aunque sea repulsivo y que en la UNR y la UNL seamos muy pocos los que hablemos en contra de todo esto. Es una vergüenza que en la Universidad haya una licenciatura en seguridad y que nadie salga a decir algo sobre lo que está sucediendo".

En opinión de Del Frade, quien votó en contra de la finalmente sancionada Ley de Narcomenudeo, también prima el escepticismo. Asumió que hoy el gobierno con la escena de las topadoras arrasando ranchitos en barrios populares denota "hiperactividad". Pero que -señala el diputado- "tiene poco que ver con la profundidad de las transformaciones necesarias para que la vida en nuestros barrios sea mucho más tranquila". 

El punto central debe ser, antes, "eliminar los nichos de corrupción en la policía que hace que las 147 bandas que existen en los 19 departamentos sean todas narco policiales", afirmó esta semana por radio Sí 98.9. 

El rumbo declamado por el Ejecutivo va en sentido opuesto. "El discurso es empoderar a la Policía, que nadie la ofenderá durante este gobierno. El problema es que muchos policías han ofendido al pueblo de la provincia formando parte de estas bandas y generando zonas liberadas", distinguió. 

El diputado considera estas medidas, al menos en la percepción de la población. "El desafío es cómo mantenerlas si en el territorio no elimina a todos esos que trabajan para las bandas", remarcó.

La vuelta de la topadora viene de la mano de una orden judicial provincial, ahora habilitada por ley a entender en narcomenudeo. "Esa ley -descree Del Frade- garantiza superpoblación carcelaria, más narcotráfico, más violencia y más lavado de dinero. Se demostró en los 8 lugares donde está en vigencia. Más allá de este optimismo de los primeros días, hay que decir que el partido dura 4 años. Esto es improvisado y poco serio", finalizó.