En el marco de una investigación que la fiscalía presentó como sin precedentes, las juezas federales Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, de Salta y Jujuy, dieron por formalizadas las acusaciones a dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en la región y era proveedora en otras provincias.
La investigación involucró a cinco fiscales, Federico Zurueta, de Jujuy; Ricardo Toranzos, Eduardo Villalba y Carlos Amad, de Salta, y Diego Iglesias, encargado de la Procuraduría de Narcocriminalidad. El Ministerio Público Fiscal federal informó que por distintos caminos, los fiscales llegaron hasta Abel Liquitay y su hermanastro David Liquitaya Choque, sindicados como los principales jefes del clan conocido como “Los Liquitay”, sobre quienes afirmaron que operan en Jujuy y Salta desde 1978 y ya llevan tres generaciones implicadas en actividades del narcotráfico en toda la región.
Ambos hermanos fueron detenidos el 10 de enero como resultado de una medida requerida por el fiscal Zurueta, que consistió en la realización de 31 allanamientos, en domicilios y locales comerciales ubicados en ambas provincias.
Los fiscales sostuvieron que esta organización, de la cual los dos acusados eran líderes, obtenía la droga a través de proveedores en la frontera, a la altura de la localidad de La Quiaca, y después, con la participación de otros eslabones de la organización, el clan coordinaba el traslado hasta la ciudad de San Salvador, en Jujuy.
La droga se reacondicionaba en otros vehículos para seguir viaje a otros destinos, como Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Ese tráfico les dejaba grandes ganancias, indicó el Ministerio Público Fiscal federal, y con ese dinero adquirían bienes, por lo general vehículos.
Los procedimientos fueron requeridos ante la jueza Gregoraschuk, quien el viernes último hizo lugar a la acusación expuesta por el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA.
En la misma audiencia de formalización de la acusación los fiscales imputaron a los detenidos el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por la habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado.
Entre la prueba del lavado de activos se destacó un extenso listado de vehículos que fueron adquiridos o administrados por estos hombres, ya sea de manera directa o por intermediarios, muchos de ellos familiares, dos de los cuales se encuentran prófugos y con pedidos de captura.
En la audiencia se puso de resalto el secuestro de 18 vehículos de alta gama que fueron encontrados en un galpón ubicado en la localidad jujeña de Palpalá, donde había un auto Honda Civic, otro marca SEAT, dos camionetas Toyota, otra VW Amarok, un automóvil SW4 y una Dodge Ram y tres cuatriciclos, entre otros rodados. También se secuestraron 4.718.000 de pesos argentinos, 13.603 dólares, 100 euros y 420 pesos bolivianos.
Entre los vehículos secuestrados se contaron además siete camiones. La fiscalía destacó que pese "al enorme volumen de dinero necesario para la adquisición de estos vehículos", ninguno de los acusados registraba trabajo formal, ingresos registrados en la AFIP y tampoco tenían declaraciones juradas actualizadas.
Intergeneracional
Por otra parte, los fiscales hicieron notar las vinculaciones entre ambos acusados y, al menos otras cuatro investigaciones llevadas adelante por narcotráfico, en una de las cuales Alberto Estanislao Liquitay, padre de uno de los imputados, fue condenado a 10 años de prisión, en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal Oral Federal N° 1. Los fiscales señalaron que la de Alberto Liquitay fue la primera generación de esta organización.
Su hijo Abel Luquitay representa la segunda línea parental, mientras que la tercera se trata de los hijos de éste y de su hermanastro. Dos de los hijos no pudieron ser detenidos en los allanamientos, aunque se indicó que se recolectaron pruebas de interés para la investigación.
La fiscalía solicitó a la jueza la prisión preventiva de ambos acusados fundada tanto en la gravedad del hecho como en la logística desplegada para tratar de dotar de apariencia lícita a los bienes adquiridos con las ganancias obtenidas de las actividades del narcotráfico.
Asimismo, resaltaron el peligro de fuga, dado el poder económico que ostentan Liquitay y Liquitaya. En ese mismo contexto, señalaron la posibilidad de entorpecimiento de pericias y otras medidas probatorias pendientes, la alerta a sus familiares prófugos y la escala penal excesiva para los delitos que les atribuyen.
La jueza dictó la prisión preventiva, y también autorizó las pericias requeridas y calificó el caso como complejo.
Otras imputaciones
El Ministerio Público Fiscal federal indicó que el hallazgo de documentación perteneciente a varios vehículos en los allanamientos fue clave para la investigación, pues había papeles vinculados a dos rodados que fueron usados en dos hechos de transporte de cocaína.
Uno de ellos -por más de 418 kilos de la droga- fue en noviembre último, en el sur de Salta. Es más, en uno de los domicilios allanados en la investigación al Clan Liquitay fue capturado Darío Giménez, quien era buscado por su participación en ese hecho.
Idéntica situación sucedió con Daniel Suárez, quien estaba vinculado a otro caso de transporte de droga, descubierto el 4 de enero, cuando se detuvo al chofer de un camión Mercedes Benz que circulaba de norte a sur, por la ruta 66, a la altura de la finca El Pongo, en Jujuy. En el tanque de combustible se descubrieron 46 kilos de cocaína.
El Área de Casos Complejos de Salta, representada por el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, imputó a Giménez y Liquitaya Choque el delito de transporte de estupefacientes agravado, ya que las pruebas permitieron establecer la participación de ambos en el transporte de 418 kilos de cocaína, por el cual ya hay otros tres acusados.
La acusación fue formalizada ante la jueza Giménez, quien la aceptó y dispuso la prisión preventiva de ambos acusados. El jueves pasado, la magistrada había hecho lo propio, cuando el fiscal Amad presentó la misma acusación en contra de Suárez y Liquitay, en este caso por la participación que tuvieron en el transporte de los 46 kilos de cocaína.
