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La Comisión de Justicia y Paz (CJyP), organismo oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió una declaración sobre el DNU 70 y el proyecto de “ley ómnibus” enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, en la que se advierte que las modificaciones “sustanciales” al conjunto del orden jurídico argentino que se proponen “en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”.
En el documento también se pone en tela de juicio la validez de la consideración de “necesidad y urgencia” argumentada por el Presidente para dar sustento a su iniciativa y se anota, en consonancia con lo afirmado por los obispos argentinos, que “las políticas de Estado solo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos que forman parte del contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto con un sentido inclusivo, republicano y federal”. Se propone a su vez que las modificaciones propuestas sean “suficientemente debatidas” buscando “la construcción de consensos” y “la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado” tal como lo establece la Constitución Nacional.
Respecto del proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (“ley ómnibus”) enviado al Congreso para su consideración y que plantea –entre otros puntos- la delegación de facultades legislativas al PEN por un período que podría cubrir todo su mandato, en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, la Comisión señala que “de aprobarse, se configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República por la afectación del principio fundamental de la división de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.
La CJyP está integrada por laicas y laicos católicos y cuenta con la asesoría del obispo Jorge Lugones, titular del obispado de Lomas de Zamora y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
En la introducción del documento se incluye una cita del papa Francisco acerca del concepto de libertad. “La verdadera libertad no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres”, afirmó Jorge Bergoglio en una audiencia general celebrada en el Vaticano el 20 de octubre de 2021.
Después de señalar que las modificaciones propuestas en el DNU afectan tanto materia económica, como las relaciones laborales y el sistema jubilatorio, contratos entre particulares, privatización de empresas del Estado Nacional, así como normas de protección del consumo interno, entre otras de las setenta temáticas alcanzadas, el documento eclesial sostiene que “toda esta normativa entró de hecho en vigencia en forma inmediata, aun cuando no se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad exigida por el artículo 99, inciso 3° la Constitución Nacional, que prohíbe ‘bajo pena de nulidad absoluta e insanable’, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo”.
En particular respecto de la iniciativa destinada a derogar la Ley de Tierras N° 26.737 “que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros, situación que está profundamente relacionada con la problemática territorial de los Pueblos Indígenas” se anota que la medida “puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos -tal cual señalara ENDEPA- así como amenazar principios de soberanía territorial”.
Se advierte también que el Poder Ejecutivo convocó al Congreso “a sesiones extraordinarias solo hasta el 31 de enero próximo” para considerar “la privatización de todas las empresas públicas; modificar las leyes de Defensa de la Competencia, el Código Penal, el Código Civil y Comercial y las leyes de procedimiento administrativo y de sociedades; derogar la movilidad jubilatoria; establecer un flexible y amplio blanqueo de capitales; determinar una apertura irrestricta de exportación de productos primarios; modifica el régimen de explotación de hidrocarburos, de protección de la tierra y los recursos naturales, derogar la estabilidad de los empleados públicos; modificar la ley de partidos políticos y el régimen electoral, modificar el régimen de discapacidad, solo por citar algunas de las normas alcanzadas en sus 664 artículos”.
Recuerdan además los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, siguiendo lo señalado por los obispos argentinos en diciembre último, que “la conmemoración de los 40 años de recuperación de la democracia constituye también un tiempo propicio para promover la igualdad ciudadana, para renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad”, recalcando además que “es necesario ir a la cultura del encuentro, a partir de la escucha que nos habilita a debatir y superar las diferencias”.
