En el plenario de comisiones que se llevó a cabo este lunes en Diputados expusieron varios representantes del sector cultural para dar su perspectiva sobre el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por Javier Milei. Santiago Mitre, director y guionista de Argentina, 1985 (ganadora del Globo de Oro), compartió su experiencia con el film que ficciona el histórico Juicio a las Juntas: “Pude ver la admiración que genera nuestro país en el mundo. No voy a ser modesto: es una de las cinematografías más respetadas”, dijo, y argumentó que “Argentina es el país con más nominaciones en la región porque hay una Ley de Cine” que fomenta la actividad. Entre las virtudes de la industria destacó la generación de "divisas, trabajo de calidad y valor agregado” y se preguntó ante el auditorio: “¿Por qué queremos destruir eso?”.
Mitre no sólo destacó las grandes producciones sino también las “películas pequeñas hechas con presupuestos acotados que sostienen ese prestigio” como Trenque Lauquen, de Laura Citarella, elegida Mejor Película del Mundo en 2023 por Cahiers du Cinéma. También celebró las ventajas del Incaa como “organismo autárquico, ajeno a los caprichos del poder político de turno” y desmitificó prejuicios sobre los fondos: “No está relacionado con el presupuesto nacional, se autoabastece. El cine no pide plata; pide que se mantenga la ley que permita seguir autofinanciándose”.
Jorge Marrale, presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), comenzó su alocución recordando escenas memorables de El secreto de sus ojos, La historia oficial, Nueve reinas o Argentina, 1985 y alabó la existencia de “una política cultural sostenida por trabajadores, entidades, normas e instituciones” que hoy está "en grave riesgo”. En relación al proyecto, detalló que el artículo 350 del capítulo 2 afectará directamente a la entidad y señaló que "el cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como derecho alimentario por la jurisprudencia argentina; no es un privilegio”. El actor criticó la gestión individual que propone la Ley Ómnibus calificándola como “un canto de sirenas que debilita a creadores e intérpretes” y describió los problemas que sufre el colectivo con “altas tasas de desocupación y trabajo intermitente”. "Una gestión colectiva fuerte empodera a los titulares de derechos”, dijo, y aclaró que estas entidades "no reciben aporte alguno del Estado". También se pronunció en contra del cierre o desfinanciamiento de instituciones como FNA, INT, Enerc, Incaa, Inamu y Conabip. “Estos organismos son parte de la cultura nacional. ¿Qué justificación tiene su eliminación?”, cuestionó.
La productora Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), destacó el “apoyo constante de una política cinematográfica fuerte” y definió a la industria como “una actividad virtuosa" en términos económicos. En relación al proyecto, criticó "el desfinanciamiento de la Ley del Fondo de Fomento que implicaría no poder seguir produciendo", rechazó la intención de “apurar modificaciones” y pidió a los legisladores la oportunidad de discutir en profundidad una nueva Ley de Cine que "tenga sentido para todos".
Desde la Cámara de Productores Audiovisuales de Córdoba (Capac), Antonio Pita aportó datos duros: informó que "el sector audiovisual representa el 5,2% de la economía argentina, mientras que su fomento significa un 0,031% del gasto público” y puntualizó que genera alrededor de 630 mil puestos de trabajo y multiplica cada peso invertido por 7,65. También propuso revisar el artículo 564, que modifica la fuente de financiación del Fondo de Fomento y supone el riesgo de "pérdida de independencia”; el 558, que habilita la discrecionalidad en la conformación del Consejo Asesor; y el 568, que impide que se repitan beneficiarios en un período de dos años y “atenta contra el concepto de industria cultural”. “Nos preocupa que al establecer una dependencia tan grande del Ejecutivo, pueda convertirse en un órgano de propaganda”, advirtió sobre el Instituto.
Gabriel Katz, de la Cámara de Libreros Independientes, sentenció que "suprimir no es mejorar” y, en relación al artículo 60 que pretende derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera que establece el PVP, explicó: “Se desconoce que el precio uniforme garantiza la existencia de un ecosistema del libro amplio y diverso sin ningún costo fiscal, ya que no demanda recursos públicos”. Basándose en la experiencia internacional, alertó que “cuando se suprimen leyes semejantes, los precios de los libros aumentan”, perjudicando tanto a consumidores como al mundo editorial y beneficiando a grandes jugadores. “Suprimir instituciones y leyes fundamentales es un reflejo autoritario y dogmático, un signo de desprecio respecto de la importancia de la cultura y un gesto de ignorancia”.
Mirta Israel, de Unidxs por la Cultura, aludió al Cacerolazo Cultural del miércoles pasado contra el DNU y la Ley Ómnibus "que avasallan los derechos de nuestro pueblo” y explicó que el proyecto pretende cerrar "organismos autofinanciados". Israel habló de "una campaña de engaños del gobierno actual con complicidad de los medios hegemónicos" y se preguntó cuál será la cultura bajo los criterios estéticos y políticos del mercado. "Quieren homogeneizar y controlar el discurso porque saben que el arte independiente integra miradas, aporta al pensamiento crítico, genera deseos de transformación y construye otros mundos posibles". El realizador audiovisual santafesino Gustavo Postiglione también puso el foco en la disputa de sentidos y criticó el acto de asociar el arte y la cultura a cierto "asistencialismo" para desarrollar "un hobby y no una profesión". "La cultura no es un gasto; es una inversión que nos hace libres. Este proyecto intenta bajarle el precio a la cultura para hacerla desaparecer", subrayó, y también brindó su apoyo al colega Adolfo Aristarain, quien "por decir lo que pensaba hoy está metido en un problema legal".
