El mismo día que se conoció una nueva nota amenazante para el gobernador Maximiliano Pullaro, relacionada con medidas en materia de seguridad; ayer se derribaron otros tres puestos de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. El mensaje intimidante al mandatario llegó a las oficinas de Desarrollo Social de Rosario, y es la quinta amenaza en una semana. Esta vez no hacía referencia a las políticas de control y traslado de presos, como se indicó sobre los casos anteriores, sino directamente contra el derribo de búnkeres que comenzó la semana pasada, en el marco de dos órdenes judiciales, a partir de la ley de Narcomenudeo puesta en marcha el 29 de diciembre en la provincia. Dos de los tres puestos de venta de droga fueron atribuidos a Francisco "Fran" Riquelme, el preso de alto perfil investigado por amenazas al gobernador. El restante apunta al detenido apodado "Chucky Monedita".
La semana comenzó ayer con el dato de una nota intimidante que fue encontrada por personal de Desarrollo Social en las oficinas de 27 de Febrero y Alvear. La sospecha es que la nueva amenaza fue dejada en el lugar durante el fin de semana. Se suma a otras cuatro advertencias contra el gobernador, en los últimos siete días. Es que el lunes anterior, el lugar elegido para dejar el mensaje fue la Dirección de Migraciones. A ello se sumaron otros dos mensajes pintados con aerosol sobre el piso de entrada a la escuela técnica N° 466, y en la pared externa del centro de salud de Teniente Agneta al 1400, que apuntaba a que "con los presos no se jode", y la firma "RR". Y el sábado, apareció el mismo escrito en la escuela de Marcos Paz y Campbell, en barrio Belgrano, que fue tapado con una capa de pintura. Las medidas carcelarias generaron reacciones violentas desde diciembre, cuando hubo tres atentados a edificios de la ciudad y en dos ellos dejaron mensajes amenazantes contra Pullaro.
Sin embargo, esta vez el mensaje apuntó a la política de derribo de bunkers, iniciada la semana pasada. En ese contexto, ayer la Provincia procedió a otras tres destrucciones, en el marco de órdenes judiciales por la Ley de Microtráfico, que además tuvo cuestionamientos, publicados ayer en este diario.
"Fran" Riquelme y "Chucky" Monedita
Los operativos de derribo son coordinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, con el Ministerio Público de la Acusación y personal policial, en relación a puestos de venta de drogas. En ese marco, ayer el procedimiento llegó ayer a Necochea y Pasaje Ivanowsky, en la zona conocida como "la U" de barrio Tablada. Según la investigación en curso, ese espacio pertenecía a un narco apodado Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, que se encuentra preso por diferentes delitos. Incluso, se trata de un lugar en cuya zona se conocieron varios homicidios. También se procedió contra un puesto de venta de Felipe Moré al 600 bis que, según la causa que tramita el fiscal Franco Carbone, pertenece al clan del narco Francisco “Fran” Riquelme. En ambos casos, se realizó el derribe y se inutilizaron los inmuebles. Luego, también en inmediaciones de calle Felipe Moré, se procedió a la inutilización del tercer puesto de venta.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló cómo funcionan estos lugares: “Los búnkers tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta. Los elementos probatorios están en la causa. Y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos como búnker para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los bunkers tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, especificó el funcionario.
Además, recordó que para el derribe, “hay una sentencia de la jueza que se ha posado en los elementos probatorios presentados por el fiscal, donde se constató que hay usurpación y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”.
Pereira también indicó que en la previa del operativo hubo un allanamiento en el que surgieron “las pruebas que ha presentado el fiscal en la causa” y recordó que este “es un lugar simbólico, icónico, por la lucha en contra que llevan adelante los vecinos, hace años".
