"Me sacaron sin juez de menores, sin la fiscal, sin juez de control. No me resistí. Les gritábamos por favor que paren porque mis niños estaban durmiendo. Me robaron mi casa, están desarmando todo. Vivo hace 35 años. No usurpé". 

Llorando por la impotencia y la angustia de lo vivido ayer en la mañana, brindó su testimonio Lorena Chiliguay, vecina del barrio Estación de la turística localidad de Tilcara. Ella fue desalojada de su vivienda en un operativo policial ordenado por el juez de Control Marcos Spinassi, quien dio curso al pedido de la fiscal Leila Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de Humahuaca. Rodríguez reemplaza al fiscal Fernando Alancay en la causa por usurpación que inició en enero de 2022 el coordinador de la Unidad del Tren Jujuy, Emiliano Rodríguez.

Además de la violencia propia de un desalojo, ayer la Policía jujeña se llevó a Ricardo Castillo, Agustín Tejerina, Celeste Castillo, Emilce Guerrero, Estela Gallardo y a tres de sus hijos. Uno de ellos se encontraba en Maimará, donde fue retenido por la policía en la dependencia de ese pueblito. Todos fueron liberados alrededor de las 17 y al cierre de esta edición se encontraban en el Hospital de Tilcara para verificar su estado de salud. La abogada Alejandra Cejas, que asiste a las familias, indicó que estas personas no fueron ni detenidas ni demoradas, sino que solo las llevaron para averiguar sus antecedentes. 

Anoche las casas de las familias permanecían bajo custodia policial. La fuerza de seguridad dejó a las familias sin posibilidades de recuperar sus pertenencias. Cuando se la llevaron con la excusa de averiguar sus antecedentes, a Lorena Chiliguay no le dejaron sacar el documento ni documentos de gran valor, como el título de propiedad de su casa. Tampoco la ropa de sus hijos, que fueron retirados con lo puesto por un familiar horas más tarde. En ese lapso y en medio del desamparo evidente, Lorena contó a este diario que un efectivo policial se acercó a una de sus hijas de 17 años,  que permanecía en el interior de su vivienda cuidando de su hermano menor, y la conminó: "Si no te vas, los llevamos a los dos". Por esa razón Lorena denunció que no hubo un defensor de menores que velara por su integridad.

Cejas también destacó que en el operativo no participó un defensor de niños, niñas y adolescentes. "Utilizaron todo el poder del Estado para desalojar. Han cruzado todos los límites", describió. "Ninguna de las familias que desalojaron hoy se encuentran sobre las vías del tren", aseguró la abogada. "Hay una obsesión con sus casas, porque (el gobierno jujeño) quiere construir locales comerciales para el Tren" Turístico, obra que impulsó el exgobernador Gerardo Morales. Cejas dijo que con este fin el gobierno hizo una "falsa denuncia de usurpación el 1 de enero de 2022, cuando son familias que tienen títulos de propiedad y posesión, como el caso de la familia Chiliguay, que compró la propiedad a Ferrocarriles del Estado por las facilidades que otorgaba la ley 24.446", amplió. Esa ley, de 1994, permitió a la empresa estatal vender inmuebles a quienes trabajaban en el ferrocarril. 

Sobre el devenir de la causa que inició el funcionario jujeño contra vecinas y vecinos, Cejas recordó que el Código Procesal Penal de Jujuy otorga un plazo de un año para que se desarrollen las investigaciones y que ese plazo venció el año pasado. "Nunca hubo juicio, no hay condena. Nunca se les permitió (a las familias) estar a derecho, a pesar de que se hicieron todas las presentaciones", aclaró la abogada. "Se hizo una denuncia contra los funcionarios". "Al fiscal Alancay se lo apartó de la causa y también denunciamos al denunciante", el coordinador de la Unidad Tren de Jujuy, recordó.

"Como no pueden elevar la causa a juicio, porque (las personas desalojadas) tienen títulos de propiedad o de posesión veinteñal en trámite en la Agencia de Bienes del Estado, decidieron generar una cautelar en feria para su beneficio", detalló Cejas. "(Estos funcionarios) se victimizan para que los vecinos les devuelvan sus tierras. No son de ellos, sino de los vecinos. Los vecinos no son usurpadores". 

Las familias denunciaban ayer que los efectivos policiales, alrededor de cien llegados desde San Salvador, se encontraban en estado de ebriedad. Incluso la abogada, Alejandra Cejas mencionó esa situación en diálogo con Salta/12. "No podemos denunciarlos porque no podemos idenfiticarlos. Tenían máscaras y barbijos", mencionó.

La prensa que pudo llegar hasta la cuadra de los desalojos en el barrio Estación logró documentar que varias puertas del interior de las viviendas fueron despedazadas por los policías y que las pertenencias estaban diseminadas por el suelo. Otras, en bolsones, estaban dispuestas para ser depositadas en la caja de un camión con destino incierto. Las imágenes documentaron además cuadernos escolares tirados entre escombros.

Un comerciante en la zona de los desalojos, contó ayer a este medio que la policía mantenía rodeado su local. "Te vamos a desalojar pronto", le dijeron, "tenemos la orden". Entre los desalojados estaba el exintendente de Tilcara Ricardo Romero, que finalizaba la construcción de una parrillada en la cuadra de los desalojos.