“En la provincia de Buenos Aires, la UCR necesita una renovación.” La definición pertenece a Claudio Frangul, diputado provincial platense al frente del bloque Acuerdo Cívico, que une a una parte del radicalismo con el GEN. Como líder el grupo de legisladores cercanos a Facundo Manes y que decidió tomar un camino diferente al del espacio que comanda Maximiliano Abad, no acompañó la Ley Fiscal Impositiva enviada por Axel Kicillof y propone “recuperar la identidad del partido”, parado desde la vereda opositora. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional, cuestionando incluso a sus otrora socios en Juntos por el Cambio. 

En el radicalismo hay tensiones sobre cómo avanzar en el tratamiento de la ley ómnibus impulsada por el presidente que se vieron reflejadas en algunas contradicciones discursivas del diputado nacional Rodrigo De Loredo, que coparon la discusión la semana pasada. Al combo se le agregaron las palabras del propio Milei que, sin dar precisiones ni hacer alguna denuncia, acusó a legisladores de buscar “coimas”.

En la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador platense se apartó junto a otros cinco legisladores del bloque mayoritario comandado por Diego Garciarena, un alfil de Abad. En ese camino, Frangul deja en claro que para revitalizar las directrices del partido centenario es necesario apartarse del ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La jugada de Macri y Bullrich de pasarse con Milei desconfiguró a todo JxC”, señala Frangul. "Somos opositores y no tenemos nada que ver con Milei y tampoco con Kicillof", define el diputado que su bien está de acuerdo en "dar gobernabilidad", el radicalismo "debe constituir su identidad".

—¿La UCR perdió su identidad?

—Nosotros conformamos un bloque donde buscamos, fundamentalmente, la recuperación del partido.  Estamos muy lejos de lo que hizo el PRO donde la candidata a presidente y el candidato a vicepresidente se sumaron a los equipos de Milei.

—¿El PRO licuó la identidad del radicalismo?

—Creo que estuvo bien conformar JxC en 2015 por la necesidad de dar alternancia en el gobierno. Pero más allá del PRO, creo que en el último tiempo hubo errores del radicalismo. Creo que debería haber presentado un candidato a Presidente propio. 

—¿Ese candidato a Presidente era Facundo Manes?

—Él era, por decirlo de alguna manera, el más taquillero, pero podría haber otros también. En la provincia nuestro bloque tiene buenas relaciones con él y creemos que es una figura importante, con mucho caudal político propio. Hoy cobra validez lo que Manes hablaba de buscar un camino que él mismo llamaba centro popular. Ni los extremos de Milei ni los extremos del kirchnerismo.

—Desde su sector, ¿buscarán competir en la interna dentro del Comité Provincia?

—Todavía es muy incipiente hablar de eso. Obviamente que el partido necesita una renovación, recuperar la identidad, y en ese sentido habrá que hablar con todos los sectores de UCR, incluidos los intendentes, los cuales tienen un rol muy importante.

—¿Cuál cree que debería ser la postura del radicalismo respecto a la ley ómnibus?

—El radicalismo tiene que plantear los temas con los que está en desacuerdo e intentar modificar la ley en estos puntos. Después hay otros que no se pueden acompañar.

—¿Cuáles?

—La quita de la fórmula de movilidad jubilatoria, las retenciones, las privatizaciones, la reforma política como está planteada. Es un gobierno que legítimamente ganó la elección y lleva adelante sus iniciativas. Pero entiendo que la forma y el fondo de muchas cuestiones de esas iniciativas dejan mucho que desear. Entiendo que el Congreso está funcionando y hay cuestiones básicas que son propias del Congreso, que no se pueden delegar en el Presidente. Si bien el país está con urgencias, la amplitud del DNU no se justifica. La forma es discutir en el Congreso, con un clima que busque mejorar todo lo que se puede y en el marco de otorgar gobernabilidad más allá de las diferencias marcadas que tiene la UCR.

—¿Cuál es el límite entre dar gobernabilidad y resignar convicciones partidarias?

—Hay que ver cómo avanza cada tema. Ver qué cosas se van cambiando o qué cosas se van sacando de la ley. La delegación de facultades yo creo que no se puede acompañar. Igualmente, no sé si el proyecto va a llegar el recinto en estos días, quizás haya que extender extraordinarias para mejorar y discutir mejor la ley. Creo que será lo mejor y no hacerlo con este vértigo.

—¿Cómo tomó las declaraciones de Milei que hizo alusión a legisladores que frenan la aprobación de la Ley en búsqueda de coimas?

—Me genera bronca porque si eso existe lo debería denunciar con nombre y apellido. Si eso existe, cosa que tengo mis dudas, tendría que denunciarlo. Desde el bloque de la UCR hubo una posición en ese sentido: si no lo denuncia, lo hará el mismo bloque. No se puede tirar tiros al aire así.

—¿Cree que responde a una estrategia?

—Yo creo que hay frases grandilocuentes que entran en la sociedad y, por ahí, generan cierta repercusión. Como en su momento fue la motosierra, por ejemplo. Pero me parece que ningún cambio se puede hacer a mil kilómetros por hora. Las cosas hay que hablarlas y analizarlas. 

—El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la demora en aprobar la Ley puede traer medidas más duras para la sociedad. ¿Qué opina al respecto?

—No se qué están pensando, pero es preocupante ese tipo de apreciaciones. Por eso creo que lo mejor es, sobre esta ley que esta sobre la mesa, hacer lo mejor posible. Si no sale, habrá una cuestión sobre la gobernabilidad, porque si recién asume y no saca ley va a generar cierta debilidad en el Gobierno. Pero pensando eso no se puede votar cualquier cosa. El Gobierno puso muchas expectativas en esta Ley y se vienen momentos difíciles. Febrero y marzo tendrán aumentos importantes en tarifas, prepagas, transporte, educación privada. Es una continuidad de cosas que ya veníamos viviendo y que reconoce el propio gobierno.

—¿Percibe que puede aumentar la conflictividad en la calle?

—Obviamente la situación esta complicada, muy difícil. Por eso es importante que las instituciones funcionen, que se arribe a acuerdos mínimos. Y, claramente, tiene que haber cobertura sobre sectores más vulnerables.

—¿Está de acuerdo con el paro convocado por la CGT para el 24 de enero?

—Todos están en su derecho de convocar a manifestarse. Lo que sí, no me parece bien un paro general sobre un Gobierno que recién asume. Es algo muy abrupto, más allá de las medidas que se están tomando. Tuvimos cuatro años con muchos problemas económicos, con inflación alta, y sin ningún paro general.

—¿La inmediatez de la medida no puede estar aparejada a una posible intencionalidad del Gobierno de desvalorizar los ingresos de los trabajadores?

—Sí, bueno, pero pasa que acá se toman medidas que influyen en muchos sectores. Hay que reconocerle al Gobierno que está llevando adelante medidas que anunció y la gente lo terminó acompañando. Por eso me parece muy bien la protesta, y no me parece bien un paro general.

—¿Observó medidas del DNU y la Ley Ómnibus que afecten los intereses de la provincia?

—Sí, como las desregulaciones en la comercialización de medicamentos. En la provincia ese conflicto contó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del funcionamiento de las farmacias y en contra de Farmacity. No se puede dejar todo en manos de la rentabilidad.

—Ese es un punto en el que coincide con Kicillof que suele decir que el mercado no soluciona problemas como la salud y la educación.

—Obviamente el Estado es indispensable. Soy un férreo defensor de Estado en materia de salud, educación y obras públicas. Pero también entiendo que tiene que ser austero. Presente pero austero. Es fundamental que el Estado llegue a todos lados en un momento tan difícil.

—¿A qué se refiere con austeridad?

—La gran cantidad de funcionarios que tiene el gobierno provincial está totalmente sobredimensionada. Un gobierno que recibió una planta de 700 funcionarios políticos y la llevó a 1800. Una cosa es que el Estado llegue a todos lados y otra distintas sumar funcionarios. Si tiene que haber más médicos, policías, y docentes, pero no más cargos políticos.