El Gobierno no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la Confederación General del Trabajo en contra del mega DNU y la ley ómnibus del presidente ultraderechista Javier Milei. Un paro al que también convocan las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma), el sindicalismo combativo identificado con los partidos de izquierda, los movimientos sociales, sectores de pequeños empresarios y partidos políticos.
"Estamos analizando como una posibilidad", admitió el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el descuento a los estatales que paren. “Veremos el 24”, respondió el triunviro cegetista Héctor Daer frente a la nueva amenaza del Gobierno luego de exponer ante el plenario de diputados en contra de la ley y el decreto presidencial. “No nos va a poder disolver por decreto ni amansar por intimidación. Aunque nos digan que no, la estamos viendo. Es en la calle y no nos vamos a detener”, señaló el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar en la jornada nacional que el gremio estatal realizó este lunes en todo el país contra los despidos y las medidas que quiere imponer el Gobierno.
Alineado con la política represiva del Gobierno, Adorni no dudó en responder la pregunta durante su habitual rueda de prensa en Casa Rosada. "Lo estamos analizando como una posibilidad cierta", expresó sobre el descuento a los estatales que paren el 24 a partir de las 12 horas. El vocero también reiteró que quiere que el mega paquete de la ley de "Bases" sea aprobado "lo antes posible por el bien de todos" y aclaró que ese propósito es "independientemente de la fecha del paro", aunque las amenazas de Milei contra los legisladores buscan apurar el trámite legislativo en la Cámara baja para restarle fuerzas a la resistencia sindical.
Paro ratificado
Pero las centrales sindicales volvieron a rechazar el amedrentamiento. Frente al plenario de comisiones de Diputados, Daer ratificó el paro del 24E y apuntó contra la mega ley: “No ataca privilegios sino a los derechos colectivos”, afirmó el triunviro de la CGT. “La ley ómnibus se fundamenta en falacias planteando que en la Argentina todo es un aquelarre en todos los aspectos de nuestra vida, sociedad y administración del Estado”, insistió Daer y agregó: “Con las privatizaciones se plantea enajenar el desarrollo de la Argentina, eliminar la fórmula provisional, que va de atrás, pero garantiza una actualización y se habla de entregar los mares”.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, que cuestionó el DNU 70/2023 y la ley ómnibus: “Ambos tienen el más grave de los delitos infames que es la suma del poder público, que es una traición a la patria”. Remarcó que “rechazamos de plano” ambas medidas y agregó que “no hay libertad sino hay democracia y soberanía, pero hay libertad para algunas empresas que quieren arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.
En tanto la CTA-T expresó en un comunicado “el rechazo a las amenazas del Ministerio de Seguridad”, ante la intimación de pago de multas por la movilización que realizaron frente al Palacio de Justicia para respaldar el amparo contra el capítulo laboral del mega DNU, que la Justicia Laboral concedió ante el pedido de la CGT y CTA. ”Pretende disfrazar bajo la excusa de un ‘pago solidario’ lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y que pretende vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta”, dice el comunicado firmado por su secretario general Hugo Yasky.
Allí le recuerdan a la ministra Bullrich que de acuerdo a la Constitución “los habitantes de la Nación Argentina, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”, al tiempo que llama a la reflexión al Gobierno “para que cese en su conducta discriminatoria y anti sindical hacia la CTA y el resto de las organizaciones sindicales y por consiguiente, hacia los trabajadores y trabajadoras que cada una de ellas representan, un hecho que se hace visible a través de medidas persecutorias absurdas como las cartas documento que fueron enviadas a todas ellas”.
En las calles
En tanto, ATE celebró en las calles el aniversario de la organización con protestas contra el DNU y la ley ómnibus. “Hoy ATE cumple 99 años. El Gobierno tiene que saber que no nos va a poder disolver por decreto ni amansar por intimidación”, señaló Aguiar. “Desde el Gobierno nos dicen ‘no la ven’, y nosotros creemos que sí, la estamos viendo, es en la calle y no nos vamos a detener. Vamos a profundizar nuestro plan de lucha hasta recuperar todos nuestros derechos”, disparó en referencia a los dichos del Presidente Milei.
La jornada de protesta se extendió a diferentes ciudades en demanda de la “reincorporación de todos los cesanteados sin justa causa de los estatales despedidos”, la reapertura de paritarias y en contra del protocolo antipiquetes. “Si juntamos el mega DNU y la Ley Ómnibus, no vamos a encontrar una sola medida en favor de los trabajadores, los sectores populares y los jubilados. Sólo se intenta beneficiar a 4 o 5 grupos económicos. Quieren subastar la Argentina al mejor postor”, indicó el dirigente en el acto frente al Centro Cultural Kirchner (CCK).
En tanto, la UTEP convocó para hoy a una “Jornada Nacional de Asambleas contra el DNU y la Ley Ómnibus”. La convocatoria para todo el país tendrá epicentro a las 11en el Ministerio de Capital Humano, “para debatir y reforzar la convocatoria al paro". Entre las principales preocupaciones de la UTEP está que no se están recibiendo alimentos en los comedores comunitarios y son cada vez más las familias que asisten a estos espacios y el anuncio del congelamiento del Salario Social Complementario de la economía popular (Potenciar Trabajo) en un contexto de escalada de precios sobre todo en alimentos, y el freno en las obras de integración en los barrios populares.