El Gobierno se prepara a dar de baja más de 150.000 planes de sociales por presuntas irregularidades, según una versión periodista que trascendió ayer y que el ministerio de Capital Humano no confirmó ni desmintió. Las bajas serían resultado de la investigación que se haya en curso desde el año pasado, impulsada por la administración de Alberto Fernández y a cargo de la fiscalía de Guillermo Marijuan. Los beneficiarios que perderían el acceso a los planes del Potenciar Trabajo serían personas que viajaron al exterior, una de las incompatibilidades de la asignación.
El resultado es producto de un cruce de datos entre los beneficiarios del Plan Potenciar y la Dirección Nacional de Migraciones, según el cual habría unos 150 mil beneficiarios con salidas al exterior del país a través de distintos medios de trasporte. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el tema fue discutido y las organizaciones que representan a los beneficiarios sostenían que los ingresos y egresos del país eran casos aislados, debido a actividades especiales en las que debían participar y además que muchos de ellos vivían en lugares fronterizos por lo cual eran obvias las razones de salida e ingresos del país.
El 30 de diciembre último, el Gobierno suspendió el pago a 4.588 titulares del Potenciar Trabajo tras una una auditoría en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. También en el marco de la investigación de Marijuan, en aquel momento las bajas se produjeron porque los beneficiarios, en simultaneo, eran trabajadores de alguna oficina estatal. El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, advirtió en ese momento que se analizaban 160 mil casos supuestas irregularidades y confirmó el inicio de una auditoría "en todos los planes Potenciar Trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta".
