"La legisladora Emilia Orozco se refirió de manera errónea a una causa judicial tramitada en la justicia provincial y donde se encuentran con condena los autores materiales e intelectuales", aseguró el Ministerio Público Fiscal de Salta ayer en un comunicado en el que señaló la intención del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, de "realizar aclaraciones" ante los dichos de la diputada nacional de La Libertad Avanza sobre el crimen de la pequeña productora rural Liliana Ledesma.
La semana pasada, en el marco del plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que viene analizando la ley ómnibus impulsada por el gobierno nacional, al hablar del narcotráfico y la permeabilidad de la extensa frontera internacional que tiene la provincia, Orozco, que es diputada por Salta, dijo que el asesinato de Liliana Ledesma, cometido el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza, está "aún sin resolver". En un discurso un tanto confuso, la legisladora añadió otras consideraciones sobre la trata de personas. Y denunció el avance del crimen organizado en la provincia.
En respuesta, García Castiella resaltó la "política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y todas las consecuencias que produciría en el territorio provincial", se indicó en el escrito difundido ayer. En tal sentido, se recordó que se realizaron acciones concretas como la creación de la Unidad Especial de Investigación para Orán y Tartagal y la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.
La comunicación de la Procuración General empezó aclarando que la violenta muerte de Ledesma, asesinada a cuchilladas luego de que denunciara el cierre de caminos vecinales para dejar una zona liberada, "fue calificada como delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, descartando que se tratara de una situación de trata de personas, como afirmó en el plenario la legisladora por La Libertad Avanza".
También recordó que se realizaron dos juicios orales por este crimen. En 2010 fueron condenadas a prisión perpetua cuatro personas en calidad de autoras materiales del hecho: María Gabriela Aparicio, Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno (hoy prófugo) y a Casimiro “Nene” Torres. En ese mismo sentencia fueron condenadas otras dos personas por encubrimiento, Patricia Guerra, a diez años de prisión, y Juan Moreno, a cuatro años de prisión efectiva.
El segundo juicio se hizo, "luego de varias postergaciones"a, en septiembre de 2023 y en noviembre los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo fueron condenados a prisión perpetua "como autores intelectuales del crimen".
Siguiendo con las acciones "necesarias para evitar que la narcocriminalidad se instale en la zona norte de la provincia y produzca consecuencias negativas en la sociedad", el Ministerio Público Fiscal recordó que se realiza "un trabajo continuo, intensivo y con reconocida valentía por parte de los y las fiscales intervinientes, y se produjeron importantes avances, como lo fue la detención de Cristian “El Gringo” Palavecino", que estaba prófugo y fue detenido e imputado por diversos hechos ilícitos vinculados al crimen organizado en la zona de frontera. Además, "se encuentran privados de la libertad la mayor cantidad de los hasta ahora visibilizados y sospechados de algún grado de pertenencia al crimen organizado", afirmó.
En el marco de esa política de persecución del crimen organizado, el MPF también destacó la labor de las unidades de Delitos Económicos y la UFINAR "para desmantelar la red de corrupción carcelaria; punto sensible si los hay, para la lucha contra el narcotráfico y las cárceles".
"Otra tarea prioritaria que se cumple es lograr la recaptura de Lino Ademar Moreno, acusado de ser el autor material del homicidio de Liliana Ledesma, quien se encuentra prófugo desde el pasado mes de julio, cuando no regresó a la unidad carcelaria luego de una salida transitoria", recordó. Y en esa misma línea, señaló que el 28 de septiembre último el procurador general "acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Edgardo Laurenci por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Lino Ademar Moreno, solicitando su destitución".
Tras esas aclaraciones, la Procuración General saludó "la preocupación de todos los sectores de la sociedad civil y el arco político en general, en la visibilización y puesta en práctica de todas las medidas y acciones que resulten necesarias para impedir el avance del crimen organizado", pero afirmó que este esfuerzo "debe estar enraizado en una lógica de interés común y núcleo básico de coincidencias, y disgregado por tanto de la agonalidad discursiva, más aun cuando se esgrimen argumentos imprecisos".
Una vez que el comunicado del Ministerio Público Fiscal comenzó a ser replicado, la diputada Emilia Orozco hizo una transmisión en sus redes en el que reconoció que pudo haber incurrido en "una falta de claridad" y aseguró que asume su responsabilidad por ello. Sin embargo, insistió en que hubo un sobredimensionamiento de esta falta de claridad y que eso estuvo basado en que "Los temas que toqué no tengo dudas que han incomodado a un sector del poder político", aseguró.
E insistió en que sus dichos intentaban mostrar que detrás del crimen de Ledesma estaba el narcotráfico. Dijo que lo que intentó decir en el plenario es que Salta tiene 750 kilómetros de frontera "absolutamente permeable para tres delitos": el comercio ilegal, la trata de personas y narcotráfico. "El crimen organizado está avanzando y cooptando la provincia", afirmó. Dijo que tiene claro que el crimen de Ledesma fue "a causa del narcotráfico y es un ajuste de cuentas". También insistió en que la gente no se atreve a denunciar hechos de narcotráfico por temor, porque "no hay un acompañamiento de la justicia y porque no hay un acompañamiento del poder político que niega una realidad que ya nos está sobrepasando".
En ese contexto, ratificó que "hay muchos casos que aún están sin resolver, y lo digo y lo repito, por tráfico de influencias y porque el poder político seguramente está detrás apañando para que algunas cuestiones no avancen", sostuvo.
