En el marco de la crisis económica nacional que licuó los salarios devaluados de todos los trabajadores, La Rioja, una de las provincias que más depende de la coparticipación federal, y con un gobernador crítico con las medidas tomadas por el oficialismo, reclama legalmente miles de millones adeudados por Nación.
Mientras tanto el supuesto de que "los salarios riojanos no alcanzan porque el gobernador malgasta los recursos" esbozado por Martín Menem y el mismísimo presidente Javier Milei, cual si la situación económica del último mes no tuviese incidencia en los bolsillos de todos los trabajadores, incluidos los riojanos, provocó que varias personas salieron a aclarar la realidad de la situación de desfinanciación progresiva que vienen padeciendo las provincias, y particularmente La Rioja mientras el Gobierno Nacional niega su existencia.
Según publicó Claudia Ortiz, administradora de A.P.O.S., la obra social del Estado riojano, no solo La Rioja perdió un punto de coparticipación en 1988, el cual se viene compensando a través de Fondos del Tesoro Nacional "con partidas fijas y discrecionales que no llegan a representar lo perdido", sino que explica que en los últimos cuatro años, La Rioja ha enfrentado una creciente deuda por parte del Gobierno Nacional que asciende a la cifra de $302.885.329.348,84. Este monto representa el 1% de la masa de recursos, descontando los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A diferencia de otros recursos, el impuesto a las ganancias forma parte de la masa coparticipable, y la reciente reforma liderada por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, modificó la distribución, llevándola del 64% al 100%.
La última reforma en ganancias contempló la suba del mínimo no imponible, una medida destinada a aliviar la carga fiscal de un considerable grupo de trabajadores ante el complejo contexto económico. El gobernador Ricardo Quintela acompañó dicho acuerdo, considerándolo una forma de mitigar las presiones financieras en la provincia. Sin embargo, estos cambios han llevado a que la Nación se apropie de mayores porcentajes en detrimento de las provincias, generando un desequilibrio preocupante.
La coparticipación federal de impuestos, establecida en 1994, ha sido un sistema sujeto a constantes modificaciones. Desde 1988, la distribución del total recaudado contemplaba que la Nación se quedara con el 42,34%, las provincias con el 56,66%, y el restante 1% se destinara a desequilibrios y otros conceptos. Sin embargo, las veinte modificaciones al régimen han reducido significativamente el porcentaje que las provincias deberían recibir, generando inestabilidad y obligándolas a negociaciones permanentes.
Más del 80% de los ingresos de siete provincias provienen de fondos nacionales, mientras que otras seis reciben entre el doble y cinco veces lo que recaudan, evidenciando desigualdades regionales.
El sistema de coparticipación, tal como está concebido, carece de criterios demográficos o de extensión territorial para el reparto de recursos entre las provincias. La dependencia de algunas provincias de los ingresos del Gobierno central es evidente, llegando al 90,9% en el caso de La Rioja. Otras jurisdicciones como Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy y Chaco también superan el 80%. Estas cifras evidencian la vulnerabilidad financiera de varias provincias, resaltando la necesidad de una redistribución más equitativa de los recursos.
El gobernador de La Rioja señaló la urgencia de una nueva ley que contemple indicadores federales, considerando factores como la distancia respecto a Buenos Aires. Si bien La Rioja es una de las provincias más beneficiadas en relación de coparticipación federal per cápita, la realidad es que de las provincias con bajos ingresos y baja densidad, Catamarca fue la más beneficiada con aproximadamente $521.000, considerablemente por encima del promedio.
En conclusión, La Rioja no solo dejó de recibir los fondos discrecionales, sino que la devaluación del último mes agrava la situación financiera de la provincia, sumado a la actitud que tiene el presidente respecto al gobernador que denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el DNU que considera inconstitucional, reflejando en esta situación, no solo una deuda abrumadora, sino también desigualdades en la coparticipación que amenazan el federalismo argentino. La urgente necesidad de una nueva ley que contemple indicadores federales y establezca una distribución equitativa de recursos, se presenta como una medida esencial para revertir el retroceso económico e institucional que enfrentan las provincias.
