La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó el tiroteo ocurrido este domingo en una toma de tierras en González Catán, de la que participan personas de distintas nacionalidades, para volver a la carga con la política anti-inmigración del macrismo, que proponía expulsar del país a los extranjeros que no tuvieran residencia y que cometieran delitos.
"En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó este lunes la funcionaria en una entrevista radial.
“El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, insistió Bullrich, quien aprovechó para criticar a la gestión de Kicillof al señalar que "la permisividad permanente que existe en la Provincia respecto a las usurpaciones generan un clima en el que las personas creen que pueden tomar un terreno sin consecuencias".
La idea de expulsar extranjeros -sin siquiera importar los años de residencia o si tienen en el país a su grupo familiar- viene creciendo con fuerza en el Gobierno. Ya la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos sostuvo a través de sus redes sociales que "los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso".
El funcionario, además, agregó que el Gobierno está "extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales".
Esta política había sido instalada durante el macrismo, mediante el decreto 70/2017, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad, que permitía "agilizar la expulsión de los extranjeros que cometen delitos".
Decreto 70/2017
El DNU de Macri, publicado el 30 de enero de 2017 y criticado por distintas organizaciones de derechos humanos, modificaba la Ley de Migraciones (25871) para establecer mecanismos que permitieran expulsar del país en forma inmediata a extranjeros y extranjeras ligados a cualquier proceso penal, sin importar las características, ni el tipo de infracción, ni las penas, si había condena o no, si la persona tenía residencia definitiva, si toda su familia estaba arraigada en el país, si tenía trabajo, hijes menores u otras personas a cargo. Aquella disposición autorizaba también la deportación por faltas administrativas en el trámite migratorio.
Hubo cerca de 3000 expulsiones por año durante el gobierno de Cambiemos. De 1760 expulsiones en 2014 y 1908 en 2015, se saltó a 5110 en 2018 y en 2019 fueron 4111 en virtud del decreto 70/17.
Lo que quedó a la vista, en el período macrista, es que quienes ingresaban en un proceso de expulsión tenían prácticamente impedido acceder a asistencia y defensa legal, no había garantía de control sobre los actos administrativos, ni respeto del derecho de reunificación familiar ni contemplación de razones humanitarias. El problema no eran los "narcotraficantes" ni autores de graves delitos: los expulsados eran las personas en situación de mayor vulnerabilidad, las "mulas" y los tenedores de poca cantidad de droga.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió derogar el decreto, al señalar que había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Al justificar la derogación, Fernández también remarcó que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
