Dos homicidios con pocas horas de diferencia sacudieron a Rosario. El primero se dio el lunes por la noche, cuando dos personas a bordo de una moto dispararon contra una gomería de la zona oeste, hiriendo de muerte a un hombre de 55 años que estaba frente al local. Los atacantes dejaron en el lugar una nueva nota que hace mención al gobernador Maximiliano Pullaro, la sexta amenaza que recibe. Cerca de la medianoche, los vecinos de Villa Manuelita, en el sudeste de la ciudad, encontraron el cadáver de un hombre en una zanja del barrio. Los casos se dan en medio de la decisión del gobierno provincial de derribar los bunkers de venta de droga en la ciudad, tras la aprobación de la Ley de Narcomenudeo. Pero los procedimientos tuvieron sus inconvenientes y dos personas quedaron detenidas, en distintos casos, por amenazas contra los operarios que se acercan a demoler el lugar. “Todo indica que el llamado de atención hoy es colocar en un cartel la palabra Pullaro”, evaluó el secretario de Seguridad, Omar Pereira, sobre las amenazas. 

El primero asesinato ocurrió pasadas las 20 horas, en una gomería ubicada en bulevar Seguí al 3400. Según el relato de los testigos, dos personas que circulaban en moto dispararon contra la fachada del lugar. Un hombre de 55 años, identificado como Ramón de la Cruz Navarro, que aguardaba por un arreglo en una de las cubiertas de su vehículo, recibió tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde falleció a los pocos minutos de su ingreso. En el lugar la policía encontró una nota donde se menciona a Pullaro y que se suma a una serie de amenazas y mensajes con tono intimidatorio contra el gobernador santafesino desde el inicio de su gestión.

Un dato llamativo es que la misma gomería había sido blanco de un ataque similar en noviembre pasado. En aquella oportunidad, un comerciante de 70 años resultó herido de arma de fuego en una de sus piernas, producto de una discusión entre un cliente de la gomería, y un conocido que se acercó al lugar a increparlo.

Apenas unas horas después, cerca de la medianoche, los vecinos de Villa Manuelita denunciaron al 911 la aparición de un cadáver en una zanja del barrio, en Schmild y pasaje Spiro. Las primeras informaciones daban cuenta de un cuerpo con signos de violencia y en estado de descomposición, lo que aventuraba la hipótesis de que el crimen se haya cometido en otro lugar. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para tratar de identificar las causas del deceso.

Este martes, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, se refirió a las reiteradas amenazas contra el gobernador y aseguró que se trata de una “reacción lógica” a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad. “Esperábamos estas reacciones. Evidentemente han optado por llamar la atención a través de balaceras a espacios públicos, a escuelas, a centros de salud. O como anoche, en un hecho que podría tratarse de ajuste entre bandas”, expresó en declaraciones a Radio 2. “Todo indica que el llamado de atención hoy es colocar en un cartel la palabra Pullaro”, agregó.

Desde el inicio de la gestión ya son varios los casos de balaceras, ataques o pintadas en lugares públicos donde se dejan mensajes que hacen alusión a la figura del gobernador. Este lunes fueron dos. A la nota dejada en el homicidio frente a la gomería se le suma un mensaje encontrado durante las primeras horas de la mañana en las oficinas que tiene Desarrollo Social en 27 de febrero y Alvear. Según trascendió, el mensaje estaba dirigido a la política de derribo de bunkers dispuesta por el gobierno provincial. Al respecto, Pereira sostuvo que se deben investigar “con el mismo rigor” todos los casos. “Todo arranca desde la variable máxima y después en la investigación hay un montón de detalles”, explicó.

Búnkeres abajo

Este lunes el Ministerio de Seguridad finalizó con la demolición de los primeros cinco inmuebles señalizados como punto de venta de drogas, que habían sido previamente autorizados por la jueza Silvia Castelli. “La medida de derribo no puede esperar”, sostuvo en la resolución, tras el pedido realizado por el fiscal Franco Carbone. Fue la primera medida del estilo que se puso en marcha luego de que la Legislatura aprobara la Ley de Narcomenudeo, impulsada por el oficialismo, que da competencia a la justicia provincial para involucrarse en las investigaciones y avanzar en el desmantelamiento de los puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades.

Pero los operativos tuvieron sus inconvenientes. El viernes pasado, cuando los operarios avanzaban con la demolición de una casa en Ayacucho y Uriburu, una mujer se presentó en el lugar y amenazó a los trabajadores. Se trata de Leila Schmitt, una joven cercana a la banda narcocriminal comandada por Alan Funes. Este lunes, el fiscal Aníbal Vescovo la imputó por amenazas simples, resistencia y desobediencia a la autoridad, quedando en libertad bajo el pago de una fianza.

Leila Schmitt también es hija de Juan Carlos Schmitt, el mecánico que en 2016 atropelló y mató al cadete Damián Orgaz, de 26 años, mientras probaba un Audi TT a 130 kilómetros por hora en Barrio Belgrano, al noroeste de la ciudad. El hombre fue condenado a 9 años de prisión y en junio de 2023 obtuvo la libertad condicional.

Las amenazas registradas contra los operarios provinciales en Ayacucho y Uriburu no fueron las únicas. Este lunes, en uno de los procedimientos de demolición llevado adelante en Felipe Moré al 600 bis, se dio una situación similar. Durante el operativo quedó detenido un hombre de 34 años, sindicado como integrante de la banda de Francisco Riquelme, que opera en la zona norte de la ciudad y a quien se lo vincula con Esteban Alvarado, detenido en el penal de Ezeiza.

Según explicó Pereira, al momento de realizar el allanamiento del inmueble, días antes de proceder a su demolición, el hombre se encontraba en la casa sin poder justificar la tenencia legal del inmueble, por lo que se consideró que estaba “usurpando” el lugar. “Volvimos a encontrarlo ayer al momento de hacer el procedimiento y tuvo algunas actitudes en relación a los policías y las personas que estaban a sus alrededores. Así que el fiscal dispuso su prisión preventiva”, explicó el secretario de Seguridad Pública.

 

En ese marco, el funcionario sostuvo que hay “muchos búnkeres identificados” desde hace tiempo, en base a denuncias y llamados al 911, que durante muchos años quedaron sin investigar. “Ahora empezamos a trabajar con la justicia provincial sobre aquellos que tenemos certeza. Y con estos cinco que presentó el fiscal Carbone donde había una serie de elementos probatorios relacionados con allanamientos, balaceras y hasta homicidios en algunos de ellos”, detalló.