El proyecto anunciado por el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya generó cuestionamientos y rechazos en la provincia. Las voces en contra de la iniciativa -que también fue tema durante el macrismo- se levantaron por parte de representantes del poder Legislativo, del ámbito del derecho, y de especialistas en materia de justicia penal juvenil, en pos del cuidado de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre los planteos y argumentos aparece con fuerza el dato sobre lo "insignificante" en relación a delitos atribuidos a menores de 16 años. Apuntan a que se trata de una cuestión "netamente punitivista" y "de marketing". Y aseguran que se busca criminalizar a un sector al que se le deben dar respuestas a partir de políticas sociales.

El abogado especialista en la temática, miembro de la organización Causa, Guillermo Campana, dijo a este diario que "lo que se plantea es una tema recurrente en la agenda política. La diferencia en este caso viene de la mano de que no esperaron que se sucediera un hecho en relación a esto, sino que lo lanzaron como una cuestión que este gobierno va a intentar impulsar; otra diferencia es que esta vez no se recurrió a eufemismos, no se planteó que se debe generar una reforma para mejorar las garantías procesales y penales (que denomina ideologías retrogarantistas) en relación a este grupo etario en conflicto con la ley penal, sino que se plantea que debe haber sanciones; es decir, desde un punto de vista netamente punitivista. Se busca perseguir todos los delitos, desde una idea peligrosista que se desentiende del contexto social, las causas económicas y culturales". 

Para Campana, "esto no es extraño a lo que impulsa este gobierno, sino que viene a reforzar la idea de que este Estado es solo un gendarme, un estado penal que debe limitar sus funciones al control social duro y desentenderse de las políticas sociales. Es una cuestión que va en contra de la Constitución, tratados internacionales que plantean el principio de no regresividad, que no se puede retroceder en cuanto a derechos consolidados. Por lo tanto, esta iniciativa implicaría una violación flagrante, que debería ser anulada". Además, el letrado planteó que "cada vez que hay situaciones de crisis económicas y asumen gobiernos que adulan el mercado y tienden a defender a los sectores más poderosos y concentrados, también vienen de la mano de propuestas punitivistas que son demagógicas e intentan colocar en cabeza de determinados sectores de la población los males y peligros que engendra la propia sociedad".

Por ello, sostuvo que "desde las organizaciones populares comprometidas con los derechos humanos tenemos la obligación de salir a denunciar la hipocresía y cobardía que se esconde detrás de estas propuestas, además de luchar y resistir para evitar estos retrocesos significativos en la vida de los jóvenes y que de ninguna manera vienen a resolver el problema que se pretende atacar. Está comprobado que no es a través de herramientas punitivistas que se pueden resolver los problemas sociales".

La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, a cargo del juzgado de Menores N° 4 de Rosario, aseguró en radio Nacional Rosario Fontanarrosa que "los chicos que cometen delitos son chicos con una altísima vulnerabilidad social", planteó. “Es una medida inconducente para el objetivo de seguridad ciudadana. Los delitos atribuidos a personas menores de 16 años en las estadísticas generales son prácticamente insignificantes”, aseguró la magistrada, que ya salió en otras oportunidades a manifestar cuestionamientos sobre la baja de la edad de imputabilidad. En ese sentido, señaló que este tipo de planteos “están fuertemente impregnados de teorías criminológicas del siglo XIX”, y explicó que el abordaje estatal debe realizarse “no con el castigo, sino con estrategias de políticas públicas que tengan que ver con la promoción de derechos”. 

Por su parte, la abogada Matilde Bruera, quien fue diputada provincial y defensora pública, aseguró que "es muy preocupante que se vuelva a discutir esto. Tuve la oportunidad en 2019 de ir a la comisión de legislación penal de diputados de la Nación justamente a discutir este tema, porque ya había proyectos para reformar una ley penal juvenil, que sí es necesaria porque hay que adaptarse a los estándares internacionales. Pero siempre contrabandean esto de bajar la edad de imputabilidad, cuestión que en realidad no tiene ninguna incidencia en la inseguridad, pero sí en el marketing, porque con esto hacen como que se hace política de mano dura en relación a la seguridad", dijo en LT8. Y detalló: "La intervención de los niños, niñas y adolescentes en delitos graves es casi intrascendente. Por empezar hay muy pocas estadísticas y los menores de 16 años rondan entre un 3,8 por ciento de incidencia en delitos graves; pero menores de esa edad, rondan entre el 1 y el 2 por ciento. La mayoría de los casos tienen que ver con delitos menores".

La abogada dio otro dato preocupante. "Es gravísimo, porque los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema penal son todos pobres. No hay más que concluir que como el Estado no viene dando políticas sociales para esos niños, con educación, formación, entonces los criminaliza. No solo son víctimas de las políticas económicas, sino que además, cuando rondan el delito es porque son víctimas en esos ámbitos". Para dar un ejemplo, recordó que "cuando era defensora de los Tribunales Federales, hicimos estos planteos y hubo fiscales que acogieron declarar a los niños explotados en los bunkers como víctimas y tomarlos como tal, no como infractor penal".

 

Por su parte, la diputada provincial Lionella Cattalini dio su opinión en la red social X: "Nos oponemos a la criminalización de los jóvenes. El planteo del gobierno nacional es una respuesta mediática poco original que no resuelve el problema de fondo". Y detalló que según un informe de Unicef Argentina, la trayectoria de los jóvenes privados de su libertad está marcada por una vulneración de derechos previa al encierro que no fue resuelta por el sistema actual. Ejemplo: 3 de cada 10 habían vivido en la calle antes de ser apresados; y el 50% no estaba yendo a la escuela al momento ser detenido", cuestionó.